Noticias jurídicas

Desde esta sección le mantendremos informado de todas aquellas resoluciones judiciales de especial trascendencia 

Los padres del bebe muerto en Santa Isabel condenados a cinco y dos años de cárcel respectivamente (Fri, 23 Feb 2018)
La Audiencia de Zaragoza ha condenado a penas de cinco (padre) y dos años de prisión (madre) a unos padres por la muerte de bebe y las lesiones producidas a otro de sus hijos. La sentencia condena al padre (R.B.) como autor de un delito de homicidio por imprudencia grave a tres años de prisión por la muerte del bebé “M” de 26 días, a 5 meses de prisión por un delito de lesiones por imprudencia grave, por las lesiones producidas al bebe “I” de dos años de edad y dos años de prisión por un delito contra la integridad moral de las personas. La madre (B.S.) ha sido condenada a 2 años de prisión como autora de un delito contra la integridad moral de las personas y a 5 meses de prisión por un delito de lesiones por imprudencia grave. Sobre ambos pesa también la prohibición de acercarse al menor “I” a menos de 200 metros y de comunicarse con él por cualquier medio durante dos años. Igualmente habrán de indemnizar solidariamente al menor “I” con 3.000 euros.
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El juez del 'caso Imelsa' abre otra pieza separada e investiga a ocho personas por las adjudicaciones de la empresa de la Generalitat que construía los colegios (Fri, 23 Feb 2018)
El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha abierto una pieza separada en el caso Imelsa para investigar el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de la empresa pública Ciegsa, dependiente de la Conselleria de Educación y encargada de la construcción de las infraestructuras educativas en la Comunidad Valenciana. El juez investiga la adjudicación de contratos sin respetar los principios de “legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad” con la finalidad de “favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dávida”. En su resolución, añade que esas irregularidades en la contratación entre 2003 y 2007 podrían tener una “finalidad de lucro que podría tener su origen o propósito en la financiación de un determinado partido político o alternativa o conjuntamente a ello, en el propio lucro personal, ya confesado por el principal investigado en esta causa”, el exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent. En esta pieza separada tienen la condición de investigados por cohecho, prevaricación y malversación, Benavent, considerado el “recaudador”; el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, el exsecretario autonómico de Educación y responsable de Ciegsa, Máximo Caturla, cuatro técnicos de esta empresa y los responsables de mercantiles adjudicatarias Cleop, BM3 y Dragados. Respecto de los técnicos, el juez investiga si “pudieran haber colaborado dando una cobertura de aparente legalidad a decisiones que venían a estar establecidas arbitrariamente y de antemano” y si justificaron sobrecostes “sobre una base ficticia o carentes de verdadera justificación” para obtener más financiación o compensar económicamente a las empresas que pagaban comisiones con el consiguiente “perjuicio económico para el erario público de la Generalitat”. El instructor rechaza dirigir la investigación contra otros exaltos cargos de la Administración Autonómica que aparecen mencionados en las conversaciones intervenidas por cuanto “constituyen referencias indirectas genéricas e imprecisas en un contexto conversacional de difícil interpretación” y, por tanto “no justifican en este momento dirigir la investigación contra las mismas”. Se trata del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de los exvicepresidentes Víctor Campos y Gerardo Camps.
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El juez abre juicio a la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y al exalcalde Díaz Alperi, por las irregularidades en las adjudicaciones del Plan General (Fri, 23 Feb 2018)
El Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha dictado auto de apertura de juicio oral en el caso de las irregularidades detectadas en las adjudicaciones del Plan General de Ordenación Urbana del municipio. En la causa figuran como acusados dos exalcaldes del municipio, Sonia Castedo y Luís Díaz Alperi, y el empresario Enrique Ortiz, junto a otras seis personas. En su auto, el juez explica que existen indicios de la comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, revelación y aprovechamiento de información privilegiada y corrupción de autoridades o funcionarios públicos, revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias, y corrupción de autoridades o funcionarios públicos. El juez considera que existen indicios suficientes de que la planificación del desarrollo urbanístico de Alicante se realizó por parte de los acusados en beneficio del empresario.
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La juez Lamela mantiene la libertad sin fianza del ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero tras tomarle declaración (Fri, 23 Feb 2018)
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha mantenido este viernes la situación de libertad provisional sin fianza del ex mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero tras tomarle declaración como investigado por un nuevo delito de sedición en relación con los hechos acaecidos durante la jornada del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. La magistrada ha desoído así la petición de la Fiscalía de imponer a Trapero una fianza de 50.000 euros, justificada por el agravamiento de su situación procesal ante su imputación por un segundo delito de sedición y por la posibilidad de ocultación o destrucción de pruebas. En un auto notificado hoy, Lamela estima que esos motivos no son suficientes para incrementar las medidas cautelares personales adoptadas el pasado 16 de octubre, ya que Trapero “viene cumpliendo escrupulosamente las medidas que le fueron impuestas” en esa fecha, viene siendo investigado por los hechos del 1 de octubre prácticamente desde el inicio de las actuaciones y ha comparecido voluntariamente en el Juzgado. Sobre la posibilidad de ocultación o destrucción de pruebas, la juez dice que, “en este momento, la investigación en relación a los hechos que se imputan a Josep Lluís Trapero se encuentra bastante avanzada y las diligencias acordadas por esta instructora en el auto de fecha 19 de febrero de 2018 no pueden verse comprometidas por acción del señor Trapero”. En el auto del pasado 19 de febrero, la magistrada –además de citar a Trapero y al comisario Ferrán López, jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial de los Mossos, éste como testigo- libraba oficio a la Secretaría de Estado de Interior para que le remitan el instrumento por el que se nombró a Diego Pérez de los Cobos para coordinar y/o dirigir el dispositivo de seguridad para dar cumplimiento al mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación con la celebración del referéndum ilegal que tuvo lugar el 1 de octubre. La juez pedía que se le informe sobre las competencias y responsabilidades que se le atribuyeron, así como las comunicaciones que se efectuaron del citado nombramiento a diferentes instituciones y organismos. La magistrada también se dirigía a los Mossos d’Esquadra a fin de que le informen sobre la forma en que se les comunicó el operativo dispuesto para ese día, así como la identidad de las personas que lo hicieron, los medios escritos u orales utilizados, las pautas de actuación, las órdenes recibidas, la identidad de los jefes de las unidades Brimo y Arro que se encontraban de servicio, la composición y funcionamiento de la cadena de comunicaciones internas entre los agentes que se encontraban de servicio durante aquella jornada. Por último, la juez requería a la Guardia Civil en Cataluña para que le informe, como unidad de policía judicial, a fin de que identifique a los agentes de los Mossos que realizaron actuaciones de vigilancia sobre los cuarteles de la Guardia Civil y Comisarías de Policía Nacional el 1 de octubre.
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Educación tendrá que indemnizar con 90.000 euros a un niño que se rompió una pierna en un Instituto de Las Palmas (Fri, 23 Feb 2018)
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su sede de Las Palmas ha reconocido el derecho de los padres de un niño que se rompió una pierna en el instituto en noviembre de 2013 a ser indemnizados con 90.000 euros. El Tribunal ha estimado el recurso de los padres del menor, de 13 años cuando sucedieron los hechos, contra la orden de la consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias que en enero de 2016 desestimó su reclamación de resarcimiento, alegando que no había nexo de causalidad entre el accidente y la prestación del servicio público. El menor, relata la sentencia, se fracturó el fémur izquierdo el 7 de noviembre de 2013 en el gimnasio de su Instituto de Educación Secundaria (IES) de la provincia de Las Palmas cuando se disponía a saltar el aparato denominado potro sin supervisión adulta y un compañero se interpuso en su camino. La Administración argumentó en su descargo no había relación de cuasalidad, porque no había existido una conducta positiva que hubiese podido evitar el accidente. Los alumnos, razonó la parte, estaban siendo vigilados por la profesora de Música “en ausencia” del profesor de Educación Física, el potro estaba almacenado en un lateral del gimnasio y “ningún alumno pidió permiso al profesor de guardia o al de Educación Física para utilizarlo”. El accidente, a juicio de la administración autonómica, se produjo “cuando la profesora intentaba mantener el orden, sin que se hubiese encomendado a los alumnos la relación de actividades físicas o deportivas, habiéndose producido el accidente burlando la vigilancia de la profesora mientras ésta reprendía a otros alumnos por saltar en las colchonetas, siendo un hecho imprevisto e imposible de evitar”. Antes de llegar a la Sala, el caso pasó por el Consejo Consultivo de Canarias, que en el dictamen de 2015 no estimó procedente la indemnización. No había, entendió, nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y un accidente “que no se podía haber evitado”. El niño de 13 años, dijo el órgano consultivo, se fracturó la pierna porque cuando iba a saltar el potro “sorpresiva e intempestivamente” se le cruzó otro compañero. No es de la misma opinión el Tribunal Superior canario: “La administración educativa no puede eludir su responsabilidad”, dice la Sala; “los alumnos estaban en el gimnasio de la escuela utilizando los aparatos, entre ellos, el potro, que normalmente, es notorio exige colocar una colchonetas alrededor para amortiguar las caídas”, enfatiza. “No se trata de atender a la madurez o edad de los menores”, expone, “sino al nivel de conocimientos de los mismos y la representación de los potenciales peligros. En el caso, ambos profesores tenían que representarse los peligros inherentes a dejar a su albedrío a adolescentes en un gimnasio, utilizando o pudiendo utilizar aparatos”. La Sala afirma que la imagen de situación que se puede hacer es que la clase “estaba descontrolada” y el profesor de Gimnasia, al marcharse, “debió dejar a los alumnos alguna actividad que pudieran hacer sin peligros en el gimnasio, o la profesora de Música haberlos agrupado donde los pudiera, la menos, observar o supervisar”. Para fijar en 90.000 euros la cuantía de la indemnización -la familia pedía 105.857 euros; la Administración, o nada o 52.876 euros, en el caso de que se estimase la demanda¬ la Sala toma en consideración que el niño tenía 13 años cuando sucedió el accidente y que éste le causó secuelas que han determinado alguna limitaciones de por vida, “los deportes que no puede practicar y la vida que no puede ni podrá hacer”. Detalla el fallo que a la rotura del fémur le sucedió una necrosis de la cabeza del hueso. “La lesión del menor se ha complicado”, argumenta, “y [el joven] lleva ya varios años de incertidumbre con respecto a sus secuelas y evolución”.
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La juez Lamela mantiene la libertad sin fianza del ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero tras tomarle declaración (Fri, 23 Feb 2018)
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha mantenido este viernes la situación de libertad provisional sin fianza del ex mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero tras tomarle declaración como investigado por un nuevo delito de sedición en relación con los hechos acaecidos durante la jornada del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. La magistrada ha desoído así la petición de la Fiscalía de imponer a Trapero una fianza de 50.000 euros, justificada por el agravamiento de su situación procesal ante su imputación por un segundo delito de sedición y por la posibilidad de ocultación o destrucción de pruebas. En un auto notificado hoy, Lamela estima que esos motivos no son suficientes para incrementar las medidas cautelares personales adoptadas el pasado 16 de octubre, ya que Trapero “viene cumpliendo escrupulosamente las medidas que le fueron impuestas” en esa fecha, viene siendo investigado por los hechos del 1 de octubre prácticamente desde el inicio de las actuaciones y ha comparecido voluntariamente en el Juzgado. Sobre la posibilidad de ocultación o destrucción de pruebas, la juez dice que, “en este momento, la investigación en relación a los hechos que se imputan a Josep Lluís Trapero se encuentra bastante avanzada y las diligencias acordadas por esta instructora en el auto de fecha 19 de febrero de 2018 no pueden verse comprometidas por acción del señor Trapero”. En el auto del pasado 19 de febrero, la magistrada –además de citar a Trapero y al comisario Ferrán López, jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial de los Mossos, éste como testigo- libraba oficio a la Secretaría de Estado de Interior para que le remitan el instrumento por el que se nombró a Diego Pérez de los Cobos para coordinar y/o dirigir el dispositivo de seguridad para dar cumplimiento al mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación con la celebración del referéndum ilegal que tuvo lugar el 1 de octubre. La juez pedía que se le informe sobre las competencias y responsabilidades que se le atribuyeron, así como las comunicaciones que se efectuaron del citado nombramiento a diferentes instituciones y organismos. La magistrada también se dirigía a los Mossos d’Esquadra a fin de que le informen sobre la forma en que se les comunicó el operativo dispuesto para ese día, así como la identidad de las personas que lo hicieron, los medios escritos u orales utilizados, las pautas de actuación, las órdenes recibidas, la identidad de los jefes de las unidades Brimo y Arro que se encontraban de servicio, la composición y funcionamiento de la cadena de comunicaciones internas entre los agentes que se encontraban de servicio durante aquella jornada. Por último, la juez requería a la Guardia Civil en Cataluña para que le informe, como unidad de policía judicial, a fin de que identifique a los agentes de los Mossos que realizaron actuaciones de vigilancia sobre los cuarteles de la Guardia Civil y Comisarías de Policía Nacional el 1 de octubre.
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El juez acuerda la libertad provisional de Enrique Pina (Mon, 19 Feb 2018)
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la libertad provisional con medidas cautelares de Enrique Pina, encarcelado desde el pasado 2 de febrero tras su detención en la “Operación Libero” por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública e insolvencia punible. En un auto, el magistrado, después de tomarle declaración esta mañana, le impone como medidas cautelares la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado más cercano a su domicilio, prohibición de salida del territorio sin autorización judicial, retirada de pasaporte y fijación de domicilio y teléfono para poder estar localizado. El magistrado recuerda que en el auto que rechazó su recurso de reforma se evaluaron si se mantenían las circunstancias para la adopción de la prisión el 2 de febrero, medida que se adoptó para evitar que pudiera entrar en contacto con otros investigados o testigos para que destruyeran pruebas, se pusieran de acuerdo en sus versiones o que pudiera presionarles. Una vez practicadas las declaraciones de investigados y testigos entre los días 5 y 14 de febrero -así como el análisis de diversos documentos- se han puesto de manifiesto notables contradicciones en las afirmaciones de Pina con los documentos obrantes en la causa y otros testimonios, dice el juez, “lo que ha contribuido a corroborar la importancia que ha tenido evitar que los involucrados en las investigaciones hubieran podido entrar en contacto para destruir evidencias, alinear versiones o, simplemente, para presionar”. “Justamente estas circunstancias son las que han aconsejado citar en el día de hoy al propio Pina Campuzano, para darle la oportunidad de clarificar estas contradicciones y ampliar su declaración sobre algunas cuestiones sobre las que ha ido ganándose conocimiento a la vista de las declaraciones practicadas", señala. Así, una vez alcanzado el fin para la adopción de la medida cautelar de prisión provisional, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 considera “proporcional” la modificación de la medida y ha acordado su libertad.  
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La Audiencia Nacional cita al exresponsable de los Mossos Josep Lluís Trapero como investigado por un nuevo delito de sedición (Mon, 19 Feb 2018)
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha notificado este lunes un auto en el que acuerda citar como investigado al exmayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero por un nuevo delito de sedición, en relación con los hechos acaecidos durante la jornada del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Trapero deberá comparecer el próximo viernes 23 a las 9 horas. El mismo día, pero como testigo, ha sido citado también el comisario Ferrán López, jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial de los Mossos. En su resolución, Lamela libra además oficio a la Secretaría de Estado de Interior para que le remitan el instrumento por el que se nombró a Diego Pérez de los Cobos para coordinar y/o dirigir el dispositivo de seguridad para dar cumplimiento al mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación con la celebración del referéndum ilegal que tuvo lugar el 1 de octubre. La juez pide que se le informe sobre las competencias y responsabilidades que se le atribuyeron, así como las comunicaciones que se efectuaron del citado nombramiento a diferentes instituciones y organismos. La magistrada también se dirige a los Mossos d’Esquadra a fin de que le informen sobre la forma en que se les comunicó el operativo dispuesto para ese día, así como la identidad de las personas que lo hicieron, los medios escritos u orales utilizados, las pautas de actuación, las órdenes recibidas, la identidad de los jefes de las unidades Brimo y Arro que se encontraban de servicio, la composición y funcionamiento de la cadena de comunicaciones internas entre los agentes que se encontraban de servicio durante aquella jornada. Por último, la juez requiere a la Guardia Civil en Cataluña para que le informe, como unidad de policía judicial, a fin de que identifique a los agentes de los Mossos que realizaron actuaciones de vigilancia sobre los cuarteles de la Guardia Civil y Comisarías de Policía Nacional el 1 de octubre. Lamela explica en su escrito que a lo largo de la investigación desarrollada se han averiguado otros hechos que indican que la actuación de los Mossos prevista en un principio para impedir la celebración del referéndum, lejos de ello, “fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia” . Con esta finalidad, señala, “se diseñó un plan premeditado para evitar actuar, que procedía de la cúpula policial de Mossos d’Esquadra, cúpula comandada por Josep Lluís Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico”. La conducta de los Mossos desde el día 20 de septiembre hasta la fecha del referéndum el 1 de octubre, “enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, fue de total inactividad”, dice Lamela. La juez añade que tanto el fiscal jefe de Cataluña como el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos pusieron de manifiesto al entonces mayor de los Mossos que el Plan de Actuación que se había elaborado de forma previa no era adecuado para el cumplimiento de las órdenes que le habían sido impartidas, “comprometiéndose éste a modificarlo con las recomendaciones que le dieron. Ello no obstante, nunca llegó a realizar ninguna modificación, dirigiendo su actuación conforme al Plan originario”, concluye Lamela. Para anular cualquier actuación que bloquease ese plan estratégico hacia la independencia, la magistrada destaca las pautas de actuación ordenadas por los Mossos de carácter genérico, sin firma ni antefirma alguna, el sistema de comunicación que utilizaron los agentes en servicio el 1 de octubre que ralentizó las comunicaciones, así como órdenes orales de aquel día que contradecían a las escritas, dejando “en el ámbito de la valoración personal del agente actuante” el cumplimiento del mandato judicial, “afectando en cascada esta exigencia al resto de pautas de ejecución dejándolas desactivadas”. La juez concluye que la finalidad inmediata de Trapero estaba orientada “a facilitar la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, siendo consciente de que desarrollaba una actuación al margen de las vías legales, desatendiendo el mandato recibido desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en contra de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional”. Los hechos atribuidos a Trapero podrían constituir, según Lamela, dos delitos de sedición por los hechos acaecidos los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre de 2017, sin perjuicio de ulteriores calificaciones. “Y en particular de la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de organización criminal del art. 570 bis del Código Penal”.
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