Noticias jurídicas

Desde esta sección le mantendremos informado de todas aquellas resoluciones judiciales de especial trascendencia 

El Tribunal Superior confirma una condena de 17 años de prisión por abusar de dos hijas menores de su pareja en Pamplona (Tue, 01 Dec 2020)
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena de 17 años de prisión impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra a un vecino de Pamplona que abusó sexualmente de dos hijas menores de su pareja sentimental. El pasado mayo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial impuso al acusado, natural de Bolivia, 12 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal a una menor de 16 años y 5 años más por otro delito de abuso sexual también a una menor de 16 años, en este supuesto sin acceso carnal pero con prevalimiento. Además, los magistrados fijaron sendas indemnizaciones de 30.000 y 10.000 euros por el daño moral causado para las dos víctimas, a las que el encausado no podrá acercarse ni comunicarse con ellas durante 22 y 10 años, respectivamente. En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN da por admitidos los hechos probados en la primera resolución. El procesado convivía con su pareja, de la misma nacionalidad, con los cuatro hijos —dos niños y dos niñas— de esta, así como con uno más que tuvieron en común. Todos formaron una unidad familiar en la que el inculpado ejercía respecto de las hijas menores las funciones de padre, sobre todos cuando la madre trabajaba por las tardes y las mañanas de los sábados. En el año 2017, cuando la madre se fue de viaje a Bolivia, el padrastro abusó sexualmente por vía vaginal de forma continuada —“unas cinco veces”, la última alrededor de abril de 2019— de la niña que entonces tenía 14 años. Paralelamente, en 2018, comenzó a acercarse a su hermana pequeña, que entonces tenía 12 años, a la que realizó tocamientos en varias ocasiones. Como consecuencia de estos hechos, la hermana mayor padece sintomatología ansioso depresiva, problemas de conducta alimentaria y “riesgo de autolesión”. Su hermana pequeña, por su parte, presenta malestar emocional con sentimientos de tristeza y culpabilidad, nerviosismo y tensión, baja autoestima sufrimiento. Tras la denuncia, presentada el 4 de septiembre de 2019, ambas se encuentran en acogimiento en un centro de menores ya que no querían “volver a casa”. Alto nivel de sinceridad de las niñas La defensa recurrió la condena ante el TSJN, mientras que el Ministerio Fiscal, única parte que en este procedimiento ha ejercido la acusación, solicitó la confirmación de la sentencia. Los magistrados del TSJN consideran que no hay motivos espurios en las denuncias interpuestas por las menores, quienes con anterioridad a los abusos tenían una buena relación con el acusado. Las niñas, en cambio, con quien tenían mala relación era con su propia madre y, de hecho, según consta en la sentencia, hay abierta una causa contra ella por malos tratos contra las menores. El Tribunal destaca asimismo que la credibilidad de las menores viene corroborada por los informes periciales y técnicos aportados durante el procedimiento y ratificados en el juicio. Los peritos, una psicóloga y un médico forense, coincidieron en resaltar que la hija mayor no solo “no exagera”, sino que tiene “un alto nivel de sinceridad”, “siendo una situación más estresante la de los abusos que la de los malos tratos”. De igual forma califican de “altamente creíble” el relato de la hermana menor. “Las dos tenían mucho miedo a la madre. No es posible desligar la sintomatología entre abusos y maltrato”, corroboraron los peritos, para quienes no había ganancia secundaria con la denuncia. Otra psicóloga describió el “asco y miedo” que la niña mayor sentía por el procesado y reveló que la pequeña le dijo que no se atrevía a contarle los tocamientos a su madre porque no la iba a creer, ya que siempre creía a su padrastro. A mayor abundamiento, dos doctoras del Servicio de Valoración y Tratamiento de Menores y Familia del Gobierno de Navarra señalaron respecto de la hermana mayor que fue “víctima de maltrato físico y emocional severo por parte de su madre y de abusos sexuales por parte de su padrastro. El maltrato de ambos es de carácter crónico (a lo largo de dos años) y se inicia desde el momento en que se produce el reagrupamiento familiar con su madre, sus hermanos y su padrastro”. Sobre la hermana menor, estas doctoras también atestiguaron que fue “víctima de maltrato físico y emocional severo por parte de su madre y de abusos sexuales por parte de su padrastro”. El procesado, que manifestó en el juicio que continuaba con la relación sentimental con la madre de las denunciantes, negó sistemáticamente todos los hechos. Con anterioridad, se había negado a declarar tanto ante la Guardia Civil como en el juzgado de instrucción. La Sala, en definitiva, considera que la Audiencia valoró todas las pruebas con los criterios de “lógica, ciencia y experiencia exigibles”, de modo que la condena está suficientemente justificada.
>> más información

El TSJ de Aragón rechaza adoptar cautelares contra las medidas del confinamiento solicitadas por 10 ciudadanos (Tue, 01 Dec 2020)
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en el auto dictado esta mañana, han desestimado adoptar medidas cautelares contra el decreto dictado por el gobierno de Aragón de 4 de noviembre de 2020 que establecia el confinamiento perimetral de las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, y de la Comunidad Autónoma. Las medidas cautelares fueron solicitadas el pasado jueves al TSJA por diez ciudadanos al considerar que el estado de alarma no es constitucional y que la comunidad autónoma no se pueden suspender derechos fundamentales como el de circulación, por ello solicitaron del tribunal la suspensión del confinamiento perimetral. Entienden los magistrados que el “presente asunto” tiene “escasa urgencia para los recurrentes, si han tardado más de 20 días en reaccionar a la decisión del Presidente del Gobierno de Aragón”. Esta apreciación afirman que no es irrelevante, “Efectivamente, ante una actuación que ha de estar vigente 27 días, la estrategia de la parte actora ha sido la de dejar transcurrir 22 días, y llegado ese momento, a cinco días de la expiración de la vigencia, interponer el recurso y solicitar la medida cautelar. Pues bien, llegados a este punto es evidente que la sentencia, aunque fuese estimatoria, ya no impediría las restricciones de movilidad acordadas, y desde ese punto de vista habría perdido su finalidad legítima el recurso.” Y por ello concluyen que no consideran “que deba acordarse la suspensión interesada”.
>> más información

La Audiencia de Ávila absuelve a dos cazadores condenados por matar a un lobo (Mon, 30 Nov 2020)
La Audiencia Provincial de Ávila ha estimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por dos cazadores condenados por el Juzgado de lo Penal por matar a un lobo ibérico en una finca de la localidad abulense de Tornadizos. La Audiencia por tanto ha revocado la sentencia de primera instancia y ha absuelto a ambos del delito contra la fauna, y también a uno de ellos del delito de tenencia ilícita de armas. Según el tribunal provincial, “no existe prueba acreditativa de la causa de la muerte del ejemplar de lobo ibérico que ha dado lugar a la formación de los autos; no existe prueba de que tal muerte se produjese por un disparo; no existe prueba de que el presunto disparo causante de la muerte procediese del puesto nº 15; no existe prueba de qué arma salió ese presunto disparo; no existe prueba de que en la montería los ocupantes del puesto nº 15 hicieren uso de dos armas distintas; no existe prueba de que, desde el puesto nº 15, se hicieren cuatro disparos; no existe prueba de que los ocupantes del puesto nº 15 disparasen a un lobo; y, por último, no existe prueba de que el acusado J.L.G.E. hiciere uso de arma alguna”. “Sentado lo anterior, alcanzar el fallo condenatorio contenido en la sentencia de instancia supone la completa ignorancia, por no decir el más absoluto desprecio, del principio de presunción de inocencia que, en los presentes autos, a tenor de lo expuesto, ha de permanecer incólume por no haberse practicado prueba de cargo suficiente para desvirtuarlo eficazmente”, concluye la Audiencia.
>> más información

El Juzgado de lo Social nº 4 declara la existencia de relación laboral entre Glovo y 85 repartidores de Cantabria (Thu, 26 Nov 2020)
El titular del Juzgado de lo Social nº 4 de Santander ha declarado la existencia de relación laboral entre la empresa Glovo y 85 repartidores que desarrollan su actividad en Cantabria.  En una sentencia dictada recientemente, el magistrado estima así la demanda presentada por la Seguridad Social, que aportó actas de liquidación y sanción sobre la actividad de Glovo, sometida a inspección entre abril de 2018 y mayo de 2019.  En su resolución, el magistrado se refiere a la reciente sentencia del Tribunal Supremo de septiembre pasado, en la que declaró la existencia de una relación laboral entre la empresa y un repartidor, y consideró que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores.  A lo largo de setenta páginas, el titular del Juzgado de lo Social nº 4 repasa cada uno de los elementos que llevan a determinar que, pese a que los repartidores están inscritos como trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE), existe una relación laboral por cuenta ajena con la empresa Glovo.  Relación de dependencia Entre los citados elementos, destaca la relación de dependencia de los trabajadores, evidenciada en numerosos aspectos.  Por un lado, subraya la resolución que la empresa planifica el horario de los repartidores y condiciona la libertad de estos para elegir. ”El sistema de puntuación de cada repartidor condiciona su libertad de elección de horarios porque si no está disponible para prestar servicios en las franjas horarias con más demanda, su puntuación disminuye, y con ella la posibilidad de que en el futuro se le encarguen más servicios y conseguir la rentabilidad económica que busca, lo que equivale a perder empleo y retribución”.  Esa dependencia también queda patente, según explica el magistrado, en el control que la empresa ejerce sobre los trabajadores con geolocalización. La empresa hace un seguimiento de la actividad de los repartidores, lo que “tiene un valor clave para el normal desenvolvimiento de la actividad de la empresa, tratando y utilizando estos datos para toma de decisiones empresariales y para fiscalizar la actividad de los repartidores”.  Junto a ello, la sentencia pone de manifiesto que en el contrato que los repartidores firman con Glovo se prevén diferentes cláusulas de resolución de contrato “que son trasunto literal de los incumplimientos contractuales que justifican el despido disciplinario” recogidos del Estatuto de los Trabajadores.  Por otro lado, subraya el magistrado que la empresa “aporta un medio fundamental sin el cual no se puede llevar a cabo la actividad”, como es la aplicación informática. “Los repartidores solo aportan el vehículo para el reparto, frente al grueso de la inversión constituida por la aplicación informática, verdadero valor y motor de la dinámica prestacional”.  “Contundentes indicios” de la existencia de ajenidad El segundo elemento a tener en cuenta para considerar la relación laboral es la ajenidad de la que, según la sentencia, “existen contundentes indicios”.  Así, no existe riesgo alguno para el repartidor –“si se producían entregas fallidas la empresa seguía retribuyéndoles sin que tuvieran que hacerse cargo del coste”- y, éstos no tienen ninguna relación mercantil con los clientes –tanto los que entregan como los que recogen pedidos son clientes de Glovo­.  Junto a ello, también se aprecia ajenidad en los medios, “evidenciada por la diferencia entre la importancia económica de la plataforma digital y los medios materiales de los repartidores”.  Finalmente, el magistrado llega a la conclusión de que los repartidores de Glovo no son TRADE sino trabajadores por cuenta ajena.  Y es que, para que lo fueran, el Estatuto del Trabajo Autónomo exige disponer de infraestructura productiva y material propios, desarrollar su actividad con criterios organizativos propios y recibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, “requisitos que no concurren en el presente caso”.  Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.    
>> más información

La Audiencia de Navarra absuelve a un acusado de abusar sexualmente de la hija de 12 años de su pareja (Thu, 26 Nov 2020)
La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha absuelto a un acusado de haber abusado sexualmente de una menor de 12 años al considerar que su testimonio presenta contradicciones, aspectos “confusos” y “disonantes”, así como “indeterminación” acerca del periodo de tiempo en que se produjeron los hechos denunciados. En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los magistrados resaltan la “imposibilidad” de que las imputaciones se hubieran cometido en el contexto temporal delimitado en los escritos de acusación. En la vista oral, el Ministerio Fiscal solicitó 5 años y 6 meses de prisión, mientras que la acusación particular elevó la petición a 8 años. La defensa, por su parte, reclamó la absolución. El procesado, natural de Ecuador, de 38 años, convivía desde 2016 con su pareja y la hija de ésta, nacida en 2005, en una vivienda de Pamplona. El tribunal no considera acreditado que, a finales de 2017, cuando la madre se ausentaba del domicilio, el encausado abusara sexualmente de la menor. Tampoco consideran probado los jueces que, el 17 de julio de 2018, el inculpado le dijera a la menor, que entonces tenía 13 años: Yo no le digo nada a tu mamá de que bebes si tú no cuentas nuestro secreto”. En el juicio, el acusado negó “rotundamente” todas las imputaciones y afirmó que la relación que tenía con la menor era “estupenda. Planteó que podía haber razones espurias para la denuncia, ya que había tensión y crispación entre la menor y su madre. Y también indicó que la niña tendía a inventarse cosas, “pero nunca de este calibre”. “Cuando volvía del colegio venía con historias de que tenía muchos novios y luego decía lo contrario. Siempre volvía con historias”, declaró el procesado. Contexto de conflicto y tensión familiar Para el tribunal, “las objeciones puestas de manifiesto por la defensa del acusado no aparecen desprovistas de toda consistencia ni carecen de un cierto apoyo lógico y soporte probatorio, pues la denuncia se produjo en un contexto de conflicto y tensión familiar”. Aunque este conflicto no permita afirmar, sin más, la invericidad de la declaración de la menor, la Audiencia estima que “sí debe tomarse en consideración a la hora de ponderarla pues precisará de elementos relevantes de corroboración”. Asimismo, los magistrados también encuentran “aspectos confusos e incluso disonantes entre sus sucesivas narraciones”, así como “ciertas contradicciones” e “indeterminación” respecto al momento en que sucedieron los hechos. La Audiencia sostiene que “la declaración de la menor, contrastada con las demás pruebas practicadas en el acto del juicio, no permite tener por probado, con el grado de certeza exigible para pronunciar una sentencia condenatoria y sin margen para la duda, que el acusado hubiese cometido los hechos que se le imputan”. Por consiguiente, el tribunal afirma que la indeterminación en el escrito de conclusiones provisionales de los hechos punibles puede dar lugar a una acusación imprecisa e incluso insuficiente y pude producir a causa de ello una situación de indefensión en el acusado que solo podrá, efectivamente, defenderse y proponer las pruebas que crea conveniente en la medida que conozca la exposición concreta de los hechos. La prueba documental aportada por la defensa, razona la Audiencia, viene a corroborar lo declarado por el inculpado, “de suerte que los hechos enjuiciados, tal y como han sido descritos en los escritos de acusación, no habrían podido tener lugar”.
>> más información

La Audiencia de Sevilla condena a tres años y medio de cárcel a un interno de prisión por intentar introducir droga tras un ‘vis a vis’ (Wed, 02 Dec 2020)
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres años y seis meses de cárcel por un delito contra la salud pública a un preso que intentó introducir droga dentro de su cuerpo en la prisión de Sevilla-I tras mantener una comunicación ‘vis a vis’, según una sentencia fechada el día 17 de noviembre y contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). De este modo, el tribunal impone al acusado tres años y medio de prisión y el pago de una multa de 900 euros por un delito contra la salud pública con la agravante de reincidencia, pues ya fue condenado por sentencia firme de 8 de enero de 2015 a nueve años y un día de prisión por un delito contra la salud pública, y la atenuante analógica de drogadicción, pues considera que el acusado tiene el hábito de consumo de sustancias estupefacientes como la cocaína, una circunstancia que “condiciona, sin anularlas, sus facultades volitivas”. La Sección Primera considera probado que los hechos tuvieron lugar el día 17 de julio de 2018, cuando el acusado, aprovechando una comunicación ‘vis a vis’ que fue le autorizada desde las 16,00 horas en dicha prisión, introdujo dentro de su cuerpo quince bellotas valoradas en un total de 874 euros -conteniendo trece de ellas resina de cannabis y las otras dos sendas dosis de cocaína- que habían dejado en la dependencia en la que estaba efectuando la comunicación para ser destinadas a su venta a terceras personas en el interior del centro penitenciario. Estas sustancias le fueron intervenidas al condenado como consecuencia de las actuaciones llevadas a efecto por funcionarios de la cárcel desde que salió de la sala de comunicaciones “al tenerse sospechas de que pudiera introducir sustancias estupefacientes”, actuaciones que culminaron instantes después al ver cómo el acusado se introducía en el aseo del patio de uno de sus módulos. En la sentencia, y con carácter previo, el tribunal rechaza la alegación de la ruptura de la cadena de custodia de las sustancias intervenidas que planteó la defensa por primera vez al inicio del juicio, en el que la Fiscalía solicitó para el acusado un total de nueve años de cárcel al considerar que en el delito enjuiciado concurre el subtipo agravado de haberse llevado a cabo en un centro penitenciario. Rechaza el subtipo agravado de haber cometido el delito dentro de una cárcel La Sección Primera argumenta que, en este caso, no concurre el subtipo agravado referido y cita para ello varias sentencias del Tribunal Supremo, como por ejemplo la sentencia 257/2015 de 6 de mayo, en la que, con referencia a la Circular 2/2005 de la Fiscalía General del Estado, se indican como motivos de la agravación la necesidad de “... reforzar la protección de los lugares que el precepto menciona y de las áreas exteriores colindantes con los mismos, y por las mayores facilidades que dichos centros o establecimientos ofrecen para la difusión de las drogas, dadas sus características y su estructura organizativa interna, por la perturbación que ello puede provocar en el proceso educativo, rehabilitador...”. Según esta sentencia del Supremo, los lugares, entre ellos los centros penitenciarios, “... en sí se protegen porque allí residen o desarrollan actividades determinados colectivos de personas, resultando especialmente dañino y perturbador que sus integrantes accedan a la droga”, tratándose de “grupos de personas extremadamente sensibles, que constituyen mercados atractivos para los traficantes o vendedores de drogas al por menor, que pueden afectar no sólo a su salud, bien jurídico genéricamente protegido, sino indirectamente al funcionamiento de la institución en que están integrados esos colectivos o a la frustración del cumplimiento de los fines propios de esos centros...”. La Sección Primera de la Audiencia añade a lo anterior “las letales consecuencias asociadas a estas conductas al haber provocado en los centros penitenciarios la muerte por sobredosis de internos por la adulteración de las sustancias o los escasos instrumentos utilizados por los mismos para su administración”. El tribunal de la Sección Primera concluye que, “si bien el supuesto sometido a nuestra consideración no es del todo similar a los antes mencionados” en las sentencias del TS enumeradas “en cuanto que se procedió a la aprehensión de las sustancias después de que el acusado sorteara el control establecido a la salida de la sala de comunicaciones especiales y que no se trata de cantidades reducidas que permitieran descartar el riesgo de propagación (...), sí lo es respecto a la circunstancia que fue la eficaz y continuada diligencia de los funcionarios del centro la que hizo que hubiera sido casi improbable el que llegara al destino previsto”. Atenuante analógica de drogadicción “Habría resultado muy poco probable, por no decir improbable, que las sustancias estupefacientes hubieran podido llegar a otros internos dado el protocolo de control que se estaba siguiendo y la dificultad de expulsar, salvo en sitios muy determinados, y por tanto fácil de controlar, las bellotas”, subraya el tribunal. En la vista oral, la defensa solicitó, de forma subsidiaria, que se aplicaran las atenuantes de drogadicción y de haber actuado por miedo insuperable. En este sentido, la Sección Primera aplica al interno la atenuante analógica de drogadicción pero considera que no ha acreditado el sustento fáctico que permita apreciar la segunda de las atenuantes planteadas de manera subsidiaria. En este sentido, señala que, “con independencia de las complejas situaciones y relaciones que pueden surgir como consecuencia de la convivencia en un centro penitenciario, y los intereses concurrentes de algunos de los internos, no puede sustentarse esta circunstancia en la simple manifestación de quien la alega, pues ello sería dar carta de naturaleza a la posibilidad de implicarse en la comisión de hechos delictivos graves, como el enjuiciado, con la perspectiva, de ser descubierto, de poder tener un trato más benigno”.
>> más información

El juez continúa el procedimiento contra cinco investigados en una pieza separada del caso ERE por las ayudas de 34,2 millones a un “entramado empresarial” de la Sierra Norte de Sevilla (Tue, 24 Nov 2020)
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto R. y otras cuatro personas investigadas en una pieza separada del caso ERE centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas concedidas por la Administración autonómica por un importe total aproximado de 34.264.273 euros a un “entramado empresarial” radicado en la Sierra Norte de Sevilla y controlado por dos de los investigados, uno de ellos ya fallecido en el año 2016. En un auto fechado el día 23 de noviembre y notificado hoy martes a las partes personadas, el magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular acusación. Así, acuerda la continuación de las diligencias como procedimiento abreviado contra estos cinco investigados como presuntos responsables penales y contra una veintena de entidades en calidad de responsables civiles subsidiarios. De igual modo, el instructor acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a otros seis investigados al considerar que “no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan” atribuirles una participación relevante penalmente en los hechos concretos en los que se centra esta pieza separada de los ERE, mientras que, igualmente, declara la extinguida la responsabilidad criminal del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero tras su reciente fallecimiento. Asimismo, el juez señala que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni en consecuencia acordar la continuación del procedimiento contra otros cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía “por su participación en los hechos delictivos por los que se procede en cuanto ya habrían sido encausados y condenados por la perpetración de aquéllos” en el juicio seguido en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla por el denominado procedimiento específico “instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta”. Estos cinco ex altos cargos de la Junta son los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera; el ex viceconsejero del ramo Agustín Barberá; el ex director general de Trabajo Juan Márquez, y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, todos los cuales fueron enjuiciados por el denominado procedimiento específico, por el cual, sin embargo, no fue juzgado el también ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, lo que motiva que el procedimiento en esta pieza separada de los ERE sí continúe contra él, ya que “se le excluyó” del procedimiento específico “sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales que se pudieran depurar en causas desgajadas de la causa matriz”, según remarca el juez en este auto de 85 páginas. Al hilo de ello, el instructor asevera que, en este caso, “concurren sólidos indicios de los que se desprende que durante el mandado de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social se concedieron y realizaron, de manera injusta y arbitraria, diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícitas (en concreto, en favor de Explotaciones Agrícolas Sanluqueñas S.A. (Expasan)”. El magistrado explica en el auto que el objeto de estas actuaciones lo constituye “la presunta ilicitud de las ayudas y subvenciones concedidas extramuros de la legalidad” por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y abonadas por la agencia IFA/IDEA, en favor de distintas empresas y entidades vinculadas con uno de los investigados y una segunda persona fallecida en enero de 2016 por un importe total aproximado de 34,2 millones de euros. En este sentido, el instructor precisa que el “tándem” compuesto por ambos empresarios “habrían constituido diversas empresas y sociedades interrelacionadas, muchas” de las cuales “carecían de actividad y trabajadores, y que tenían por objeto recibir subvenciones y ayudas de la Junta para, seguidamente, realizar el traspaso de fondos a distintas sociedades del mismo entramado, posibilitándose así, mediante este número de sociedades interpuestas, que el grupo controlado por ambos investigados percibiera fraccionadamente y de modo coordinado, en connivencia con responsables de la Junta, múltiples subvenciones, evitando en muchos casos con las cuantías de las ayudas sobrepasar los límites competenciales de la Consejería de Empleo y en su caso del Consejo Rector de IFA/IDEA”. Las ayudas se habrían otorgado “de manera injusta y arbitraria” El juez añade que el total de las ayudas que se habrían concedido “ilícitamente, sin que existiera solicitud o se acompañaran proyectos, memorias o planes de viabilidad por parte de los investigados, habría ascendido a la suma aproximada de 34 millones de euros por el sólo interés ilegítimo de favorecer a ambos investigados y a su grupo de empresas por parte de la Administración autonómica”, precisando que, de estos 34 millones, “existieron resoluciones de ayudas por el correspondiente director general de Trabajo por importe aproximado de 27.928.772 euros, suscribiéndose también adicionales convenios de colaboración con IFA/IDEA para materializar el pago de estas ayudas por importe de 16.461.132 euros”. Así, el magistrado indica que, de los 24 convenios suscritos para “favorecer” a este grupo, los investigados “habrían conseguido, gracias a sus importantes relaciones e influencias en la Consejería de Empleo e IFA, que veinte de ellos se efectuaran entre julio de 2003 y febrero de 2004”, punto en el que destaca que, de todas las ayudas concedidas, “destacan por su especial concentración” las recibidas por Matadero de la Sierra Morena S.A., con aproximadamente 7,5 millones de euros, mientras que otras entidades que “recibirían importantes ayudas” serían Arcadia Emprendedora S.L., Sociedad del Desarrollo de El Pedroso S.L. (Sodelp) y Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI, “que fueron beneficiarias de ayudas por más de dos millones de euros”. El juez concluye asegurando que todas las ayudas investigadas y concedidas a las sociedades del “entramado societario” de los dos empresarios investigados “se habrían otorgado, en todo caso, de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la concesión de ayudas públicas o subvenciones, todo ello, en connivencia entre los responsables de las entidades beneficiarias y los correspondientes responsables de la Consejería de Empleo de la Junta”. Seguidamente, el instructor enumera las distintas sociedades que conforman el referido “entramado empresarial”, que clasifica en tres grupos, y las ayudas que recibieron, afirmando que, “a pesar de tratarse de ayudas del programa 31-L de la Dirección General de Trabajo, ninguna de estas ayudas se dedicó a la promoción del empleo, pues muchas de las empresas carecían de actividad y trabajadores, sirviendo sólo como empresas pantalla en el referido entramado empresarial y para recibir subvenciones”, mientras que las empresas que tenían empleados “recibieron ayudas muy desproporcionadas para el número de trabajadores que tenían contratados”. “Evidente y grosera ilegalidad” “Toda esta arbitraria utilización de fondos públicos sería producto de la connivencia” entre los investigados José María S., Eduardo L., Manuel V. y Manuel R. y los responsables de la Administración autonómica a través de la Consejería de Empleo y el IFA/IDEA, “lo que se habría traducido en el enriquecimiento personal de aquellos -y el uso de las subvenciones para otros fines distintos que para los condedidos-, gracias a la ilícita acumulación y concentración fraccionada de subvenciones recibidas, en detrimento y con menoscabo de los intereses generales y del patrimonio público autonómico”, dice el magistrado. En conclusión, el juez subraya que, de lo actuado, “es posible deducir” que los cuatro investigados referidos anteriormente “habrían colaborado activamente en la concesión y obtención, de manera ilícita y fraudulenta, de las ayudas concedidas, a sabiendas de su evidente y grosera ilegalidad, de modo que habrían posibilitado su concesión realizando gestiones al respecto con los responsables de la Consejería de Empleo de la Junta con el fin de que las referidas sociedades obtuvieran de forma irregular los fondos públicos comprometidos”, una mediación que “habría resultado indispensable para la concesión de las ayudas ilícitas por parte de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, de modo que dicha concesión se habría producido gracias a aquélla”.
>> más información

Penas de entre un año y nueve meses y dos años de cárcel para seis exdirectivos de Abengoa en Brasil por aumentarse retribuciones de tres millones de euros de forma fraudulenta (Fri, 27 Nov 2020)
La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre un año y nueve meses y dos años de cárcel a seis exdirectivos de Abengoa en Brasil como autores de un delito de apropiación indebida por hacerse pagos a sí mismos entre 2011 y 2013 que carecían de justificación, incrementando de manera “fraudulenta” las retribuciones que percibían por su trabajo. En total, las cantidades que cobraron de forma indebida superaron los 3 millones de euros. En una sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Penal dictan sentencia tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía Anticorrupción y los acusados, a quienes se les aplica la atenuante de confesión tardía tras admitir su participación en los hechos y su pleno arrepentimiento. También se les aplica la atenuante de reparación del daño. La resolución recoge que el Grupo Abengoa, en cuanto perjudicado, ha alcanzado un acuerdo de satisfacción extrajudicial, habiendo sido íntegramente indemnizado por los acusados y renunciando con ello al ejercicio de acciones tanto penales como civiles. La Sala impone una pena de dos años de cárcel a Juan T.V., director general de Abengoa Bioenergía Agroindustria Limitada, 1 años y 11 meses de cárcel al director de Recursos Humanos Luis R.M. y 1 año y 9 meses a los otros cuatro exdirectivos. Los hechos probados de la sentencia relatan que entre enero de 2011 y agosto de 2013 los acusados ocupaban puestos directivos en las sociedades con las que Abengoa desarrollaba su actividad en Brasil, principalmente la sociedad española Abengoa Bioenergía Brasil SA y su filial brasileña denominada Abengoa Bioenergía Agroindustria Limitada. Así, con intención de lograr una ventaja patrimonial ilegítima, se hicieron, con cargo a la empresa, “pagos a sí mismos que carecían de toda causa o justificación, incrementando de este modo y de manera fraudulenta las retribuciones que percibían por su trabajo, ocultándolo a sus superiores y apartándose de las normas y protocolos internos que debían seguirse para adoptar decisiones de ese tipo”. Para lograr hacerse con las cantidades que los acusados se adjudicaron a sí mismos, Juan V., como director general de Abengoa Bioenergía Agroindustria, indicaba a Luis R.M., como director de Recursos Humanos, el importe a abonar y éste, a su vez, lo comunicaba a la entidad bancaria a través de la cual cada uno cobraba su retribución del Grupo Abengoa. Dicho pago, señala la Sala, no había sido aprobado con arreglo a la las normas y protocolos que regían la actividad interna de todo el Grupo Abengoa y no era conocido por los responsables de la multinacional que debían saberlo y aprobar la operación. Ambos conocieron en todo momento los pagos ilegítimos que recibieron tanto ellos como el resto de acusados, mientras que los otros cuatro, ni gestionaron ni participaron en otros pagos que no fueran los que ellos mismos recibieron, explica el Tribunal. “Los acusados trataron de justificar esos incrementos fraudulentos de la retribución que percibían por su trabajo en el Grupo Abengoa indicando que se trataba de pagos de bonos extraordinarios por diferentes motivos –como la puesta en marcha de la nueva capacidad de la planta de producción- sin que, en ningún caso, como se dice, dichos pagos hubieran sido autorizados ni conocidos por el Grupo Abengoa al tiempo en que se realizaron”, sostiene la resolución. La sentencia detalla las cantidades que cobraron los acusados de forma fraudulenta: Juan T. (1.234.939 euros); Javier R. (449.385 euros) Fernando G.B. (493.717 euros); Luis R.M. (418.899 euros); Roberto P. (338.376 euros) y Carlos M.G. (350.484 euros).  
>> más información

Penas de hasta 15 años de cárcel para 19 de los 23 acusados por la visita del Papa a Valencia en 2006 (Wed, 25 Nov 2020)
La Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta 15 años de cárcel a 19 de los 23 acusados por la adjudicación ilegal al Grupo Correa del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia con motivo del V Encuentro de la Familia, celebrado en Valencia los días 7, 8 y 9 de julio del año 2006.  En una sentencia, de 556 páginas, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala lo Penal condenan en esta pieza del denominado ‘caso Gürtel’ a 13 años y 7 meses de prisión al líder del Grupo Correa Francisco C.; a 15 años y 5 meses a su mano derecha Pablo C.; a 6 años y 9 meses a su colaborador Álvaro P. y al exdirector de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro G.G., y a 11 años y 7 meses al vicepresidente de TECONSA José Luis M.P.  El resto de acusados han sido condenados a penas que van desde los ocho meses de cárcel a los que ha sido condenado Jacobo G. a los tres años de Francisco Javier A.P. En el caso de Ramón B.B. ha sido condenado a 1 año y medio de prisión.  Por el contrario, la Sala absuelve a dos acusadas para las que la Fiscalía Anticorrupción retiró la acusación en el juicio, Noemí M. y Alexandra A.B., mientras que otros dos procesados fallecieron, Juan C. y Luis S.B., por lo que quedó extinguida su responsabilidad penal. La sentencia, ponencia de la magistrada María Fernanda García Pérez, acuerda aplicar la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada al haber transcurrido catorce años desde la fecha de los hechos y doce desde la incoación de la causa y, en algunos acusados, las de reparación del daño y de confesión solicitadas por el Ministerio Público.  Además, se ha considerado que varios delitos se cometieron en concurso medial (por un lado, prevaricación, malversación y fraude y por otro el blanqueo, la falsedad de documental y los delitos contra la hacienda pública), por lo que, al penarlos por separado por ser más beneficioso para los acusados, las penas son más bajas que las solicitadas por las acusaciones.  De los 22 acusados, 11 de ellos reconocieron esencialmente los hechos y los 12 restantes los negaron ejerciendo su legítimo derecho de defensa, si bien uno de ellos, Pablo C., se negó a declarar.  En cuanto a los pronunciamientos civiles, la sentencia condena a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia como partícipe a título lucrativo, aunque declara extinguida la obligación de pago por encontrarse extinguidos tanto este ente como RTVV y haber asumido sus obligaciones y deudas la Generalitat valenciana.  La adjudicación del contrato tuvo un sobrecoste de 3,2 millones de euros  La Audiencia considera que la valoración de la prueba en su conjunto permite concluir que hubo una adjudicación directa por parte del director general de la RTVV a favor de la empresa interpuesta por el grupo CORREA, TECONSA, del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 con clara finalidad de enriquecimiento ilícito por el sobrecoste del importe pagado (3.205.375,11 euros).  El contrato se firmó por un precio excesivo a la elaboración formal del expediente administrativo, con la colaboración de los empleados públicos de RTVV, y se antedataron los trámites esenciales con el fin de dotar de apariencia de ilegalidad e incurriendo en el elaborado en sucesivas infracciones de la normativa administrativa.  Con posterioridad, continúa la Sala, el importe cobrado de la RTVV por TECONSA, se canalizó hacia los distintos beneficiarios a través de un entramado de facturas ficticias e irregulares abonadas por TECONSA, y que ésta procedió a deducir en los correspondientes Impuestos de Sociedades y del IVA.  Los jueces consideran acreditado que al menos desde octubre de 2005 la organización de Correa una inició una serie de actuaciones dirigidas a conseguir la adjudicación de modo ilícito de la prestación de servicios y suministros necesarios para el Encuentro Mundial de las Familias que se iba a celebrar en julio.  Hubo un concierto, dice la Sala, para que la contratación se realizara por la RTVV a favor de la empresa interpuesta por la organización del Sr. C., TECONSA, para lo cual consiguieron que la Fundación, que era la organizadora del V Encuentro Mundial de la Familia, firmara un Convenio de colaboración con RTVV el 27 de febrero de 2006 por el cual no sólo cedían la señal institucional a dicho ente, sino que le cargaron el coste de la contratación de las pantallas, sonido y megafonía.  Por tanto, señalan, el Convenio fue el mecanismo jurídico utilizado para que la RTVV se hiciera cargo de un coste que no le correspondía porque para la retransmisión del evento no eran necesarias las pantallas, dado que éstas iban destinadas a que los peregrinos y visitantes pudieran ver al Papa en su recorrido por Valencia.  Una ficción al servicio del fraude  La sentencia considera acreditado que la adjudicación directa a Teconsa fue claramente ilegal pues los acusados del Grupo Correa y el director general de RTVV primero acordaron la adjudicación y después se confeccionó formalmente el expediente de contratación, contando con la colaboración de los empleados públicos de RTVV que han resultado condenados.  Por tanto, el tribunal argumenta que hubo un concierto previo para adoptar la decisión, al margen de cualquier procedimiento administrativo y de los principios de publicidad y concurrencia. Después se intentó dar cobertura formal “tramitando un expediente antedatado para favorecer a una empresa, Teconsa, que no tenía capacidad técnica para llevar a cabo los trabajos necesarios y que tuvo que subcontratar todo, y autorización del gasto aún sin dotación presupuestaria”.  Para la Sala, los hechos juzgados encajan como delito de cohecho, prevaricación, delito de fraude a la Administración Pública, malversación, delito de falsedad en documento oficial, blanqueo de capitales, delito continuado de falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública. El concierto de los acusados del Grupo Correa con el director de RTVV para que el contrato de pantallas y sonido se adjudicara a Teconsa por un precio por un importe de 6.460.000 euros (7.493.600 euros con IVA) fue, según hace constar el tribunal, a un precio muy superior al coste de los trabajos necesarios para el desarrollo del evento.  Basándose en la prueba documental, la testifical pericial de los agentes de la UDEF y la pericial de la Inspectora de la AEAT, el tribunal concluye que el coste de los trabajos de ejecución fue de 3.254.624 euros por lo que la diferencia (3.205.375 euros) “constituye el sobrecoste o beneficio ilegalmente obtenido en perjuicio del erario público, que fue después repartido entre los acusados con influencia decisiva en el proceso de adjudicación”.  La sentencia añade que los acusados participaron en una ficción al servicio del fraude, en el caso de los empleados públicos, infringiendo su deber de probidad inherente al ejercicio de la función y en perjuicio económico del ente público, dado el sobrecoste del precio pagado.  También destaca la función del vicepresidente de Teconsa Jose Luis M.P. al haber prestado la empresa familiar de la que era socio y gestor para que hiciera de pantalla como adjudicataria, cuando en realidad los verdaderos adjudicatarios eran los acusados del Grupo  de Francisco C., con quien se concertó, obteniendo a cambio una comisión de 200.000 euros, y los beneficios fiscales derivados de la deducción de las facturas ficticias abonadas que encubrían el reparto de los fondos obtenidos y que acreditan el delito de blanqueo de  capitales.  En relación a los delitos contra la Hacienda pública, la Sala indica en la resolución las cuotas defraudas por los acusados en concepto de Impuesto de Sociedades de 2006, 2007 y 2008 e IVA de 2006 y 2007 y que ascenderían a 1.328572 euros.   Rebajas de penas en aplicación de atenuantes  La sentencia rebaja las penas solicitadas al aplicar varias atenuantes, como la de confesión muy cualificada u atenuante analógica de confesión solicitada por la fiscalía para los acusados conformados.  Los magistrados también aplican la atenuante de reparación del daño para los que consignaron la responsabilidad civil antes del inicio del juicio.  Aprecia también la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada al haber transcurrido catorce años desde la fecha de los hechos y doce desde la incoación de la causa.  Además, la Sala rebaja de cooperadores necesarios a cómplices a los funcionarios públicos que no se habían conformado y cuya aportación era menor que la de los que sí se conformaron y que por ello la Fiscalía los venía considerando cómplices.
>> más información

La Audiencia Nacional acuerda mantener en prisión al comisario Villarejo (Fri, 20 Nov 2020)
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado mantener en prisión al comisario jubilado José Manuel Villarejo por la denominada Operación Tándem debido al elevado riesgo de fuga existente y a que la situación de pandemia no puede suponer un cambio de su situación al haberse adoptado medidas concretas en la cárcel, donde está siendo “absolutamente atendido y tratado” de sus dolencias físicas y está sometido a control médico permanente. En un auto, los magistrados de la Sección Tercera desestiman los recursos presentados por Villarejo en las piezas 2 y 6 de este procedimiento contra la decisión del Juzgado Central de Instrucción 6 de mantenerle en la cárcel. En sus escritos, la defensa de Villarejo solicitaba la modificación de su situación de prisión por la de libertad provisional con diferentes medidas cautelares o con la instalación de mecanismo de control telemático para su localización permanente en su domicilio. La Sala señala que en los autos del instructor recurridos por Villarejo, al contrario de lo sostenido por éste, se razona sobre los hechos que presentan caracteres de delito, las penas que les corresponden, así como del riesgo de fuga que lleva aparejado. Un riesgo, dice el Tribunal, “que se ve incrementado ahora por las elevadísimas penas que interesan las acusaciones, que superan los cincuenta años de prisión y la proximidad de la celebración del juicio”. El auto explica también que la situación de prisión provisional del apelante tampoco vulnera sus derechos a la vida, respeto a su dignidad personas e integridad física y moral y la protección a la salud en la situación actual de pandemia por COVID-19. Recuerda que la pandemia afecta a todos los ciudadanos y que se ha dictado la Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con medidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Aparte de estas medidas generales para todos los internos, apunta la Sala, se han adoptado medidas concretas en relación con el apelante en el Centro Penitenciario de Estremera donde está interno, tal y como se recoge en los informes del servicio sanitario de dicho centro a petición del Juzgado de Instrucción 6. En ellos se señala que el estado de Villarejo es bueno, que dispone de una celda individual de 12 metros cuadrados donde puede realizar su ejercicios de rehabilitación, que en el centro penitenciario se observan todos los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades ante la pandemia, y que cualquier circunstancia relevante acerca de la situación del apelante será comunicada al juzgado. “De todo ello resulta que José Manuel Villarejo está siendo debidamente atendido y tratado en prisión de sus dolencias físicas, que está sometido a control médico permanente que garantiza, en caso de ser necesario, adoptar cualquier medida que su salud requiera, por todo lo cual procede la desestimación del recurso”, concluye la Audiencia.
>> más información

Contacte con nosotros

Teléfono: +34 952 48 49 83

 

Teléfono móvil: 690 16 85 86

 

Correo electrónico: info@lopezgomezabogados.es

Cómo llegar

Dirección: Plaza del Ayuntamiento, núm. 4, primera planta

CP 29560 - Pizarra (Málaga)

 

 

Dirección: Maestra Azpiasu, núm. 25, primera planta

CP 29640 - Fuengirola (Málaga)

 

 

Horario comercial

Lunes - Viernes 09:00 - 14:00
  17:00 - 20:00
 
Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© López & Gómez Abogados

Llamar

E-mail

Cómo llegar