Noticias jurídicas

Desde esta sección le mantendremos informado de todas aquellas resoluciones judiciales de especial trascendencia 

El Tribunal Supremo considera discriminatorio el requisito de ser de la Asociación de Futbolistas Españoles para acceder al Plan de Ahorro de futbolistas (Fri, 24 Jan 2020)
La Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del artículo del Reglamento del Plan de Ahorro de Futbolistas de 20 de diciembre de 2016, que obligaba a estar afiliado a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para tener la condición de Asegurado en Activo de dicho Plan, al considerar que ese requisito es discriminatorio con quienes optan por no pertenecer a ningún sindicato o hacerlo a otro, y vulnera el derecho a la libertad sindical. El Supremo desestima el recurso de casación de la AFE y confirma la sentencia de la Audiencia Nacional, que dio la razón al Sindicato de Futbolistas "Futbolistas On". El alto tribunal entiende que vulnera la libertad sindical que determinado beneficio como el derivado del Plan de Ahorro, que se financia por la patronal –la Liga de Fútbol Profesional-, con cargo a la explotación de los derechos audiovisuales de sus miembros, se restrinja a quienes están afiliados a un sindicato, aunque fuese el único existente en el sector en el momento del acuerdo. La sentencia destaca que el sindicato “Futbolistas On” tiene legitimación activa para la impugnación realizada aunque naciese con posterioridad al pacto de fin de huelga y al Reglamento del Plan de ahorro que desarrolló el anterior, ya que posee implantación y vinculación con el objeto litigioso. Para el alto tribunal, “restringir un beneficio que financia la organización patronal del sector a quienes acreditan afiliación a determinado sindicato (con exclusión de quienes optan por o pertenecer a ninguno o por incorporarse a otro) constituye un supuesto claro de desigualdad proscrita por nuestro marco protector de la libertad sindical. Las circunstancias cronológicas en que se pretende cimentar la validez de ese resultado (subrayando que AFE era el único sindicato sectorial) carecen de relevancia pues, como queda expuesto, aunque no se hubiera creado el sindicato ON, las referidas previsiones merecerían igual valoración. Porque no se trata solo de que quiebre el principio de no discriminación entre organizaciones sindicales, sino también de que deja de respetarse la libertad sindical individual”. El Supremo considera acertado el argumento nuclear de la Audiencia para declarar la nulidad radical de la exigencia de estar afiliado a la AFE para beneficiarse del Plan de Ahorro, y es que concurre una vulneración la libertad sindical, al desprenderse de su contenido ‘una presión indirecta para la afiliación de los trabajadores a la AFE que sitúa a un sindicato en una posición superior a los demás lo que constituye un acto de presión o injerencia lesivo a la libertad sindical’, en palabras de la sentencia de la Audiencia. “Por cuanto antecede –continúan los magistrados--, son estériles las justificaciones del recurso sobre la ausencia de ON en la gestación del acuerdo de 2015; la sentencia de la Audiencia Nacional recurrida en modo alguno considera que se ha producido vulneración de libertad sindical por tal motivo y ni siquiera el demandante lo sostuvo. Ni el Acuerdo de 2015 avala la tesis del recurrente (pues realmente no prevé la creación de beneficios restringidos para la AFE o sus afiliados), ni está en cuestión la intervención de ON en su negociación, ni estamos ante cuestión relevante para este procedimiento”.
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El Tribunal Supremo condena a un profesor de universidad a pagar 3.000 euros a un alumno de doctorado por copiar su trabajo de investigación (Fri, 24 Jan 2020)
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena al profesor titular de Historia del Derecho en la Universidad de Burgos a pagar una indemnización de 3.000 euros por daño moral a un alumno de doctorado al considerar acreditado que copió literalmente en dos publicaciones suyas epígrafes del trabajo de investigación, que realizó este último bajo su dirección. El tribunal desestima el recurso de casación planteado por el profesor y confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que declaró que el profesor había vulnerado el derecho de autor del alumno, por lo que, además de condenarle al pago de dicha indemnización, ordenó la publicación de la sentencia o al menos del contenido íntegro del fallo en la Revista Jurídica de Castilla y León, a costa del demandado. La sentencia recurrida corrigió a un juzgado de lo Mercantil de Burgos que rechazó la demanda y absolvió al profesor. Los hechos probados recogen que el acusado realizó en 2009 dentro de un programa de doctorado un trabajo de investigación titulado “Las Leyes de Burgos, precedente del derecho internacional y del reconocimiento de los derechos humanos”, bajo la dirección de Rafael Sánchez Domingo, que se publicó en el repositorio institucional de la biblioteca de la Universidad de Burgos. Tres años más tarde, parte de ese trabajo - los epígrafes 2 y 3-, apareció reproducida de forma prácticamente literal en dos publicaciones del profesor condenado. En concreto en el capítulo VI del libro “Las Leyes de Burgos de 1512 y centenario”, que redactó el profesor, y en el artículo “Las Leyes de Burgos de 1512 y la doctrina jurídica de la conquista. Antes de realizar su trabajo, según los hechos probados, el alumno dio una conferencia sobre las Leyes de Burgos en un curso organizado por el recurrente, que así se lo pidió tras la ausencia del profesor que tenía que impartirla. El profesor alegó que las ideas del alumno se las había dado él En su sentencia, el tribunal rechaza el alegato del profesor que defendía en su recurso que la parte reproducida del trabajo del profesor carecía de originalidad porque las ideas expuestas no eran una creación intelectual suya, sino que se las había dado él antes para dar una conferencia en 2009, y porque no suponían una novedad en el campo de la ciencia jurídica, ni desde el punto de vista de su contenido ni desde el de la expresión de las ideas. La Sala explica que es cierto que cualquier texto escrito no goza por sí solo de originalidad, ya que se exige un mínimo de creatividad intelectual, pero afirma que “esa exigencia de creatividad no justifica que, en un ámbito como el del presente recurso (estudios de Historia del Derecho), se asocie con el juicio que sobre la originalidad de las ideas expuestas pudieran hacer los conocedores de la materia, sino con la forma en que son expuestas. De tal modo que, al margen de que lo revelado en esos epígrafes 2 y 3 del trabajo del Sr. x pudiera ser ya conocido en esa especialidad de la Historia del Derecho, lo verdaderamente relevante es que, sin perjuicio de las pertinentes citas de las fuentes de las que se tomó este conocimiento, la forma en que se expuso difería de lo ya existente y no constituía un lugar común”. En un caso como el presente en que la reproducción de los epígrafes se ha realizado de forma prácticamente literal, según la sentencia, “no cabe escudarse en que las ideas transmitidas constituían un conocimiento común para negar originalidad a la obra parcialmente reproducida. El plagio se verifica con la reproducción literal del texto”. La Sala señala que es lógico que quien dirige un trabajo universitario de investigación en un programa de doctorado haya podido contribuir de alguna forma al trabajo elaborado por el alumno, por las ideas, orientaciones y sugerencias que le haya hecho en la dirección del trabajo. “Pero esta labor de dirección no justifica por sí una presunción de que la autoría total o parcial del trabajo corresponde al director del trabajo de investigación, a menos que esas partes del trabajo ya estén publicadas antes por el director”, subraya el tribunal. Además, según la sentencia, el hecho de que las ideas transcritas en los epígrafes 2 y 3 del trabajo del Sr. x provinieran de una previa conferencia impartida por este señor, a instancia del Sr. x, no prueba que hubieran sido transmitidas por este. Añade que el trabajo de investigación, que fue publicado en el repositorio de la biblioteca de la Universidad de Burgos, “tendría la consideración de obra literaria científica”, dentro del área de conocimiento de la Historia del Derecho y, por tanto, “es susceptible de generar derechos de propiedad intelectual” en la medida en que se encuadra en el artículo 10.1.a de la ley de Propiedad Intelectual. Dicho artículo dispone que son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza. Recuerda que las creaciones científicas “no son objeto de propiedad intelectual por razón de su contenido –ideas, procedimientos, sistemas, métodos operativos, conceptos, principios, descubrimientos…- ni de la formación o experiencia de quienes las realizan, impulsan o de los esfuerzos de quienes las financian, sino sólo por la forma literaria o artística de su expresión”.  
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El Tribunal Supremo fija que el consentimiento de la víctima de violencia de género en cuyo favor se fija una prohibición de acercamiento como pena no es atenuante (Tue, 21 Jan 2020)
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha señalado en una sentencia que el consentimiento de la persona en cuyo favor se fija como condena una prohibición de acercamiento no es idóneo para sustentar una atenuante analógica. El TS desestima el recurso de un hombre condenado por quebrantar la prohibición de acercamiento a su pareja que tenía impuesta por haberla amenazado de manera continuada con anterioridad. La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente la magistrada Ana María Ferrer, destaca que “el cumplimiento de una pena o medida cautelar impuesta por un Tribunal como consecuencia de la comisión de un delito público no puede quedar al arbitrio del condenado o de la víctima, ni siquiera en los casos en los que las mismas se orienten a la protección de aquella”. Así, recuerda que “la necesidad de proteger de manera efectiva a quienes son víctimas de la violencia de género emerge hoy como un interés colectivo indisponible, que ha desembocado en todo un esquema legal orientado a tal fin, y que desde esta perspectiva ha sido interpretado por esta Sala”. Según los hechos probados de la sentencia ahora confirmada, el 13 de febrero de 2015, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n° 1 de Alcalá de Henares (Madrid) condenó al acusado como autor de un delito continuado de amenazas en el ámbito de la violencia de género, a penas, entre otras, de 5 meses de prisión, con prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 500 metros de quien había sido su pareja sentimental, a su persona, domicilio o cualquier lugar en el que se encontrase, y prohibición de comunicar con ella, ambas prohibiciones por tiempo de 16 meses. El mismo 13 de febrero de 2015 la sentencia se declaró firme y el acusado fue requerido de cumplimiento de las penas de prohibición de aproximación y de comunicación desde ese mismo día siendo advertido de que, en caso de incumplimiento, podría incurrir en un delito de quebrantamiento de condena castigado con pena privativa de libertad, estableciéndose, al efectuar la liquidación de condena, que estas penas se extinguían por cumplimiento el 6 de junio de 2016. En la misma fecha de 13 de febrero de 2015, a solicitud de la defensa, se acordó por el mismo Juzgado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta condicionada a que el condenado no delinquiera en el plazo de dos años y a que cumpliera dentro del mismo plazo, entre otras, las obligaciones y deberes de prohibición de aproximarse a su pareja en un radio de 500 metros o comunicarse con ella, siendo expresamente advertido de que el incumplimiento de tales obligaciones supondría la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, sin posibilidad de nueva prórroga. Pese a ello, durante el período de cumplimiento de las referidas penas, sobre las 10,15 horas del 26 de diciembre de 2015, “con ánimo de menoscabar el principio de autoridad. conociendo la existencia y vigencia de dichas penas, el acusado se encontraba alojado, en compañía de (su pareja, la mujer a quien tenía prohibido aproximarse)” en un hotel de Madrid, donde fue detenido. El recurrente entendía que de los términos de ese relato se deducía que existió consentimiento de la que había sido pareja del acusado, a quien tenía prohibido acercarse, lo que ampararía un atenuante de acuerdo a criterios de las audiencias provinciales de Vizcaya o Sevilla. En primer lugar, la Sala indica que su jurisprudencia es unívoca desde un Pleno no jurisdiccional celebrado enero de 2008, al considerar que “el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del artículo 468.2 del Código Penal (delito de quebrantamiento de condena)”. En línea con ello, añaden los magistrados, claudica cualquier posibilidad de anclar en el consentimiento de la persona que, además de la condenada, se ve afectada por alguna de las prohibiciones de acercamiento en su condición del víctimas del delito generador de las mismas, la “análoga significación” que faculta la construcción de una atenuante. Todo ello sin perjuicio de que pueda ser un factor a tomar en cuenta a la hora de individualizar la pena.  
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Sobreseída la causa de las subvenciones al Racing de Santander (Tue, 21 Jan 2020)
 Se apoya en informes que apuntan a que los gastos corrientes del Racing también eran subvencionables porque “el fin general de la subvención era el fortalecimiento financiero” de la entidad deportiva     Santander, 21 de enero de 2020.-   El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander ha sobreseído la causa abierta para investigar las subvenciones que desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria se destinaron al Real Racing Club de Santander durante varios ejercicios.   En un auto dado a conocer hoy, el magistrado señala que “de las diligencias practicadas no resultan indicios de delito”.   Y añade: “Queda acreditado documentalmente que las cantidades percibidas por Real Racing Club de Santander durante los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009 estaban justificadas y se acomodaban a las condiciones del Convenio de 30 de enero de 2006 y el Decreto de Subvenciones 161/05, así como el cumplimiento de los sucesivos trámites administrativos”. Se refiere en este punto al propio pago por parte del Gobierno de Cantabria, a la presentación por el Racing de la relación de gastos subvencionables, a la certificación del director general de Deportes de tal justificación, a la justificación de estar al corriente de deudas, y al documento de pago firmado por el consejero de Deportes y la Intervención del Gobierno de Cantabria.   “Ello es así pese a que, tal y como indica el Ministerio Fiscal en su informe de 14 de enero de 2020, aun cuando los investigados no comprobaron materialmente si los justificados por el club estaban destinados a cumplir los fines del mencionado Convenio”, señala el auto.   Para entender que esas cantidades se acomodan al Convenio y al Decreto de Subvenciones, el magistrado se refiere a la interpretación del Tribunal de Cuentas y a un informe de la administración: “A la luz de la interpretación amplia del mismo efectuada por el Tribunal de Cuentas en autos de 3-11-2014 y 12-11-2015 y el informe de la Dirección General de 16 de abril de 2019, cabe concluir que los gastos corrientes del club también eran subvencionables y no solo los de la promoción turística de Cantabria, puesto que el fin general de la subvención era el fortalecimiento financiero del club”.   Por otro lado, el auto también alude a las subvenciones del ejercicio 2011 que no llevaron el mismo trámite que las de ejercicios anteriores porque el documento de pago no vino precedido por el certificado de justificación de los fines del entonces director general.   Señala el magistrado en este punto que tal subvención “se acomodaba a iguales fines, y las certificaciones de Seguridad Social y Hacienda acreditan que Real Racing Club estaba al corriente del pago de sus obligaciones”.   Por todo ello, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, resolución que no es firme y puede ser recurrida en reforma ante el propio órgano judicial en un plazo de tres días y en apelación ante la Audiencia Provincial en cinco días.
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Condenado por intentar sacar de territorio nacional el cuadro de Pablo Picasso ‘Cabeza de mujer joven’ (Thu, 16 Jan 2020)
El juzgado de lo Penal nº 27 de Madrid ha condenado a Jaime B. a dieciocho meses de prisión por un delito de contrabando de bienes culturales por intentar sacar de territorio nacional sin permiso alguno el cuadro de Pablo Picasso ‘Cabeza de mujer joven’. En la sentencia, sobre la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, se establece que la propiedad del cuadro sea del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Además, se le impone una multa de 52,4 millones de euros, el doble de la tasación de la obra pictórica, con responsabilidad subsidiaria, en caso de impago, de dos meses de privación de libertad. El procesado ha sido también condenado al pago de las costas procesales, incluidas las de la Abogacía del Estado.
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El juez abre juicio oral en tres piezas separadas del caso ERE por las ayudas a Calderinox, Novomag y un grupo de empresas vinculadas al corcho (Fri, 17 Jan 2020)
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado con fecha 14 de enero de 2020 tres autos de apertura de juicio oral contra un total de 17 personas investigadas en tres piezas separadas del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) abiertas por las ayudas a Calderinox, Novomag Manufacturas Metálicas y a un grupo de empresas vinculadas al corcho, como son Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera. En el auto relativo a este último grupo de empresas del corcho, notificado hoy viernes a las partes personadas, el magistrado abre juicio oral y tiene por formulada la acusación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos contra un total de seis investigados, como presuntos responsables penales, y contra las empresas referidas y una entidad bancaria en calidad de responsables civiles subsidiarios. En este sentido, el juez requiere a los acusados y responsables civiles subsidiarios para que, en el plazo de un día, presten fianzas que oscilan entre 601.012 y 11.000.000 euros, todo ello a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, advirtiéndoles de que, en caso de no prestar las fianzas impuestas, “se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar” las sumas señaladas. El instructor ha ordenado la apertura de juicio oral después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el PP-A hayan presentado sus respectivos escritos de acusación contra los investigados. Los seis investigados son A.R.B., vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado; el coadministrador de las empresas, R.B.M.; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, identificado como F.P.M.O.; S.M.M.B., como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas mencionadas; el que fuera delegado provincial del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla, M.E.R.C., y un responsable de una entidad bancaria, G.C.E., que “facilitó mediante su firma” la obtención “fraudulenta” del pago de una ayuda a Servicios y Mantenimiento de Cazalla, según señaló el juez en el auto de 16 de octubre donde acordó continuar como procedimiento abreviado la causa. El Ministerio Público, en su escrito de acusación, considera que los seis investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que ha solicitado para A.R.B. la pena de 7 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para R.B.M., F.P.M.O., y S.M.M.B., y 4 años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para los otros dos acusados, así como el pago de distintas indemnizaciones a favor de la Junta de Andalucía. Calderinox y Novomag En otro auto, referente a Calderinox, el juez abre juicio oral y tiene por formulada la acusación por presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos contra un total de seis investigados, entre ellos dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía, como presuntos responsables penales, y contra las entidades Uniter y Federación de Industria de CC.OO.-A en calidad de responsables civiles subsidiarios. Asimismo, el juez requiere a cinco de los acusados y responsables civiles subsidiarios para que, en el plazo de un día, presten fianzas que oscilan entre 227.000 y 275.000 euros a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, advirtiéndoles igualmente de que, en caso de no prestar las fianzas impuestas, “se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar” las sumas señaladas. En el tercer auto, relativo a Novomag Manufacturas Metálicas, el magistrado abre juicio oral y tiene por formulada la acusación por presuntos delitos de prevaricación y malversación contra un total de cinco investigados, como presuntos responsables penales, y contra la referida empresa en calidad de responsable civil subsidiario. El juez requiere a los acusados y a la entidad para que, en el plazo de un día, presten cada uno de ellos una fianza de 600.000 euros. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para cada uno de los investigados 3 años de cárcel y 8 años y 3 meses de inhabilitación absoluta y que, en concepto de responsabilidad civil, indemnicen a la Junta en la cantidad de 420.708,47 euros. El juez, en todos los casos, declara a la Audiencia Provincial de Sevilla órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa.
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La Audiencia de Sevilla fija para el 4 de mayo el inicio del juicio con jurado popular contra siete acusados por el triple crimen ocurrido en Dos Hermanas en 2017 (Wed, 15 Jan 2020)
La Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado para el día 4 de mayo de 2020 el inicio del juicio con jurado popular contra las siete personas acusadas en relación al triple crimen ocurrido en la localidad de Dos Hermanas en septiembre del año 2017, en el que perdieron la vida una joven de 26 años, su hija de 3 años, y la pareja sentimental de la primera. En un auto dictado el día 14 de enero y notificado a las partes hoy miércoles, el magistrado-presidente del juicio con jurado popular fija los hechos justiciables, recoge las calificaciones y alegaciones realizadas por todas las partes y fija para el día 4 de mayo la constitución del jurado, mientras que la vista oral se iniciará el 5 de mayo “en tantas sesiones sucesivas de mañana que sean precisas”. De este modo, y una vez se constituya el jurado, el día 5 de mayo está prevista la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas en este procedimiento; los días 6 y 7 de mayo prestarán declaración los siete acusados, y el día 8 de mayo comenzarán las declaraciones de los testigos (incluidos testigos protegidos), de los agentes de la Policía Nacional que participaron en la investigación de los hechos y de los peritos, estando previsto que las conclusiones definitivas y los informes finales tengan lugar a partir del 20 de mayo, tras lo que posteriormente el jurado recibirá el objeto del veredicto y se retirará a deliberar sobre la culpabilidad o no culpabilidad de los encausados. El magistrado-presidente acuerda que la prueba de los testigos protegidos, prevista para el día 8 de mayo, se celebre a puerta cerrada “para preservar su seguridad y tranquilidad”, adoptándose las medidas pertinentes “para evitar el contacto visual entre los testigos y acusados”. Asimismo, “no se facilitará a las partes la identidad de los testigos protegidos para preservar su seguridad en atención a la gravedad de los hechos enjuiciados que denotan una extrema peligrosidad”. En el auto, el magistrado-presidente admite todas las pruebas propuestas por la Fiscalía, a excepción de la prueba relativa a la diligencia de reconstrucción de los hechos, inadmitiendo la documental de todas las partes relativa a las declaraciones de los acusados y testigos, así como la parte de los atestados y oficios policiales que contengan declaraciones de acusados y testigos y conclusiones de la Policía Judicial que no sean pruebas periciales. Asimismo, el magistrado no admite las testificales y periciales de las acusaciones particulares ni de las defensas de los acusados que no haya propuesto el Ministerio Público, “sin perjuicio de que en el plazo de 15 días naturales a partir de la notificación de esta resolución expliquen su trascendencia y relevancia para esclarecer los hechos enjuiciados”. Los siete acusados, de modo genérico, serán juzgados por presuntos delitos de detención ilegal, asesinato, encubrimiento y tenencia ilícita de armas. En este sentido, la Fiscalía pide tres penas de prisión permanente revisable –una por cada uno de los tres delitos de asesinato que les atribuye- para 5 de los 7 acusados.
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La Audiencia Nacional condena al Estado a indemnizar con 182.000 euros a la familia del periodista José Couso por omisión de protección diplomática (Mon, 13 Jan 2020)
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso interpuesto por la esposa del cámara de TV José Couso contra la desestimación por silencio de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración a causa de la omisión de protección diplomática en relación con el fallecimiento de su esposo durante la toma de Bagdad (Irak), el 8 de abril de 2003. La Sala reconoce una indemnización en favor de la viuda de Couso de casi 100.00 euros y de más de 41.000 para cada uno de sus dos hijos menores cuando ocurrieron los hechos. La tramitación del proceso se suspendió hace años en tanto no se resolviese, primero por el Tribunal Supremo y luego por el Tribunal Constitucional, la cuestión relativa al sobreseimiento de la causa penal tramitada por estos hechos como consecuencia de la modificación del régimen jurídico de la denominada “jurisdicción universal”. La sentencia toma como punto de partida que ya en 2016 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo declaró que la muerte de Couso constituyó un ilícito internacional, así como el hecho de que la demandante carecía de la posibilidad efectiva de obtener una reparación razonable directamente de los tribunales estadounidenses. A partir de estos presupuestos, la Audiencia considera que el Estado debió ejercer la protección diplomática en favor de los familiares del Sr. Couso, consistente en “un procedimiento de aplicación del derecho internacional, en virtud del cual un Estado realiza en favor de uno de sus nacionales diversas acciones ante otro Estado que ha incurrido en un ilícito internacional a fin de que este último cese en un comportamiento ilícito cometido en la persona de uno de sus nacionales y, en su caso, repare el daño causado por su conducta constitutiva de ilícito internacional.” La actitud pasiva de las sucesivas Administraciones en relación a lo que la sentencia de la Audiencia Nacional considera una obligación de dispensa de protección a su nacional es lo que motiva la condena de la Administración. Se rechaza así que en este concreto supuesto la dispensa de protección internacional tuviera carácter discrecional. La Sala considera que “las circunstancias del caso hacían exigible que el estado desenvolviera su actividad diplomática en favor de los perjudicados por el fallecimiento del señor Couso. Sin embargo, (y esto no ha sido puesto en cuestión en la contestación a la demanda) la Administración General del Estado se limitó a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por la Administración de los Estados Unidos en el sentido de que el ataque al hotel Palestina se encontraba justificado y que el fallecimiento del señor Couso fue un lamentable accidente”. El Tribunal hace constar que no hubo ninguna gestión por parte de la Administración General del Estado. “No consta la realización de gestión alguna tendente, no ya al reconocimiento de la ilicitud del ataque (sobre la que se lamenta la ya citada sentencia del TS de la Sala Segunda) sino a la reparación de sus consecuencias patrimoniales de un modo razonable. Y ello pese a las muy numerosas peticiones que al respecto se formularon por diversos grupos parlamentarios, según consta en el expediente administrativo”. Ahora bien, dado que el éxito de la protección diplomática que se echa en falta era incierto, la sentencia modera la indemnización que por hechos semejantes reconocen habitualmente las autoridades americanas. La cantidad así limitada cubre la indemnización que solicitaba la viuda de Couso en razón del fallecimiento de su esposo y se rechazan otros conceptos indemnizatorios. Finalmente, la sentencia resalta que, además del derecho de la recurrente, estaba en juego la libertad de información como valor objetivo del ordenamiento jurídico y como medio para la formación de la opinión pública libre. De manera que el derecho a la indemnidad por su ejercicio obligaba también al Estado a dispensar la protección diplomática.  
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El juez concluye el sumario por los atentados de Cataluña y lo eleva a la Sala Penal de la Audiencia Nacional para su enjuiciamiento (Tue, 07 Jan 2020)
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado el auto de conclusión del sumario por los atentados terroristas de Cataluña de 17 y 18 de agosto de 2017 y lo ha elevado a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal para la celebración del juicio oral. La resolución señala que en este procedimiento se encuentran procesados tres miembros de la célula que cometió los atentados, dos de ellos, Mohamed H.C. y Driss O. por integración de organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de explosivos y estragos en grado de tentativa, y un tercero, Said B.I., por colaboración con las actividades de la organización terrorista. También indica el auto que no han sido procesados los encausados Mohamed A. y Salh E.K.
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La Audiencia Nacional acuerda poner en libertad provisional a tres detenidos vinculados a los CDR previo pago de 5.000 euros (Fri, 20 Dec 2019)
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado estimar parcialmente los recursos de apelación de tres detenidos en septiembre por su presunta vinculación a los CDR y ha decidido que queden en libertad provisional una vez paguen una fianza de 5.000 euros.  Además, la Sala les impone la obligación de comparecer todos los lunes ante el juzgado de su residencia, la prohibición de salida del territorio nacional, así como la fijación de un teléfono, domicilio y persona de contacto para recibir cualquier tipo de comunicación judicial.  En la vista de apelación celebrada ayer, la Fiscalía pidió que se les mantuviera en prisión, añadiendo no obstante que podría ser procedente la libertad con fianza de 9.000 euros en atención al tiempo transcurrido y a que los encausados no habían participado materialmente en la fabricación y tenencia del explosivo. Por su parte, la acusación popular ejercida por la Asociació Catalana de Víctimes D´organizacions Terroristes (ACTOV) pidió que se mantuviera la situación de prisión incondicional.  En su auto, los magistrados de la Sección Segunda descartan todas las posibles vulneraciones de derechos alegadas por los abogados de G.X.D., E.G. y X.B. y considera que el Juzgado Central de Instrucción 6 ha cumplido “sobrada y escrupulosamente” con el derecho a la tutela judicial efectiva.  El Tribunal recuerda que una medida cautelar como la prisión provisional persigue asegurar la presencia del inculpado en el proceso, así como evitar la destrucción o manipulación de los medios de prueba.  La Sala entiende que de las diligencias practicadas hasta la fecha existe un elevadísimo índice de verosimilitud acerca de la intervención de los encausados en el hecho delictivo, pero ello no puede por sí justificar la medida cautelar de prisión, pese a la “relevante probabilidad de culpabilidad que concurre en el presente hecho”.  Respecto al riesgo de fuga de los recurrentes, la Sala explica que se pueden adoptar otras medidas cautelares menos gravosas dado el probado arraigo personal, familiar, social y económico que presentan y que determina una “aminoración muy significativa del riesgo de fuga”.  En relación con otro de los requisitos necesarios para acordar la prisión provisional como es el de evitar la ocultación o destrucción de pruebas, los jueces tienen en cuenta que en el momento actual ya han sido practicadas casi la totalidad de las pruebas que inculpan a los encausados, por lo que no existe la posibilidad de que entorpezcan, dificulten o retrasen la investigación. Tampoco que pueden ejercer una influencia directa sobre testigos u otros imputados o peritos. Dos de los autos, los relativos a los recursos de E.G. y X.B., indican también que debe tenerse en cuenta, tal y como alega el fiscal, su falta de participación material en la fabricación y tenencia de explosivos.  La Sala reitera que los hechos investigados continúan revistiendo los caracteres de delito (pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y conspiración para la comisión de estragos), delitos cuya competencia tiene atribuida la Audiencia Nacional. Ello no obstante, apunta la Sala, procede reformar su situación de prisión y en su lugar decretar la libertad provisional con fianza de 5.000 euros y el resto de medidas cautelares.  Para fijar la fianza, el tribunal tiene en cuenta la naturaleza del delito, los recursos económicos y circunstancias personales de los investigados.  La Sala tiene pendiente resolver el recurso de apelación interpuesto por A.C.    
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