Noticias jurídicas

Desde esta sección le mantendremos informado de todas aquellas resoluciones judiciales de especial trascendencia 

El Tribunal Supremo confirma la nulidad del proyecto de Telepizza que obliga a los repartidores a aportar su móvil personal para su geolocalización (Thu, 25 Feb 2021)
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del llamado ‘Proyecto Tracker’ de Telepizza SAU que suponía la obligación para el trabajador con categoría de repartidor de aportar un teléfono móvil personal con conexión a Internet para usar en él aplicaciones informáticas de la empresa con el fin de facilitar su geolocalización durante el reparto. La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por Telepizza SAU contra la sentencia de la Audiencia Nacional que estimó la demanda de conflicto colectivo de los sindicatos CCOO y UGT y declaró la nulidad de dicho plan. La nulidad se basó en que el proyecto empresarial impugnado vulneraba el derecho de privacidad de los afectados por el conflicto al no superar el juicio de proporcionalidad cuando podía acudirse a medidas de menor injerencia. Además, consideró que no se había dado a los trabajadores la oportuna información sobre el mismo y que también se incurrió en abuso de derecho por parte de la empresa ya que con tal proyecto se hacía responsable al trabajador de cualquier impedimento en la activación del sistema, mediante la suspensión del contrato con pérdida de salario, siendo insuficiente la compensación económica que, por la aportación de la terminal y conexión a internet, se determinó por la empresa. Por otro lado, entendió que la implantación del Proyecto Tracker había incumplido los requisitos de información y consulta previa establecidos en el artículo 64.5 del Estatuto de los Trabajadores. El Tribunal Supremo afirma que la sentencia recurrida no cuestiona que la geolocalización por la que se va a tener un seguimiento del pedido que debe entregar el repartidor al cliente no sea un método adecuado o idóneo a tal finalidad, sino que “la configuración dada al mismo por la demandada no es conforme a derecho. Por tanto, no está negando que sea una medida legitima para determinados fines o que con ella no se vaya a evitar un déficit comercial competitivo, en un momento en el que, ciertamente, ese sistema de prestar el servicio al cliente se extiende en este y otros sectores sino, simplemente, que el que ella ha implantado no supera los criterios constitucionales ni legales, cuando existen otras formas de ejecutar ese sistema que no sea ese”. Añade que el test de idoneidad, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, que es a lo que se refiere la sentencia recurrida, no es el que ha impedido superar el juicio de proporcionalidad sino el test de necesidad, “en el sentido de que el medio o instrumento al que ha acudido la empresa para obtener aquel objetivo no es adecuado por existir otros medios invasivos”. La sentencia, ponencia de la magistrada María Luz García Paredes, señala que es cierto que empresa y trabajador pueden pactar las condiciones que estimen oportunas, que puedan afectar a las herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad empresarial, “pero aquí no se está analizando un pacto, sino un proyecto implantado unilateralmente por la empresa del que, además de no haberse informado debidamente a la representación legal de los trabajadores, estos discrepan del mismo porque, junto a lo anterior, llega a establecer causas de suspensión y extinción vinculadas a conductas del trabajador al margen de las exigencias legales que deben seguirse a tal efecto”. Asimismo, señala que el hecho de que la aportación por el trabajador del móvil venga acompañada de una compensación económica tampoco es elemento suficiente para interferir y dar por superado el juicio de proporcionalidad y menos cuando las partes afectadas discrepan razonablemente del quantum asignado y que la sentencia de instancia lo califica de insuficiente. La Sala concluye que no puede aceptarse que la aportación por parte del trabajador de su móvil personal sea lo mismo que si lo aporta la empresa ya que en ese caso no estarían en juego derechos de los trabajadores como los que aquí se están debatiendo. Sobre todo, según la sentencia, si a ello se le une lo que la Sala de instancia añade como elemento que contribuye a la vulneración del derecho a la protección de datos personales, como el relativo a la falta de información a los trabajadores de los arts. 12 y 13 del Reglamento 679/2016.  
>> más información

El magistrado instructor del Tribunal Supremo cita a declarar como investigado el 4 de marzo al diputado Alberto Rodríguez (Thu, 25 Feb 2021)
El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Antonio del Moral ha citado a declarar en calidad de investigado el próximo día 4 de marzo, a las 10.30 horas, al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez Rodríguez en la causa abierta contra él el pasado mes de septiembre por un presunto delito de atentado contra la autoridad y falta (o delito leve) de lesiones. El Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de diciembre el suplicatorio cursado por el alto tribunal para continuar el procedimiento contra el aforado. El magistrado Del Moral es el instructor de la causa. La citación se produce tras haber comunicado la procuradora de Rodríguez que éste ya ha recibido el alta médica tras una indisposición de salud que obligó a suspender su citación inicial que fue para el pasado 28 de enero. Los hechos de la causa se refieren a unos incidentes ocurridos el 25 de enero de 2014 en una manifestación contra la LOMCE en La Laguna (Santa Cruz Tenerife). La Fiscalía y el instructor consideran que existen indicios de que durante esos incidentes Alberto Rodríguez propinó una patada a un policía. La causa se abrió en el Supremo a instancias del Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna, que llegó en su día a dictar auto de apertura de juicio oral contra Alberto Rodríguez, lo que quedó sin efecto tras la elección del mismo como diputado y pasar a ser aforado ante el Supremo. El Juzgado de La Laguna remitió entonces una exposición razonada al Supremo con los indicios de la actuación del parlamentario. El instructor Antonio del Moral ofreció al diputado la posibilidad, al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de declarar de forma voluntaria, sin necesidad de cursar el suplicatorio, pero Rodríguez declinó la comparecencia, remitiéndose a la declaración que había realizado ante el juzgado de instrucción de La Laguna. Ante la existencia de indicios de delito, el instructor consideró imprescindible entonces pedir el suplicatorio para tomarle declaración, que fue concedido por el Congreso en diciembre.  
>> más información

El juez pregunta a las partes plantear una cuestión prejudicial al TJUE sobre las euroórdenes tras la negativa de Bélgica a entregar a Lluis Puig (Thu, 25 Feb 2021)
El instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, ha concedido tres días de plazo al fiscal, a las demás partes acusadoras y a los abogados de los procesados que se encuentran en situación de rebeldía Carles Puigdemont, Lluis Puig, Antoni Comín y Clara Ponsatí para que formulen alegaciones sobre la necesidad de dirigirse al Tribunal de Justica de la Unión Europea (TJUE) para plantear una cuestión prejudicial acerca del alcance de las posibilidades de petición y de las razones de denegación de una orden de detención y entrega europea, de acuerdo con la Decisión Marco 2002/584/JAI, con la finalidad de poder establecer criterios estables que conduzcan la decisión de mantener, retirar o emitir nuevas Órdenes Europeas de Detención contra todos o algunos de los procesados en la citada causa. El magistrado pide también a las partes que informen sobre el contenido de la cuestión o cuestiones que habrían de formularse. En una providencia, que ha sido notificada hoy, el juez Pablo Llarena explica que la autoridad judicial de ejecución belga le ha comunicado oficialmente el 1 de febrero de 2021 su decisión, de carácter firme, de denegar la entrega del procesado Lluis Puig, expresada en resoluciones de fecha 7/8/2020 y 7/1/2021. En ese marco, considera que la interpretación del Derecho de la Unión y de las normas establecidas en la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros llevada a cabo por la autoridad de ejecución belga, que ha denegado la entrega del procesado Lluis Puig, “discrepa de la que sostiene este Tribunal Supremo, y que la interpretación definitiva de la norma no solo afecta a las decisiones de entrega que deban tomarse en un futuro y a su eficacia procesal, sino que condiciona la subsistencia de unas medidas que impactan directa y permanentemente en el derecho a la libertad de los afectados, no solo respecto a su libertad de movimientos en el actual país de ejecución, sino todos aquellos otros Estados de la Unión donde hoy opera su orden de detención y que puedan restringir su libertad en un futuro”. El juez recuerda que en esta causa, en las piezas de situación personal de los procesados Lluis Puig, Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí, se han emitido sendas órdenes de detención europeas, sujetas a la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009. Asimismo, indica que la fijación de un plazo de tres días es consecuencia del conocimiento que tienen las partes sobre la cuestión, debido a que la larga tramitación de las euroórdenes ha facilitado su conocimiento, y a que todas las decisiones son plenamente conocidas por haber sido puntualmente notificadas a las partes, tanto en este procedimiento, a pesar de su situación de rebeldía, como en el Estado de Ejecución.
>> más información

La juez envía a prisión a un investigado por abusar sexualmente de su hijastra de 13 años en la comarca de Pamplona (Tue, 23 Feb 2021)
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona decretó el pasado 17 de febrero el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un hombre investigado por haber abusado sexualmente de una hija de 13 años de su pareja, con la que convivía en una localidad de la comarca de Pamplona. En el auto, que puede ser recurrido, la juez imputa al investigado un delito de abuso sexual a menor de 16 años con acceso carnal, penado si no existe violencia o intimidación con entre 8 y 12 años de prisión. Tras ser puesto a disposición judicial, se celebró una comparecencia en el Juzgado de Guardia de Pamplona para la adopción de medidas cautelares. El Ministerio Fiscal solicitó el ingreso en prisión provisional sin fianza, mientras que el abogado defensor pidió que el imputado siguiera en libertad. En la resolución judicial, la magistrada expone que existen “indicios de la comisión del delito” por las declaraciones en sede policial de la menor, así como por lo relatado por ella a su madre, a los médicos que la han asistido y al forense. El padrastro reconoció en su declaración judicial que había mantenido “de forma habitual” relaciones sexuales completas con la menor desde que ésta tenía 12 años hasta la actualidad. En su descargo, sostuvo que fueron con el consentimiento de la niña. La juez justifica la prisión provisional para asegurar la presencia del investigado en el proceso, debido a la gravedad de los hechos imputados y las posibles penas a imponer; para evitar que sea perjudicada la instrucción de la causa en este momento del procedimiento y para la protección de la víctima.
>> más información

La Audiencia de Sevilla ordena continuar el procedimiento contra tres acusados de robar en una perfumería mediante el método del ‘alunizaje’ (Mon, 01 Feb 2021)
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado íntegramente el auto de un Juzgado de Instrucción de Sevilla que acordó continuar por los trámites del procedimiento abreviado la causa seguida contra tres varones acusados por la Fiscalía de presuntos delitos de robo con fuerza en establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura y de robo de uso de vehículo de motor tras presuntamente robar mediante el método del ‘alunizaje’ en una perfumería de la capital hispalense. En un auto dictado el día 26 de enero, el tribunal desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa de uno de los investigados contra la decisión adoptada por el Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla, recurso en el que el investigado alegaba falta de motivación e inexistencia de indicios de su participación en los hechos, de lo que consideraba que derivaba una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El Juzgado de Instrucción número 11 relataba en el auto recurrido que los hechos habrían tenido lugar en la madrugada del día 10 de diciembre de 2017, cuando los tres investigados, “puestos de común acuerdo”, se apoderaron de un vehículo estacionado en una calle de la capital hispalense, al que “forzaron el bombín de la puerta del conductor y el sistema de arranque”, y, seguidamente, ya en la madrugada del día 11 de diciembre, “lo empotraron por el método del ‘alunizaje’” contra un comercio, “apoderándose así de diversos artículos en su interior”. El tribunal explica que el contenido del auto de adecuación de las actuaciones a los trámites del procedimiento abreviado “no puede entenderse más allá del estrecho ámbito que le asigna” el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de modo que la parte dispositiva de dicha resolución y la motivación que la sustenta “debe limitarse a la valoración jurídica de los hechos, al efecto del procedimiento a seguir, sin que sea legalmente posible siquiera establecer calificación concreta de los hechos que prejuzguen la acusación a realizar por los acusadores, a quienes les está reservada esa función”. Asimismo, prosigue la Sala, la fase de instrucción “no tiene como finalidad la plena acreditación de los hechos objeto de imputación, ya que sólo se puede declarar probada la comisión de un hecho delictivo tras la práctica de la prueba en el acto de juicio oral, con la excepción” establecida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los supuestos de prueba anticipada o preconstituida. En base a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Audiencia considera que el auto recurrido “se ajusta sobradamente a las exigencias” del artículo 779.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cumpliendo “las exigencias legales y jurisprudenciales sobre cual debe ser el contenido de esta resolución, al incluir la determinación de los hechos punibles, en su aspecto nuclear, y las personas implicadas en su desarrollo contra las que pudiera formularse acusación como presuntas responsables”. Además, y frente a lo alegado por la defensa del recurrente, la Audiencia recuerda que consta en las actuaciones el resultado de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil en coordinación con la Policía Nacional, la cual “permite sostener, como hace el auto recurrido, la participación en los hechos” del investigado recurrente, “el cual aparece en los fotogramas incorporados al atestado mientras cargaba en el maletero del vehículo utilizado en los hechos objetos que bien pudieran ser los perfumes sustraídos del establecimiento, y cómo después es el investigado el que se pone al volante del vehículo para preparar la huida del lugar”. “Acervo indiciario” El tribunal precisa que, “ello, unido a la intervención en su poder, como también en poder de los otros investigados, a través de las diligencias de entrada y registro domiciliarios, de objetos (perfumes y colonias con los sistemas antirrobo adheridos) presuntamente procedentes de dicha sustracción (fueron reconocidos por el representante legal de la cadena de perfumerías), constituye el acervo indiciario que sustenta el escrito de acusación que ya ha formulado el Ministerio Fiscal”. Al hilo de ello, la Sección Primera de la Audiencia señala que, como ya ha expuesto esta misma Sala en numerosas resoluciones anteriores, “es suficiente para que, a través del auto de procedimiento abreviado, el juez instructor formalice la “imputación”, con que los hechos no aparezcan evidentemente como inexistentes, con que sean típicos y con que resulten atribuibles, con un mínimo grado de probabilidad indiciaria, a persona mayor de edad penal, dado que ese “juicio de probabilidad suficiente” se apoya en un incompleto material de conocimiento, pues el auténtico arsenal probatorio viene reservado al plenario”. En este caso, prosigue el tribunal, la resolución del Juzgado instructor “relata los hechos imputables y además afirma que los mismos pudieran constituir un delito cuya pena se encuentra entre las comprendidas en el marco legal del procedimiento abreviado”, y con base al mismo, la Fiscalía ha formulado acusación contra los tres investigados al considerarlos autores de presuntos delitos de robo de uso de vehículo de motor y de robo con fuerza en establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura. “El recurso ha de ser desestimado, pues las argumentaciones del recurrente orientadas a negar la suficiencia de los indicios en su contra son propias de una línea de defensa que debe ser esgrimida” en el juicio, concluye el auto dictado por la Sección Primera.
>> más información

La Audiencia de Sevilla condena a seis meses de cárcel a un hombre por hostigar y allanar la vivienda de su expareja tras su separación (Mon, 15 Feb 2021)
La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a seis meses de cárcel y a 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad a un hombre acusado de hostigar y allanar la vivienda de su expareja sentimental tras producirse la separación de ambos, lo que el encausado “no aceptaba” y motivó que comenzara a “vigilarla para ver con quién estaba y dónde iba”. Estos hechos iban a ser enjuiciados por un jurado popular, pero la vista oral no se celebrará finalmente tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía, la acusación particular, la defensa y el propio encausado, que ha sido condenado, por un delito de allanamiento de morada y un delito de hostigamiento, con la atenuante de confesión y la agravante de parentesco, a seis meses de prisión, 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante dos años y seis meses, así como a la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante ese mismo periodo temporal. En la sentencia, la Audiencia Provincial considera probado que el acusado mantuvo una relación sentimental con esta mujer, con la que tiene dos hijos en común menores de edad, añadiendo que, desde la separación, “como el acusado no aceptaba la misma, comenzó a vigilarla para ver con quién estaba y dónde iba”, de forma que “casi todos los días desde entonces y hasta junio de 2020 pasaba con su vehículo o andando por las inmediaciones” de la casa de su expareja y “alguna vez incluso pudo escuchar las conversaciones que mantenía con sus amigas dentro de la misma”. En los dos meses siguientes a la separación, el condenado la “llamaba constantemente por teléfono para controlar dónde estaba”, lo que hizo que la víctima “tuviera que cambiar sus hábitos de vida”, señala la Audiencia, que manifiesta que, sobre las 3,15 horas del día 6 de junio de 2020, la mujer se dirigía de vuelta a su vivienda y, “como hacía habitualmente, se quedó un rato dentro del vehículo para comprobar si el acusado estaba por las inmediaciones”. La Audiencia indica que, al ver el coche del investigado aparcado en las inmediaciones y la luz del dormitorio de su vivienda encendida, la mujer no entró en la misma, tras lo que, “a los pocos minutos, abandonó la casa” el condenado, quien entró en el domicilio de su expareja “utilizando unas llaves, desconociéndose cómo las tenía en su poder, pero en todo caso sin la autorización de la moradora de la vivienda”. El acusado reconoció haber entrado en la vivienda desde el inicio de las actuaciones, según explica la Audiencia Provincial de Sevilla en la sentencia, fechada el día 3 de febrero.
>> más información

Un juez autoriza a vacunar a un anciano cuyo hijo había rechazado que se le administrara el fármaco (Tue, 09 Feb 2021)
El juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 16 de Granada ha autorizado a los servicios médicos de la Residencia La Milagrosa de Granada a administrar la vacuna contra el coronavirus Covid-19 a un residente de avanzada de edad y sin pleno uso de sus facultades mentales a pesar de que su hijo había rechazado dar el consentimiento alegando que su padre ya había superado anteriormente el virus y porque su debilitado estado de salud desaconsejaba someterlo a una nueva carga viral. El juez considera, en cambio, que la posibilidad de sufrir una nueva infección no ha desaparecido por lo que “en las actuales circunstancias el riesgo de no vacunarse es mucho mayor que el de hacerlo”. En su alegado, el hijo manifestó que su padre, de 81 años, “tiene un deterioro físico muy grande, tiene Alzheimer, padece de los bronquios encontrándose muy desnutrido y que se encuentra en una silla de ruedas por lo que no quiere exponerlo a una nueva carga viral”. Además, argumentó que fue sometido a pruebas en mayo y junio de 2020 que “dieron como resultado PCR Negativo y Anticuerpos da positivo”. En el auto emitido por el Juzgado, el juez explica que, “en el presente supuesto, el hijo mantiene una postura comprensible desde un punto de vista humano; sin embargo, aunque su padre haya pasado la enfermedad de coronavirus y presente anticuerpos al virus a las fechas de las pruebas serológicas, no puede la ciencia en su estado actual determinar con precisión el tiempo de inmunidad al virus, evidenciándose que este es altamente variable en atención a las características personales del paciente – en este caso paciente de alto riesgo -, curso de la enfermedad, cepa de contagio, etc, etc., habiéndose descrito casos en los que se ha producido nuevo contagio o reinfección. Tras recordar que los informes médicos insisten en que “se desconoce la duración de inmunidad desarrollada tras el contacto con el virus”, el juez sostiene que “el riesgo, pues, no ha desaparecido, de forma que puede afirmarse que en las actuales circunstancias el riesgo de no vacunarse es mucho mayor que el de hacerlo, lo que supone, en definitiva, que el mayor beneficio es la vacunación y que sería contrario a la salud del paciente no hacerlo en tanto se incrementaría el riesgo de volver a contraer esta enfermedad, debiendo significarse, además, que la vacuna cuenta con la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento”. El juez recuerda asimismo que los planes sanitarios aprobados por las administraciones responsables consideran que “la vacunación es la única alternativa para superar la situación actual de pandemia”, con preferencia para los grupos más vulnerables, y así han propuesto “la vacunación de todas las personas de riesgo que hayan sufrido con anterioridad la enfermedad del Covid 19 confirmado o sospechado, pues con la información actual procedente de los ensayos clínicos, no hay evidencia de que haya problemas de seguridad con la vacunación de personas que hayan pasado COVID-19 o presenten serología positiva frente a SARS-CoV-2”. El auto fue emitido el pasado 4 de febrero y es recurrible en apelación en un plazo de 20 días.
>> más información

La Audiencia Nacional ratifica la medida sanitaria de exigir la cuarentena a los pasajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica (Fri, 19 Feb 2021)
La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha ratificado la medida sanitaria urgente de exigir la cuarentena a los viajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica acordada en la Orden Ministerial 133/2021 de 17 de febrero. El tribunal entiende que esta medida, que entrará en vigor el próximo día 22 a las 00:00 horas, es necesaria y proporcionada para proteger el derecho a la salud e integridad física. La Abogacía del Estado había solicitado la ratificación judicial de la medida adoptada por el Ministerio de Sanidad de acordar el confinamiento de los viajeros de los vuelos procedentes de Sudáfrica y Brasil durante diez días en el marco de las medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19. La Sala, en su auto, explica que esta ratificación que la ley atribuye a la Audiencia Nacional se articula como una tutela adicional al control ordinario, “activada ex lege por la propia Administración ante un contenido eventualmente invasivo de derechos y libertades fundamentales de la medida dirigida a proteger la salud pública, es por ello que la participación judicial ocurre en el desarrollo de la potestad de autotutela de la Administración”. El tribunal añade que el alcance de la autorización solicitada no puede referirse a un control de oportunidad de las medias acordadas, ni tampoco un enjuiciamiento de la legalidad de la Orden (supuesto que solo podría efectuarse mediante el correspondiente recurso contencioso contra la misma) sino que de lo que se trata es de comprobar que, efectivamente, la medida adoptada limita o restringe derechos fundamentales de los ciudadanos y si la limitación tiene cobertura legal y es adoptada por la Administración competente. Medida idónea para evitar la propagación de la enfermedad La Sala explica que la Orden justifica la adopción de la medida adoptada por cuanto “la situación epidemiológica de España hace preciso reforzar las medidas de control sanitario a la llegada, en línea con las recomendaciones contempladas por el Consejo, en lo relativo a las variantes de Brasil y Sudáfrica, debido a las características de éstas, asociadas a una mayor transmisibilidad, riesgo de reinfecciones y una posible disminución de la eficacia vacunal, aspecto éste último no vinculado con la variante del Reino Unido ya que no existen evidencias que afecte a la capacidad de neutralización de los anticuerpos en personas inmunizadas con pautas vacunales completas”. Para el tribunal, la Orden contiene una motivación adecuada y suficiente de la necesidad y urgencia de su adopción, para evitar la propagación de las variantes de Covid-19 en nuestro país, “tratando de controlar los contagios y proliferación de las variantes, cuando la incidencia es limitada para evitar una mayor propagación”. Por ello, los magistrados consideran que la medida es idónea para evitar la propagación de la enfermedad y de sus nuevas variantes y por tanto resulta proporcionada, “por cuanto es plenamente adecuada para alcanzar la finalidad perseguida, que es evitar la trasmisión de dichas variantes en nuestro país”. El tribunal recuerda que la medida tiene un alcance temporal de 14 días, pudiendo ser prorrogada si se mantienen las circunstancias que han motivado su aprobación. En definitiva, la Sala concluye que la limitación en este caso del derecho fundamental de la libre circulación y libertad de desplazamientos es necesaria y proporcionada en atención a la protección de otro derecho constitucional como es el derecho a la salud e integridad física.  
>> más información

La Audiencia Nacional rechaza la responsabilidad patrimonial de Ministerio, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Carboneras por los daños económicos a la promotora del hotel Algarrobico (Fri, 19 Feb 2021)
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado indemnizar por responsabilidad patrimonial del Estado a la empresa promotora de la construcción del hotel Algarrobico, cuya construcción se encuentra paralizada desde 2006. La Sala considera que no ha quedado acreditado que los daños económicos originados a la empresa sean imputables a la Administración. La empresa promotora Azata del sol S.L. reclamaba 70 millones de indemnización al Estado (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) por los daños y perjuicios causados por la actuación de las tres administraciones afectadas, a las que imputaba desidia, desatención y negligencia, así como falta de coherencia en su propio actuar e incumplimiento del deber de coordinación entre Administraciones. La demandante destacaba en su reclamación la irregular y muy demorada tramitación del procedimiento de deslinde llevado a cabo en los terrenos del Algarrobico. La sentencia resume todos los hechos y resoluciones judiciales acontecidos durante estos años en relación con la construcción del hotel, desde que en 1987 los terrenos en los que se encuentra fueron declarados urbanizables y detalla todas las fases en que se materializó el proceso de deslinde. La sentencia, ponencia de la magistrada Nieves Buisán, explica que uno de los elementos esenciales para tipificar la responsabilidad patrimonial de la Administración es el de la antijuridicidad del daño causado. La Sala recoge la sentencia del TS de 18 de julio de 2012 que, en relación con el deslinde, determinaba el deber jurídico de la recurrente a soportar la anchura de la servidumbre de protección establecida en cien metros: “La entidad recurrente, como cualquier propietario del suelo, tiene el deber jurídico de soportar la anchura de la servidumbre de protección establecida en este caso de cien metros, sin que puedan invertirse los términos de los deberes que el ordenamiento jurídico impone a la Administración y a los particulares, para aquélla de aprobar definitivamente un deslinde conforme a las normas aplicables y para éstos de atenerse a las limitaciones derivadas de un deslinde de dominio público marítimo terrestre correctamente definido. La entidad recurrente trata de alterar esos términos cuando sostiene que no pesa sobre ella el deber jurídico de soportar una servidumbre de protección por el hecho de haberse precipitado en adquirir terrenos sujetos a un procedimiento de deslinde y más aún en obtener licencias y permisos para construir un hotel sobre un suelo que resultó legalmente gravado con esa servidumbre de protección". El Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía El tribunal incluye el Dictamen del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, de 22 de marzo de 2017, que rechazaba la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado por actos “de distinta naturaleza, normativos y administrativos, urbanísticos y medio ambientales de gran complejidad como resulta de los múltiples pronunciamientos judiciales, habiendo tenido incluso el Tribunal Supremo que casar las sentencias para clarificar la situación al concurrir pronunciamientos contradictorios”. Esta complejidad, añade el citado dictamen “y el origen de las actuaciones por las que se solicita indemnización, en potestades administrativas confirmadas judicialmente, justifican por sí solos la ausencia de antijuridicidad del daño”. El dictamen recuerda que “no podemos obviar además que se reclama por supuestas irregularidades que devienen de un deslinde complejo, que se inicia antes de la Ley de Costas, y en el que la entidad demandante de manera maliciosa, y conociendo la existencia y la tramitación del deslinde sobre el terreno cuando lo adquiere, asume el riesgo de construir en zona de servidumbre de protección, pese a que se había iniciado un procedimiento de revisión de la licencia concedida por el Ayuntamiento, y a la aprobación del PORN del Cabo de Gata-Nijar que desde 1994 califica los terrenos como zona de protección, y no sólo eso, sino que además, adquiere los terrenos sin comunicarlo a la Junta Andalucía, para evitar el retracto. Por lo tanto, siendo el título principal de imputación el deslinde, y habiendo la Administración autonómica aceptado pacíficamente tanto el deslinde como a la anchura de la servidumbre de protección, respetando las competencias estatales, y habiendo sido el mismo confirmado judicialmente, decae el carácter antijurídico del daño". Por todo ello, la Audiencia concluye que no ha resultado acreditado que los perjuicios económicos reclamados por Azata del Sol S.L. deriven directa ni indirectamente, de acción u omisión alguna imputable a las Administraciones demandadas. Además de esta demanda, Azata tiene interpuestas otras tres por responsabilidad patrimonial del Estado. Una de ellas ante esta misma Sala y otras dos ante el TSJ de Andalucía.
>> más información

El juez de la Audiencia Nacional investiga si el Banco Popular financió a clientes para la ampliación de capital en el año 2016 (Wed, 10 Feb 2021)
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reclamado diversa documentación al Banco Santander para investigar si el Banco Popular otorgó financiación a clientes de la entidad para la ampliación de capital en el año 2016 y si “de forma deliberada no la restó del capital regulatorio”. En un auto, el magistrado acuerda una investigación pericial para acreditar si “la entidad ofreció al mercado unas ratios de capital regulatorio mejores de los reales vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo” mediante la financiación a clientes para conseguir liquidez para la ampliación de capital. La resolución del juzgado recuerda la operativa de la ampliación de capital investigada y subraya que en la causa existe “un documento de enorme trascendencia”. Calama explica que, a requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Dirección General de Mercados), el Sr. Heraclio Peña remitió un informe (de fecha 2 de octubre de 2017), complementario de otros anteriores, sobre diversos aspectos del hecho relevante de 3 de abril. “Del documento se deduce que tanto el Consejero Delegado del BP, como los directores generales de Banca Minorista y de Negocio de Clientes lideraron dicha financiación, alentando a la red comercial- a través de los directores territoriales y regionales- para que ofertaran financiación a determinada clientela de BP a fin de participar en la referida ampliación de capital”. Con carácter indiciario, añade, “cabe afirmar que los máximos directivos de departamentos estratégicos del banco- Intervención General, Auditoría Interna y Riesgos- conocieron y consintieron dicha financiación. Incluso el Director de Cumplimiento Normativo de BP, puso en conocimiento de la Oficina del Consejero Delegado que la red comercial estaba financiando la adquisición de acciones de la ampliación de capital sin que conste que dicho Consejero adoptara ninguna medida concreta”. El auto recuerdo que el Manual de Políticas de Riesgo de la entidad prohibía expresamente “la financiación para la compra de acciones y preferentes del Grupo”. Así pues, añade el juez, tanto las sucursales como las direcciones regionales y territoriales “conocían la prohibición referida”. Dicha prohibición expresa y categórica se eludió haciendo constar como destino de los créditos otros distritos a la financiación de acciones”. Además, el juez apunta que en virtud del Reglamento de la Unión Europea 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en su artículo 28.1. b impide que los instrumentos de capital y su adquisición sean financiados directa o indirectamente por la entidad. “En el caso de autos, el BP otorgó financiación a determinados clientes y de forma deliberada no la restó del capital regulatorio. La Entidad ofreció al Mercado unas ratios de capital regulatorio mejores de los reales, vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo”, concluye el magistrado. Por ello, según Calama, es necesaria una investigación específica sobre el alcance de la financiación de parte de la ampliación de capital de 2016. Para el juez, llama la atención que el Departamento de Auditoría Interna de BP no abriera una amplia investigación respecto de esta cuestión en tanto que el trabajo de investigación desempeñado por los vicesecretarios del Consejo de Administración “orilla de forma consciente cualquier examen de operaciones concretas. Hecho este que causa estupefacción”. La resolución del Juzgado Central de Instrucción 4 da un plazo de 30 días al Banco de Santander para que aporte tres ficheros sobre suscriptores de la ampliación de capital no empleados, financiación a suscriptores no empleados en el periodo de 25 de mayo a 20 de junio de 2016 y sobre los incrementos de financiación con no empleados en el mismo periodo.
>> más información

Contacte con nosotros

Teléfono: +34 952 48 49 83

 

Teléfono móvil: 690 16 85 86

 

Correo electrónico: info@lopezgomezabogados.es

Cómo llegar

Dirección: Plaza del Ayuntamiento, núm. 4, primera planta

CP 29560 - Pizarra (Málaga)

 

 

Dirección: Maestra Azpiasu, núm. 25, primera planta

CP 29640 - Fuengirola (Málaga)

 

 

Horario comercial

Lunes - Viernes 09:00 - 14:00
  17:00 - 20:00
 
Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© López & Gómez Abogados

Llamar

E-mail

Cómo llegar