Noticias jurídicas

Desde esta sección le mantendremos informado de todas aquellas resoluciones judiciales de especial trascendencia 

Un juez condena a un médico de Granada a pagar una multa e indemnizar a la expresidenta de la Junta de Andalucía por un delito de injurias con publicidad (Thu, 11 Jul 2019)
El Juzgado de lo Penal número 6 de Granada ha condenado a un médico a pagar una multa de 6.480 euros como autor de dos delitos continuados de injurias con publicidad así como a indemnizar a la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y al exviceconsejero de Salud, Martín Blanco, en la cantidad de 2.500 euros a cada uno de ellos. Una vez que sea firme la resolución, además, deberá “publicar o divulgar la misma a costa del anterior, debiendo determinarse la forma concreta en ejecución de sentencia previa audiencia a todas las partes al respecto”. También ordena -una vez que sea firme la sentencia- que se retiren del canal YouTube y de las redes sociales Facebook y Twitter “el contenido de los vídeos referidos en los hechos probados de la presente resolución”. La sentencia, contra la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Granada, no condena al médico por dos delitos de calumnias con publicidad, al considerar que las expresiones proferidas por el acusado “forman parte de un contexto que, en su conjunto, de forma global, viene a ser de insulto, de vejación, siendo que las expresiones que las acusaciones entienden como calumniosas no vienen sino a formar parte como se dice de una conducta continuada del acusado que debe ser calificada como injuriosa”. Por el contrario, el juez considera que el acusado sí cometió dos delitos de injurias con publicidad. En este sentido, la resolución señala que “los términos, las expresiones, las palabras empleadas por el acusado presentan un claro significado de descalificación personal e individualizada y no de mera crítica o descontento con cierta gestión sanitaria por el entonces gobierno andaluz y concretamente con dos de sus máximos dirigentes, siendo que tales expresiones eran absolutamente innecesarias para cualquier fin u objeto”. Así, explica que “al margen del contenido de algunas de sus reivindicaciones, que pueden ser más o menos acertadas, y sobre las que no se entra, sus formas fueron formalmente injuriosas, gratuitas y con un único objeto, la descalificación personal”. La sentencia recuerda que el derecho a la crítica y la libertad de expresión no son derechos y libertades ilimitados o absolutos y señala que aunque la defensa del acusado indicó que las expresiones proferidas nunca tuvieron la intención de injuriar, y que tan sólo son groseras y fueron descontextualizadas, se ha acreditado el delito de injurias, ya que “carece de justificación alguna y excede lo que podría ser una mera crítica”.  
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El Tribunal Supremo anula la inclusión del dragado del río Guadalquivir en el Plan Hidrológico (Tue, 09 Jul 2019)
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado el Plan Hidrológico de Guadalquivir, en lo que se refiere al dragado del canal de navegación del río, al considerar que dicha medida requiere una justificación de mayor grado de intensidad que la realizada por la Administración, al afectar a un espacio especialmente protegido como es el Parque de Doñana. El tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto por WWF-ADENA y declara nulo parte del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos, en lo que atañe al Plan Hidrológico del Guadalquivir. En su recurso, alegaban, entre otros motivos, que la inclusión del dragado del río Guadalquivir en dicho Plan no cumplía con las condiciones exigidas en el artículo 39 del Reglamento del Plan Hidrológico (RPH) para realizar nuevas modificaciones físicas o alteraciones de masas de agua. Los recurrentes sostenían también que se anteponía el dragado a los objetivos medioambientales de un espacio protegido como Doñana y que, además, no cumplía con la Directiva Habitats ni con la sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de febrero de 2015, que ya anuló la anterior planificación de 2013 en cuanto a la actuación del dragado, debido a que los motivos de las modificaciones de agua no se consignaron ni explicaron específicamente en el Plan del Primer Ciclo de Planificación de 2009-2015. Tras analizar la Memoria de dicho Plan, la Sala concluye que no se reflejan con la necesaria precisión todas las condiciones que han de cumplirse para llevar a cabo la actuación del dragado en cuestión. En este caso, afirman los magistrados, la justificación de dichas condiciones exigidas por el artículo 39 de RPH requiere “el mayor grado de intensidad atendiendo a la especial protección medioambiental del Parque de Doñana y los riesgos que la actuación supone para la funcionalidad del mismo, que ya han sido valorados en informes previos y considerados por esta Sala en sentencia de 26 de febrero de 2015, acreditando en su caso que dicha situación del estuario ha mejorado y permite la actuación del dragado en las condiciones legalmente establecidas”. Ello exige, afirma el tribunal, que la Administración lleve a cabo “una valoración precisa y circunstanciada de las condiciones establecidas (medidas paliativas, motivos de las modificaciones, interés público superior y compensación de los beneficios medioambientales e imposibilidad de consecución por otros medios) en relación con los concretos efectos negativos y riesgos para el ecosistema afectado que goza de la mayor protección medioambiental, que no puede entenderse satisfecha en los términos que se reflejan en el planeamiento y que se han transcrito antes”. En su sentencia, la Sala constata la falta de una evaluación concreta y precisa de las medidas necesarias para llevar a cabo el pretendido dragado en relación con los concretos riesgos que conlleva para los objetivos medioambientales de las masas de agua afectadas y el Parque de Doñana. Agrega que el plan recoge medidas imprecisas y no incluye el contraste necesario con los efectos y riesgos que el dragado representa para el ecosistema afectado, que resultan de los informes emitidos. Así, el tribunal destaca que el planeamiento se limita a referir “una serie de medidas a realizar, planificadas, en estudio, de seguimiento, además de consideraciones sobre los efectos de salud pública, seguridad pública y otras de naturaleza social y económica, las alternativas consideradas y los beneficios obtenidos, con una genérica e imprecisa referencia a los negativos efectos medioambientales, que minimiza sin una fundamentación que resulte respaldada por informes o documentos contratados”.
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