Noticias jurídicas

Desde esta sección le mantendremos informado de todas aquellas resoluciones judiciales de especial trascendencia 

El TSJ de Asturias reconoce "relación laboral" entre una conocida empresa de reparto a domicilio y uno de sus repartidores (Thu, 01 Aug 2019)
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha desestimado el recurso presentado por una conocida empresa de reparto a domicilio y ha confirmado íntegramente la sentencia de instancia que había establecido la relación laboral entre dicha empresa y uno de sus trabajadores, que son conocidos por entregar comida y otros pedidos en ciclomotor o bicicleta y en un breve espacio de tiempo. A juicio de los magistrados, concurrentes las notas de voluntariedad y prestación de servicios "intuitu personae" por parte del demandante, y presentes también las de dependencia y ajenidad que caracterizan la relación laboral, "de conformidad con lo establecido en los artículos 1.1 y 8.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, dado que el trabajo del demandante se incardina dentro del ámbito de organización y dirección de la empresa demandada, debe concluirse la existencia de una relación laboral entre las partes como ha declarado la sentencia de instancia". Según desarrollan en esta sentencia, que no es firme, y contra la que cabe recurso de casación para la unificación de doctrina, es "impensable" que el actor pudiera desempeñar su trabajo transportando comidas entre los restaurantes y sus eventuales clientes, en calidad de trabajador autónomo, al margen de la plataforma, " ya que el éxito de este tipo de plataformas se debe, precisamente, al soporte técnico proporcionado por las TIC que emplean para su desarrollo y a la explotación de una marca", que como añaden los magistrados "se publicita en redes sociales a través de buscadores tipo google, sitio al que acuden los clientes cuando necesitan la compra y entrega de comida y el resto de productos que la demandada suministra".
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La Audiencia de Sevilla condena a 4 años y medio de cárcel al ex administrador del futbolista Joaquín por apropiarse de 781.736 euros (Fri, 26 Jul 2019)
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 4 años y medio de cárcel al ex administrador del futbolista Joaquín por apropiarse de 781.736,62 euros entre los años 2004 y 2007 tras encomendarle éste la gestión de su patrimonio, todo ello tras el juicio celebrado los días 7, 11 y 19 de marzo y 9, 10 y 12 de abril del presente año 2019. En la sentencia notificada este viernes a las partes personadas en el procedimiento, el tribunal condena al acusado por un delito continuado de apropiación indebida con la atenuante de dilaciones indebidas a 4 años y medio de prisión y el pago de una multa de 4.950 euros, mientras que en concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar con 255.900,93 euros al futbolista y con 525.835,69 euros a una sociedad de la que era administrador y socio único este último, equivalentes dichas cantidades al importe del perjuicio causado por las disposiciones de efectivo cuyo importe ha destinado a fines “no autorizados” por el querellante. Asimismo, la Sección Tercera de la Audiencia condena a la esposa del investigado en el momento de los hechos, como partícipe a título lucrativo, a que conjunta y solidariamente con el acusado indemnice con las cantidades anteriormente mencionadas tanto al jugador del Real Betis como a dicha sociedad. El tribunal considera probado que, desde finales de 2003 y hasta febrero de 2007, el futbolista mantuvo una “estrecha” relación de amistad con el acusado, “en quien depositó una absoluta confianza” y le encomendó la gestión de sus negocios y asuntos, “tanto personales como profesionales”, acordando otorgarle a cambio unos honorarios de 3.000 euros mensuales. A tal fin, el jugador otorgó en nombre propio y en el de la entidad que administraba tres poderes notariales a favor del condenado, mientras que, “con la misma finalidad de facilitar la gestión de sus asuntos y a petición expresa del acusado”, Joaquín abrió dos cuentas bancarias a nombre suyo y de su sociedad, respectivamente, autorizando en ellas al encausado desde el 3 de noviembre de 2004 hasta el 15 de octubre de 2007. “Aparte del acusado y de Joaquín nadie más podía disponer de los fondos de las cuentas bancarias” mencionadas, asevera el tribunal, que precisa que, durante el tiempo en el que duraron estas relaciones entre 2003 y 2007, el acusado “hizo un uso asiduo de los poderes y facultades conferidos, ejercitó la gestión de los asuntos de Joaquín que había asumido, intervino en numerosos actos y contratos, en la gestión bancaria de gastos y operaciones comerciales de éste y su familia, ordenó transferencias, disposiciones de efectivo, y libró pagarés o cheques contra otras cuentas de Joaquín o de terceros”. Según la Audiencia, el acusado llevó a cabo todo lo anterior “valiéndose de la confianza” que el futbolista “le depositó, sin que durante este tiempo Joaquín le exigiera rendición de cuentas, ni entrega de recibos o documentos de los pagos o justificante de los gastos o de las cantidades dispuestas”, todo ello hasta que, en febrero de 2007, la relación de amistad y confianza que existía entre ambos “quedó rota”, contratando entonces el futbolista los servicios de otra persona para que se ocupara de la gestión de sus asuntos personales y profesionales. El tribunal pone de manifiesto que el condenado “nunca rindió cuenta detallada de su gestión, habiéndose limitado a la entrega” de una documentación en marzo de 2007 al nuevo administrador del futbolista, documentación de la que “no resultan justificadas cuantiosas disposiciones de efectivo de cuentas bancarias que efectuó durante su gestión”. Seguidamente, la Audiencia enumera una serie de disposiciones de efectivo que realizó el acusado entre 2004 y 2007 en las cuentas bancarias mencionadas y cuyo destino “no ha justificado”, las cuales ascienden en total a 781.736,62 euros, de las que 255.900,93 euros corresponden personalmente al futbolista y 525.835,69 euros a su sociedad. La Audiencia también condena a la esposa del acusado en el momento de los hechos como partícipe a título lucrativo y señala que estaba “perfectamente informada de las actividades de su esposo y de su nivel de ingresos, conociendo que ello no les permitía el nivel de vida y la adquisición de bienes inmuebles llevados a cabo durante ese periodo”, aunque no consta que “tuviera participación en la realización de las disposiciones en efectivo realizadas por el acusado, aunque se aprovechara de su resultado”. Al hilo, la Sección Tercera afirma que el testimonio prestado por el acusado en la vista oral “ha impresionado a este tribunal por su falta de precisión, vaguedad, encontrando sus respuestas evasivas, sin dar explicación clara y precisa”, concluyendo que “ninguna prueba confirma la versión ofrecida por el acusado, carente de verosimilitud y de toda corroboración objetiva, mientras por el contrario concurren múltiples y concluyentes indicios incriminatorios, basados en la fuerza de convicción de los testimonios de cargo y la abrumadora documental, conduciendo necesariamente al pronunciamiento de un fallo condenatorio por el delito objeto de acusación”. En el juicio, la Fiscalía pidió para el acusado 3 años de prisión y multa de 10 meses con cuota diaria de 10 euros, mientras que la acusación particular reclamó 6 años de cárcel y multa de 12 meses con cuota diaria de 15 euros por el delito de apropiación indebida, indicando en este punto la Audiencia que el artículo 250 del Código Penal “prevé las penas de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses cuando concurran las circunstancias 6º, casos de especial gravedad atendiendo al valor de la defraudación y a la entidad del perjuicio, o 7º, se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador”. Para imponer la pena de 4 años y medio de cárcel, la Audiencia dice que “ha de tomarse en consideración que las apropiaciones fueron numerosas y que los hechos se produjeron a lo largo de varios años, existiendo gran cantidad de disposiciones en efectivo que no han sido justificadas” y cuya cuantía “excede notoriamente de los 50.000 euros, existiendo ya dos de ellas que rebasan esta cantidad”, y manifiesta que, “además de esta circunstancia que por sí sola motiva la aplicación del subtipo agravado, concurre otra más cual es la de abuso de las relaciones personales, encontrándose, por tanto, dos circunstancias de agravación”. El tribunal indica que lo expuesto “ha de compaginarse con la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas”, motivos todos ellos por los que la Audiencia considera procedente la imposición de las penas establecidas en la sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación.
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El tribunal del ‘Procés’ rechaza una nueva petición de libertad para seis acusados en prisión (Wed, 24 Jul 2019)
El tribunal de la causa del ‘Procés’ ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por los acusados Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart y Dolors Bassa, al que se adhiere Joaquím Forn, contra el auto de 21 de junio de 2019 que denegó su libertad provisional.
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El Tribunal Supremo confirma el archivo de la querella contra el Rey Juan Carlos por unas conversaciones grabadas (Wed, 24 Jul 2019)
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de súplica presentado por el Partido Comunista de España, Izquierda Unida y la Asociación de Abogados y Abogadas de Izquierdas (FAIRADE) contra el auto, de fecha 1 de abril de 2019, que acordó el archivo de la querella presentada contra el Rey emérito Don Juan Carlos, Corinna Z.S.W., el exdirector del CNI Félix S.R. y el comisario Villarejo, entre otros, en relación con el contenido de unas grabaciones de conversaciones mantenidas en junio de 2015 entre Corinna, Juan V. y Villarejo. La Sala reitera que los hechos denunciados fueron investigados y archivados por el juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que no elevó ninguna exposición razonada en la que se pusiera de manifiesto la existencia de indicios de criminalidad contra algún aforado.
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La Justicia declara que los ‘riders’ de Deliveroo están sujetos a una relación laboral con la empresa (Tue, 23 Jul 2019)
El Juzgado de lo Social nº 19 de Madrid ha estimado la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social contra Roodfoods Spain S. L. (‘Deliveroo’) y declara que los trabajadores demandantes (repartidores de comida a domicilio, comúnmente conocidos como ‘riders’) estaban sujetos a una relación laboral con la sociedad demandada en el tiempo en que prestaron sus servicios. En una extensa sentencia de 26 folios, y después de la exposición de detallados razonamientos jurídicos, el magistrado concluye que ‘en la prestación de servicios de los repartidores afectados por el proceso, durante el periodo al que se refiere el acta de liquidación, prevalecieron las condiciones propias de la laboralidad, lo que conduce a la estimación de la demanda’. La resolución es fruto de la vista oral del juicio, celebrada el pasado 31 de mayo en una sesión de más de ocho horas de duración, y de las actuaciones del procedimiento. Tras examinar detenidamente todo el material documental y declarativo, el magistrado establece que ‘los repartidores esencialmente han ejecutado un trabajo personal en unas condiciones organizadas y dirigidas por la empresa, que es la única que controla la marca ‘Deliveroo’, su aplicación informática y toda la información que se desprende de ella. De hecho, a contrario, -abunda el juez- es patente la falta de una organización empresarial en un sentido mínimamente estricto de los repartidores aisladamente considerados, al punto de que era preciso explicarles la tarea a realizar, proporcionarles el acceso a los medios de trabajo de ser ello preciso e, incluso, formales’. ‘Detalladas instrucciones’ de la empresa En el documento también se considera acreditado que ‘lo esencial es que una vez aceptado el pedido, el mismo había de atenderse (por parte de los repartidores) de acuerdo con las detalladas instrucciones determinadas por la empresa, sin margen apreciable de autonomía del trabajador’. En otro momento de la sentencia, y entre otra argumentación técnica, se dice que la empresa ‘contaba con una compleja organización de todas las actividades de los trabajadores’ hasta el punto de que era la propia sociedad la que gestionaba las propinas de los repartidores ‘determinado la forma en la que se podían abonar e incluyéndolas en las facturas, que eran elaboradas por la propia empresa’. Contra esta resolución, que aún no ha alcanzado firmeza, cabe la interposición de recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del TSJ de Madrid.
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La Audiencia de Sevilla condena a 4 años y medio de cárcel al ex administrador del futbolista Joaquín por apropiarse de 781.736 euros (Fri, 26 Jul 2019)
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 4 años y medio de cárcel al ex administrador del futbolista Joaquín por apropiarse de 781.736,62 euros entre los años 2004 y 2007 tras encomendarle éste la gestión de su patrimonio, todo ello tras el juicio celebrado los días 7, 11 y 19 de marzo y 9, 10 y 12 de abril del presente año 2019. En la sentencia notificada este viernes a las partes personadas en el procedimiento, el tribunal condena al acusado por un delito continuado de apropiación indebida con la atenuante de dilaciones indebidas a 4 años y medio de prisión y el pago de una multa de 4.950 euros, mientras que en concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar con 255.900,93 euros al futbolista y con 525.835,69 euros a una sociedad de la que era administrador y socio único este último, equivalentes dichas cantidades al importe del perjuicio causado por las disposiciones de efectivo cuyo importe ha destinado a fines “no autorizados” por el querellante. Asimismo, la Sección Tercera de la Audiencia condena a la esposa del investigado en el momento de los hechos, como partícipe a título lucrativo, a que conjunta y solidariamente con el acusado indemnice con las cantidades anteriormente mencionadas tanto al jugador del Real Betis como a dicha sociedad. El tribunal considera probado que, desde finales de 2003 y hasta febrero de 2007, el futbolista mantuvo una “estrecha” relación de amistad con el acusado, “en quien depositó una absoluta confianza” y le encomendó la gestión de sus negocios y asuntos, “tanto personales como profesionales”, acordando otorgarle a cambio unos honorarios de 3.000 euros mensuales. A tal fin, el jugador otorgó en nombre propio y en el de la entidad que administraba tres poderes notariales a favor del condenado, mientras que, “con la misma finalidad de facilitar la gestión de sus asuntos y a petición expresa del acusado”, Joaquín abrió dos cuentas bancarias a nombre suyo y de su sociedad, respectivamente, autorizando en ellas al encausado desde el 3 de noviembre de 2004 hasta el 15 de octubre de 2007. “Aparte del acusado y de Joaquín nadie más podía disponer de los fondos de las cuentas bancarias” mencionadas, asevera el tribunal, que precisa que, durante el tiempo en el que duraron estas relaciones entre 2003 y 2007, el acusado “hizo un uso asiduo de los poderes y facultades conferidos, ejercitó la gestión de los asuntos de Joaquín que había asumido, intervino en numerosos actos y contratos, en la gestión bancaria de gastos y operaciones comerciales de éste y su familia, ordenó transferencias, disposiciones de efectivo, y libró pagarés o cheques contra otras cuentas de Joaquín o de terceros”. Según la Audiencia, el acusado llevó a cabo todo lo anterior “valiéndose de la confianza” que el futbolista “le depositó, sin que durante este tiempo Joaquín le exigiera rendición de cuentas, ni entrega de recibos o documentos de los pagos o justificante de los gastos o de las cantidades dispuestas”, todo ello hasta que, en febrero de 2007, la relación de amistad y confianza que existía entre ambos “quedó rota”, contratando entonces el futbolista los servicios de otra persona para que se ocupara de la gestión de sus asuntos personales y profesionales. El tribunal pone de manifiesto que el condenado “nunca rindió cuenta detallada de su gestión, habiéndose limitado a la entrega” de una documentación en marzo de 2007 al nuevo administrador del futbolista, documentación de la que “no resultan justificadas cuantiosas disposiciones de efectivo de cuentas bancarias que efectuó durante su gestión”. Seguidamente, la Audiencia enumera una serie de disposiciones de efectivo que realizó el acusado entre 2004 y 2007 en las cuentas bancarias mencionadas y cuyo destino “no ha justificado”, las cuales ascienden en total a 781.736,62 euros, de las que 255.900,93 euros corresponden personalmente al futbolista y 525.835,69 euros a su sociedad. La Audiencia también condena a la esposa del acusado en el momento de los hechos como partícipe a título lucrativo y señala que estaba “perfectamente informada de las actividades de su esposo y de su nivel de ingresos, conociendo que ello no les permitía el nivel de vida y la adquisición de bienes inmuebles llevados a cabo durante ese periodo”, aunque no consta que “tuviera participación en la realización de las disposiciones en efectivo realizadas por el acusado, aunque se aprovechara de su resultado”. Al hilo, la Sección Tercera afirma que el testimonio prestado por el acusado en la vista oral “ha impresionado a este tribunal por su falta de precisión, vaguedad, encontrando sus respuestas evasivas, sin dar explicación clara y precisa”, concluyendo que “ninguna prueba confirma la versión ofrecida por el acusado, carente de verosimilitud y de toda corroboración objetiva, mientras por el contrario concurren múltiples y concluyentes indicios incriminatorios, basados en la fuerza de convicción de los testimonios de cargo y la abrumadora documental, conduciendo necesariamente al pronunciamiento de un fallo condenatorio por el delito objeto de acusación”. En el juicio, la Fiscalía pidió para el acusado 3 años de prisión y multa de 10 meses con cuota diaria de 10 euros, mientras que la acusación particular reclamó 6 años de cárcel y multa de 12 meses con cuota diaria de 15 euros por el delito de apropiación indebida, indicando en este punto la Audiencia que el artículo 250 del Código Penal “prevé las penas de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses cuando concurran las circunstancias 6º, casos de especial gravedad atendiendo al valor de la defraudación y a la entidad del perjuicio, o 7º, se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador”. Para imponer la pena de 4 años y medio de cárcel, la Audiencia dice que “ha de tomarse en consideración que las apropiaciones fueron numerosas y que los hechos se produjeron a lo largo de varios años, existiendo gran cantidad de disposiciones en efectivo que no han sido justificadas” y cuya cuantía “excede notoriamente de los 50.000 euros, existiendo ya dos de ellas que rebasan esta cantidad”, y manifiesta que, “además de esta circunstancia que por sí sola motiva la aplicación del subtipo agravado, concurre otra más cual es la de abuso de las relaciones personales, encontrándose, por tanto, dos circunstancias de agravación”. El tribunal indica que lo expuesto “ha de compaginarse con la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas”, motivos todos ellos por los que la Audiencia considera procedente la imposición de las penas establecidas en la sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación.
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Condenada a 6 meses de cárcel por dejar morir a su perro en la terraza de su vivienda de Lepe (Huelva) tras abandonarlo sin alimento ni agua (Thu, 25 Jul 2019)
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte (Huelva) ha condenado a 6 meses de cárcel a una mujer acusada de dejar morir a su perro en la terraza de su vivienda de la localidad de Lepe tras dejarlo a la intemperie sin alimento ni agua durante varios días. En la sentencia, dictada el día 24 de julio, el juez condena a la acusada por un delito de maltrato animal con resultado de muerte a 6 meses de prisión y 2 años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. En este sentido, el juez acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de prisión por un plazo de 3 años y condiciona dicha suspensión a la participación de la condenada en programas formativos de protección de animales. El juicio por estos hechos no llegó a celebrarse después de que la acusada y su defensa mostraran su conformidad con la acusación y la pena solicitada por la Fiscalía por un delito de maltrato animal con resultado de muerte previsto y penado en el artículo 337 del Código Penal. De este modo, y por conformidad de las partes, el juez considera probado que los hechos se produjeron en la localidad de Lepe, donde la acusada “mantuvo a su perro de raza caniche en la azotea de su vivienda, a la intemperie, sometido a fuertes temperaturas, sin ningún lugar donde resguardarse del sol, sin agua y sin alimento durante varios días”, todo ello “con evidente desprecio hacia la vida del animal”,que, “como consecuencia de ello”, murió el 20 de julio de 2019. En la sentencia, que es firme y contra la que no cabe interponer recurso alguno, el juez acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta al encontrarse dentro de los parámetros legales establecidos en los artículos 80 y siguientes del Código Penal. Así, valora “las circunstancias del delito, las circunstancias personales del penado, las familiares y sociales y los efectos de la suspensión, dado que la ejecución efectiva podría ser contraria a la resocialización” de la condenada “y su efectiva integración en la sociedad”. En este sentido, prosigue el juez, “las penas impuestas no exceden de dos años, existe un compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles que pudieran devengarse y no nos encontramos ante la presencia de reos habituales”, por todo lo cual suspende la ejecución de la pena durante un plazo de 3 años.
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