Noticias jurídicas

Desde esta sección le mantendremos informado de todas aquellas resoluciones judiciales de especial trascendencia 

Condenado a dos años de prisión por abusar sexualmente del hijo menor de edad de un compañero de trabajo (Fri, 03 Apr 2020)
El Juzgado de lo Penal número 2 de Alicante ha condenado a dos años de prisión por un delito continuado de abuso sexual a un hombre de 42 años que sometió a tocamientos al hijo menor de edad de un amigo. El hombre no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima, que tenía 16 años cuando sufrió los abusos, ocurridos en 2012. El juez le ha absuelto en cambio de los delitos relativos a la prostitución de menores y de elaboración de pornografía infantil, de los que también estaba acusado, ya que no considera probado que los cometiera. El condenado, amigo y compañero de trabajo del padre de la víctima, conocía al menor desde que éste tenía cinco años, le ayudó en los estudios y, como fotógrafo, le realizó retratos. Esa relación hizo que en el chico surgieran sentimientos de amistad, admiración y respeto por el condenado, a quien consideraba un segundo padre y visitaba en su casa con frecuencia dada la cercanía de sus respectivas viviendas. Según se relata en la sentencia, desde el año 2012, el acusado sometió en su casa a tocamientos y otros actos de carácter sexual al adolescente, que lo consentía debido a que tenía su libertad condicionada por los sentimientos que albergaba hacia el hombre. La víctima denunció estos hechos en 2017. El juzgado considera probado estos abusos e impone por ellos al encausado una pena de dos años de cárcel, tras aplicar la atenuante de dilaciones indebidas. En cambio, le absuelve de los otros delitos de los que estaba acusado al considerar que no ha quedado probado que pagara a un segundo menor para mantener relaciones sexuales ni que elaborara material pornográfico tras fotografiar a otros adolescentes y jóvenes. La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Alicante.
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Un Juzgado de Ávila ordena el ingreso en prisión de un condenado a 4 meses por desobediencia grave para evitar que robe aprovechando el Estado de Alarma (Fri, 03 Apr 2020)
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Arenas de San Pedro (Ávila) ha condenado a cuatro meses de prisión por un delito de desobediencia grave a un hombre, detenido durante un robo, por incumplir en 4 ocasiones la orden de confinamiento. La última de ellas ocurrió este jueves, cuando fue sorprendido por agentes de la Guardia Civil cometiendo un delito de robo con fuerza en una vivienda de la localidad. El condenado ya había sido detenido por incumplir el confinamiento los días 23, 28 y 29 de marzo y apercibido por otro juez de que si volvía a hacerlo, incurriría en un delito de desobediencia. La jueza, además, rechaza suspenderle la pena de prisión pese a que es inferior a dos años y ordena su ingreso en la cárcel para evitar, no sólo que siga burlando el Estado de Alarma y las limitaciones a la movilidad, sino que se aproveche de esta situación de emergencia para cometer robos. Según se recoge en la resolución, existen "indicios suficientes" de que el joven, de 19 años, está "aprovechando el bajo índice de movilidad para cometer actos contra la propiedad, como el robo con fuerza en casa habitada que también se reflejaba en el atestado iniciador de este procedimiento", delito por el que se sigue una investigación distinta. Además, la jueza añade que no puede desconocerse que "en la actual situación de estado de alerta, pone en riesgo la salud pública, al poder constituir el mantenimiento del contagio, y que aconseja que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan tener cierta rapidez de movimientos, en lugar de perseguir a las personas que, contumazmente, quebrantan las directrices del Real Decreto regulador del estado de alarma".
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Un Juzgado de Salamanca ordena a la Junta que proporcione equipos de protección a los trabajadores de un centro de discapacitados psíquicos (Thu, 02 Apr 2020)
El Juzgado de lo Social 2 de Salamanca ha estimado parcialmente la petición de medidas cautelares presentada por el sindicato CC.OO. y ha ordenado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (Gerencia de Servicios Sociales) de la Junta de Castilla y León que provea a los trabajadores del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica (CAMP) de equipos de protección frente al coronavirus. El Juzgado urge a la Junta de Castilla y León para que suministre al personal asistencial y no asistencial que tenga contacto con personas sintomáticas mascarillas FPP2, gafas de protección, calzas específicas, batas y mandiles impermeables, así como que se proceda a la instalación de contenedores para residuos especialmente peligrosos.
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Las causas con preso se siguen tramitando con normalidad en Canarias (Thu, 02 Apr 2020)
A pesar de las restricciones derivadas de la cuarentena por coronavirus, los órganos judiciales canarios mantienen al día los procesos en los que se encuentran involucradas personas privadas de libertad que podrían sufrir perjuicios irreparables de demorarse la resolución de sus casos. Igualmente funcionan con normalidad y celeridad los juzgados de guardia (de casos ordinarios y de Violencia sobre la Mujer de todo el Archipiélago) en aquellos casos en lo que hay personas detenidas. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias celebró hoy, gracias a la colaboración de la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) y del fiscal superior de Canarias, la vista de apelación por vía telemática para revisar, a instancias de la defensa, el caso de Alfonso P.A., un vecino de Puerto del Rosario condenado en noviembre de 2019 a 10 años de prisión como autor de un delito de homicidio, al declararle el jurado culpable de matar a su sobrino de dos puñaladas en 11 de mayo de 2018. El Ministerio Fiscal interesó la desestimación del recurso y la confirmación del fallo de instancia. El caso quedó visto para sentencia. Condena en Tenerife Por otro lado, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebró el pasado lunes la vista de conformidad que cerró la causa contra el tinerfeño Jovino G.G. como autor confeso de un delito de agresión sexual en grado de tentativa. La sentencia firme le impone tres años de prisión y cinco años de libertad vigilada con prohibición de acercarse a la víctima. Además, el condenado deberá indemnizarla con 4.000 euros y someterse a un programa de reeducación sexual.
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Condenada por salir a burlarse de los teldenses en los balcones (Thu, 02 Apr 2020)
El Juzgado de Instrucción número dos de Telde (Las Palmas) ha condenado hoy a una multa de 960 euros por un delito de desobediencia grave a la autoridad a una vecina de Santa Cruz de Tenerife de 24 años que en la noche del pasado martes deambuló sin razón justificada por la calle Ocho de marzo de la ciudad grancanaria y se dedicó a increpar a los vecinos que se encontraban en sus balcones cumpliendo con las medidas decretadas por el gobierno para luchar contra el coronavirus. Según detalla la sentencia de conformidad dictada por la magistrada Virginia Peña, hoy en funciones de guardia, sobre las 22.50 horas de este martes la ahora condenada se encontraba “increpando a varios vecinos asomados a sus balcones en la calle Ocho de marzo del municipio de Telde, a pesar de tener pleno conocimiento de la vigencia del estado de alarma acordado en el Real Decreto 463/2020”. Agrega la sentencia que, al percatarse de la presencia de la policía, la encausada “emprendió la huida a pie, sin atender a las indicaciones de alto que se le realizaban”. Una vez que los agentes consiguieron detener su marcha, la acusada “se negó a identificarse, y manifestó a los agentes que no iba a colaborar con ellos”. La mujer, que pasó la noche en el calabozo, confesó su delito y aceptó la condena, para así beneficiarse de una atenuación en la pena. El fallo es firme. De paseo en coche De otro lado, el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, actualmente de guardia, condenó hoy a dos varones de 55 y 56 años en sentencia de conformidad por juicio rápido a seis y cuatro meses de prisión como autores de un delito de desobediencia grave a la autoridad. Las condenas quedaron en suspenso a condición de que los acusados no vuelvan a delinquir. Según relata la sentencia, ambos acusados habían sido amonestados verbalmente en varias ocasiones a lo largo del confinamiento por no respetar la orden de reclusión, y en pasados días se introdujeron en un coche “y circularon por itinerarios desconocidos sin justa causa”, estacionando en una calle de la capital tinerfeña y “poniéndose a dialogar entre ellos”. Cuando fueron abordados para dar explicaciones por agentes de la Policía, los dos acusados “se negaron rotundamente a abandonar el lugar”, diciéndoles a los agentes que no iban a volver a sus domicilios, por lo que se produjo su detención. La sentencia es firme. Bebiendo cerveza en la calle Por último, el Juzgado de Instrucción número uno de Las Palmas de Gran Canaria impuso hoy una condena de 2.160 euros (un año de multa con cuota diaria de seis euros) a una vecina de Las Palmas de 40 años que fue sorprendida por la Policía bebiendo cervezas con otras personas en la vía pública. Según detalla el fallo de conformidad dictado por el Juzgado en funciones de guardia tras juicio rápido, sobre las 15 horas de ayer, martes, la acusada “se encontraba tomando cerveza en compañía de otras dos personas en la vía pública”, en la calle capitalina de Eufemiano Jurado. Al observar este hecho, agentes del Cuerpo Nacional de Policía se aproximaron a los infractores y les indicaron que debía proceder a retornar a sus domicilios. Mientras dos de los interpelados acataron la orden, sigue el fallo, la acusada, con pleno conocimiento de la orden de confinamiento y plena conciencia de las consecuencias de su actitud, “se negó a ello mientras se dirigía de forma despectiva a los agentes con expresiones tales como vete de aquí, chulo de mierda”, así como negándose de forma reiterada a identificarse”. Llegó a encararse con uno de los agentes, por lo que se procedió a su detención.
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La Audiencia Nacional rechaza la reclamación de Laureano Oubiña por responsabilidad Patrimonial de Interior por la no refundición de sus condenas (Thu, 12 Mar 2020)
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por Laureano Oubiña por los daños causados por Instituciones Penitenciarias por la no refundición de sus condenas, lo que, a su juicio, le ha supuesto un retraso en la concesión del tercer grado y de la libertad condicional. Oubiña reclamaba una cantidad al Estado de 300.000 euros. La Sección Quinta señala en su sentencia que, tal y como apunta la resolución recurrida del Ministerio del Interior, así como la Abogacía del Estado en su informe, la reclamación estaría prescrita al haber transcurrido más de un año desde el hecho que motivó la supuesta indemnización y no concurre ninguno de los requisitos exigidos para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial. La Sala indica que el licenciamiento definitivo de las penas privativas de libertad no está atribuido a la administración penitenciaria, sino al juez o tribunal sentenciador, sin que ningún otro órgano administrativo o judicial diferente pueda revisar dicha decisión. En este sentido, el Tribunal Supremo ya denegó el recurso de casación planteado por Oubiña para la unificación de doctrina en materia penitenciaria. La sentencia explica que la concesión de la libertad condicional, la refundición de condenas y la concesión o denegación de beneficios penitenciarios es competencia del juez de vigilancia penitenciaria, tal y como establece el artículo 76 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria, “pudiendo el penado presentar las quejas e interponer los recursos que considere oportunos, lo que consta ha hecho reiteradamente”. Considera, por tanto, que “no se constata ninguna irregularidad en la actuación del centro penitenciario en relación a dichas cuestiones, al que sólo le corresponde hacer propuestas, no resolver el expediente”. La Sala añade que tras la oportuna liquidación de sus condenas, si el recurrente consideraba que se producía un constatado exceso de permanencia en prisión, debió seguir la vía de la declaración de error judicial, tal y como se contempla en el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero “Ni siquiera el procedimiento por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia serviría -añaden los jueces- para revisar autos firmes, ni para declarar erróneas liquidaciones de condenas, resolviendo sobre si procedería haber computado mayores beneficios penitenciarios”.
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La Audiencia Nacional rechaza la responsabilidad patrimonial del Banco de España por los perjuicios causados en la operación de venta del Banco Popular (Wed, 11 Mar 2020)
La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso que interpuso una empresa accionista del Popular contra el acuerdo del Banco de España que inadmitió la reclamación por responsabilidad patrimonial. La recurrente solicitaba 123.991 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados tras la resolución del Banco Popular acordada por la Junta Única de Resolución de 7 de junio de 2017, que supuso la venta de la entidad al Banco Santander. En su recurso argumentaba que el Banco de España había incumplido sus funciones de supervisión y solvencia de las entidades de crédito. La Sección Quinta de lo Contencioso analiza en su sentencia el mecanismo único de supervisión que armoniza la unión Bancaria en Europa y que se diseña en el Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013. Esa normativa encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito. El mecanismo está integrado por el Banco Central Europeo y por las autoridades nacionales competentes, aunque es el primero “el responsable del funcionamiento eficaz y coherente”, sin perjuicio del deber de cooperación legal y de la obligación de intercambiar información. La sentencia, ponencia del presidente de la Sección José Luis Gil Ibáñez, explica que dado el número de entidades de crédito establecidas en la zona euro, la supervisión del Banco Central Europeo se ejecuta según la importancia de las entidades: La institución europea supervisa directamente las entidades calificadas de “significativas” mientras que las “menos significativas” son supervisadas directamente por las autoridades nacionales, sin perjuicio de una supervisión indirecta por el Banco Central Europeo. La Sala recuerda que desde el 4 de noviembre de 2014 (artículo 33 del Reglamento) el Banco Central Europeo asumió de forma efectiva las responsabilidades supervisoras; la sentencia indica que se realizó una “reasignación de responsabilidades supervisoras, que se trasladan del ámbito nacional al Banco Central Europeo, en especial, en cuanto a las entidades significativas, entre las que se encontró el Banco Popular”. El tribunal concluye que si el Banco de España carecía de competencias en materia de supervisión del Banco Popular, “es conforme con el ordenamiento jurídico la decisión de inadmitir la reclamación formulada en concepto de responsabilidad patrimonial por el supuesto incumplimiento de unas funciones supervisoras de las que carecía dada la ausencia de título de imputación”. Por tanto, la función supervisora del Banco de España se residencia en las entidades que no están sujetas a la supervisión directa del Banco Central Europeo, sin perjuicio de la colaboración- señala la sentencia- o de las actuaciones de la autoridad nacional que se prevean, “bien con carácter general en las propias normas comunitarias, bien con carácter específico en el marco de esas mismas y con referencia a las españolas, así como de las que procedan con autoridades de otros Estados”. La sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo  
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La Audiencia Nacional confirma que ‘Hazteoir’ no debe ser reconocida como entidad de utilidad pública (Wed, 11 Mar 2020)
La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso interpuesto por la Asociación ‘Hazteoir’ contra la resolución de 4 de febrero de 2019 del Ministerio del Interior que revocó la declaración de utilidad pública a esta asociación, por su campaña publicitaria HOBus. El tribunal concluye que, con la mencionada campaña publicitaria Hazteoir incumplió el deber de promover el interés general, en uno de sus aspectos, el de la tolerancia, previsto en la ley que regula el derecho de asociación y la declaración de utilidad pública. En 2017, Hazteoir llevó a cabo una campaña publicitaria en autobús por las calles de Madrid, cuyo lema era “Los niños tienen pene; las niñas vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”. A raíz de esta campaña, el Ministerio del Interior revocó el 4 de febrero de 2019 la declaración de utilidad pública que esta entidad ostentaba desde 2013. La resolución de Interior se basaba en dos motivos: el incumplimiento del plazo de 6 meses de presentación de las cuentas anuales de 2017 y, en segundo lugar -y motivo esencial para el Ministerio- el hecho de que Hazteoir no contribuía a promover el interés general, tal y como se exige a las entidades de utilidad pública. En este sentido, el ministerio argumentaba que con los mensajes de la campaña se faltó al respeto a las personas con una orientación sexual distinta al ideario defendido por la asociación. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso analiza en su sentencia la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del derecho de asociación y de los requisitos para obtener la declaración de utilidad pública. El tribunal concluye que la recurrente “incumplió el deber de “promover el interés general” en uno de los aspectos recogidos en el artículo 32.1 de la mencionada ley, el de la “tolerancia” con el significado de “respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias” (Diccionario de la lengua española. RAE)”. La sentencia, ponencia del magistrado Jesús García Paredes explica que es incompatible la realización de estas actividades, con el otorgamiento de ayudas y subvenciones por parte de las diferentes Administraciones públicas a una asociación “que identifica la promoción del interés general con la de su ideario”. La Sala recuerda que la diferencia entre una asociación ordinaria y una reconocida al amparo de la L.O. 1/2002 “es precisamente, ese “plus” de su “participación” en actividades de interés general” y por ello la declaración de utilidad pública conlleva una serie de beneficios económicos. Los magistrados añaden que la recurrente se ha beneficiado del reconocimiento de utilidad pública pero con sus actividades se aleja de promover el interés general al sustituirlo “por el de la promoción de su interés particular, enervando el fomento de la “tolerancia” a la hora de afrontar la problemática que deriva de la identidad de género, es decir, “la orientación sexual”.  
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