Noticias jurídicas

Desde esta sección le mantendremos informado de todas aquellas resoluciones judiciales de especial trascendencia 

El Tribunal Supremo impone penas de entre 2 y 8 años de prisión a once exdirectivos de Afinsa (Thu, 23 Nov 2017)
La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 8 años y 7 meses de prisión al expresidente de Afinsa J.A.C.C. por delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad de las cuentas anuales, y con penas similares (de entre 8 años y 4 meses de cárcel, y 8 años y 6 meses), a los otros cuatro principales responsables de esta estafa piramidal mediante la compraventa de sellos: A.F. y C.F., V.M.P, y E.B.L. (los tres primeros como autores de los mismos delitos, y el cuarto como cooperador necesario de los mismos). El Supremo estima en parte los recursos de casación planteados por estos cinco acusados contra la sentencia inicial de la Audiencia Nacional, de julio de 2016, ya que, aunque ratifica que todos ellos cometieron los mismos delitos que estableció la Audiencia (estafa agravada, insolvencia punible y falsedad de las cuentas) señala que hubo un concurso ideal entre los delitos de estafa e insolvencia, y un concurso medial entre éstos y el delito de falsedad de las cuentas anuales, lo que supone reducir la condena del expresidente de Afinsa, J.A.C.C., de 12 años y 10 meses, a 8 años y 7 meses; y en los otros cuatro casos pasar de unos 11 años de cárcel a unos 8 años. Además, los cinco mencionados más el director del departamento jurídico de Afinsa, J.J.A.Q., para quien se confirman 6 años y 3 meses de cárcel como cooperador necesario de la estafa, deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria con 2.574 millones de euros a los 190.022 titulares de 269.570 contratos filatélico, siendo Afinsa Bienes Tangibles SA responsable civil subsidiaria del pago de dichas cantidades, tal como estableció la sentencia de primera instancia dictada por la Audiencia Nacional. El Supremo confirma las penas de cárcel, de entre 2 años y 3 meses de cárcel y 4 años, para los otros cinco condenados por la Audiencia Nacional. En su sentencia, la Sala destaca que el engaño consistió en hacer creer a los inversores que su dinero estaba soportado por un bien líquido, que solo lo era para Afinsa y dentro de su propio ámbito de mercado, interior y, de hecho, cerrado a terceros; y que tenía un valor real equivalente a la propia cantidad de dinero entregada. Señala que, además, creían que generalmente se revalorizaba por encima del interés que proporcionaban los bancos, pero realmente no fue así porque lo sellos no tenían el valor que Afinsa les reconocía a efectos de sus propias cuentas, sin repercusión alguna acreditada en el mercado exterior a ella misma. La Sala explica que al vencimiento de los contratos de inversión, cuando los inversores decidían recuperar el dinero invertido, los acusados "nunca procedían a realizar el valor que, según afirmaban, tenían los sellos, sino que utilizaban las cantidades entregadas por nuevos clientes para las devoluciones a los anteriores, sin que en ningún caso su activo quedara engrosado por un bien tan valioso como se decía, debido a que solamente tenían el valor que la propia Afinsa le adjudicaba, sin relación alguna con el valor que pudiera tener para terceros en función de las características de los sellos concretos adjudicados a cada cliente”. Para el Tribunal Supremo, el dinero recibido por Afinsa no generaba ningún ingreso y la compañía carecía de otra fuente de ingresos, de manera que para devolver lo antes recibido no disponía de aquella parte que ya había gastado en su funcionamiento. A cambio, detalla la sentencia, Afinsa recibía los sellos que había vendido, por lo que había pagado en el mercado a un precio muy inferior. “Si compraba a 8, vendía a 100 y recompraba a 107, es claro que, si no existían otros ingresos, el negocio generaba pérdidas, que eran constantes y que crecían cuanto mayor era la actividad", concluye la Sala.
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El TSJ de Galicia confirma la condena de 21 años de prisión por el asesinato de una camarera en Ferrol (Thu, 23 Nov 2017)
La Sala de lo Civil y Penal del TSXG ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que condena a 21 años de prisión al hombre juzgado por matar con un cuchillo a una camarera de Ferrol. La Sala entiende que no existió la indefensión aludida por el letrado del acusado, quien manifestó no haber tenido la oportunidad de presentar "testifical y pericial referidas al consumo conjunto de alcohol y, por prescripción médica, de una sustancia química psicotrópica". Recuerdan los magistrados que esta prueba ni siquiera fue propuesta por la defensa a lo largo del procedimiento y que tampoco cabe argüir que "de haberse practicado, el veredicto hubiera sido favorable a la defensa". Tampoco comparte la Sala el argumento de que el veredicto del jurado carece de motivación, por lo que confirma la sentencia dictada por la presidenta del Tribunal del Jurado.
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El Tribunal Supremo investigará al diputado del PSOE Gutiérrez Limones por malversación y prevaricación en una empresa pública de Alcalá de Guadaira (Thu, 23 Nov 2017)
La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo, ha abierto causa penal al diputado del PSOE y exalcalde de Alcalá de Guadaira (Sevilla) Antonio Gutiérrez Limones para investigar posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en relación a las cuentas de la empresa pública ACM S.A., vinculada al citado Ayuntamiento sevillano. El alto tribunal ha nombrado instructor de la causa al magistrado de la misma Sala Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre. El Supremo recibió el pasado mes de junio exposición razonada del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaira que relataba una serie de hechos e indicios de delito en relación, entre otros, a la citada persona aforada. El alto tribunal pidió un informe a la Fiscalía, que solicitó la apertura de causa penal y el nombramiento de instructor. A tenor de lo descrito en la exposición razonada del juez, y de los datos que se concretan sobre posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, el Supremo procede a asumir la competencia en lo que respecta a Gutiérrez Limones. Sin embargo, no accede a la petición del Juzgado de Alcalá de Guadaira de asumir también la competencia del resto de personas no aforadas. En la exposición razonada remitida por el Juzgado al Supremo, se explicaba que la causa tenía su origen en la grabación de una reunión del contable de la empresa pública ACM S.A. (constituida en 2001 y liquidada en 2013) con concejales del Ayuntamiento y personas vinculadas con el Grupo Socialista, donde el primero, sin saber que estaba siendo grabado, reconocía abiertamente una serie de irregularidades penalmente relevantes en el seno de la entidad. La exposición razonada concluía afirmando que había indicios de la existencia de una estructura cerrada y coordinada dentro de los tres estamentos de la empresa ACM (Gerencia, Consejo de Administración y de la Junta General) “en la que mediante el incumplimiento deliberado de las obligaciones legales y estatutarias se llevó a la quiebra a la entidad pública y, finalmente, a la malversación de grandes cantidades de dinero público”. Y añadía que de todas estas actuaciones era conocedor directo Gutiérrez Limones, persona aforada. En ese sentido, siempre según la exposición razonada, la investigación detectó que la empresa habría pagado un viaje de Gutiérrez Limones, su mujer y sus hijos a Madrid que no tendría nada que ver con el cometido de la empresa municipal. Aparte de estos posibles actos directos de malversación, la exposición destaca la no adopción por el aforado de medidas “a las que estaba obligado legal y estatutariamente para evitar el saqueo de la entidad pública, circunstancia de la que era conocedor desde el inicio, por las manifestaciones reiteradas del Interventor y de los asistentes a la reunión con el contable. A pesar de lo cual se aprobaban año tras año las transferencias desde la Junta de Gobierno Local a favor de ACM S.A. hasta un total de 13.668.300,50 euros".
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Catorce años de internamiento por matar a su mujer en Vigo cuando sufría ideas delirantes (Wed, 22 Nov 2017)
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha acordado la medida de internamiento en un establecimiento adecuado al tipo de su alteración psíquica por un periodo máximo de 14 años para el hombre juzgado por acabar con la vida de su mujer tirándola por la ventana de la casa en la que convivían en Vigo. En aplicación de lo decidido por el jurado popular, el presidente del tribunal lo absuelve del delito de homicidio por el que fue acusado, al apreciar la eximente completa de alteración psíquica. El magistrado aclara en la sentencia que no podrá salir del centro psiquiátrico sin autorización de la autoridad judicial competente. El jurado consideró probado que el acusado "al tiempo de producirse los hechos, y ya desde unos meses antes, estaba afectado por una ideación delirante de daño/perjuicio de tipo persecutorio centrado en su mujer, de la que estaba convencido de que le estaba envenenando para matarlo y quedarle con su dinero, lo que anuló sus facultades cognitivas y volitivas a la hora de matarla". El presidente del tribunal ha establecido una indemnización para el hijo de la víctima de 90.000 euros.
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El Tribunal Supremo confirma la condena de 45 años de prisión a un profesor de Villanueva del Pardillo (Madrid) por abusos sexuales a nueve menores (Wed, 22 Nov 2017)
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 45 años de prisión a un profesor de primaria como responsable en concepto de autor de nueve delitos de abusos sexuales continuados cometidos sobre nueve menores de entre 8 y 10 años que eran alumnos suyos en un colegio de la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo, donde impartió clases entre 2010 y 2014. La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 17 de febrero de 2016, que estableció que el máximo de cumplimiento de la pena sería el triple de la más grave de las impuestas, cinco años y un mes de prisión, por lo que queda fijada en quince años y tres meses de prisión. Dicha sentencia también condenó al profesor a pagar en concepto de responsabilidad civil una indemnización de 49.500 euros a los menores por los daños morales sufridos como consecuencia de los hechos. El tribunal rechaza la alegación recogida en el recurso relativa a la vulneración del derecho a la defensa y a un juicio con todas las garantías y sin indefensión porque los niños no declararon en el juicio. En su sentencia, recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid justificó la ausencia de los menores en la vista oral, en los dictámenes médicos que informaban que perturbaría su recuperación emocional, y que, por otra parte, habían sido explorados varias veces (en tres ocasiones y en la última de ellas con presencia del acusado e intervención activa de la defensa) y mediaba prueba preconstituida grabada contradictoriamente practicada; por lo que las exploraciones de todos los menores implicados se vieron al inicio del juicio. Añade que la ausencia de los niños, aunque fuera la prueba determinante, “se encontraba justificada, médicamente informada y aconsejada; las manifestaciones que previamente emitieron cada uno de los menores fueron valoradas minuciosamente y en profundidad, así como, los plurales y concurrentes elementos de compensación de especial intensidad y gran relevancia que paliaban ampliamente el déficit que pudiera haber supuesto para la defensa, que los menores no fueran explorados en el plenario y que no fuera el psicólogo quien dirigiera la exploración previa, sino las partes en interrogatorio cruzado directo (metodología por otro lado, con la que las partes, incluida la defensa, expresamente mostraron su conformidad) como eran: la intervención efectiva y participativa de la defensa en exploración practicada ante el Juez de Instrucción, donde estuvo presente también el acusado e incluso un perito de la defensa que después emitió informe, la grabación de la misma, su visionado en la vista y los múltiples elementos de corroboración de los testimonios de cargo allí emitidos”. La Sala considera que el testimonio de los nueve menores que narran los diversos tocamientos del recurrente y el mismo método operativo es “prueba directa por tanto, donde la inferencia sobre la existencia de cada uno de los tocamientos, deviene directa e inmediata, en sencillo proceso inductivo; sin que resulte merma alguna de credibilidad, la falta de absoluta concordancia episódica, como la periodicidad de los tocamientos”. Para el tribunal existen, además, otras pruebas de corroboración como son el reportaje fotográfico en torno a la disposición de las aulas donde se producían los abusos sexuales, el que en varios casos, algunos menores, además de víctimas, fueron testigos de los abusos a otros niños, el testimonio de los padres y el informe del Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil (CIASI).
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