Noticias jurídicas

Desde esta sección le mantendremos informado de todas aquellas resoluciones judiciales de especial trascendencia 

Los dos acusados de lanzar piedras y otros objetos contra el autobús del colectivo HazteOir en Asturias reconocen su culpabilidad y asumen una condena de pago de una multa (Fri, 05 Jun 2020)
Los dos acusados de lanzar piedras y otros objetos contra el autobús de HazteOir en Lena en mayo de 2017 reconocieron hoy los hechos que les atribuían la Fiscalía del Principado de Asturias y la acusación particular y asumieron una condena de pago de una multa de 18 meses y un día, a 4 euros diarios. La vista oral estaba señalada para hoy en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo, aunque la conformidad alcanzada entre las partes evitó su desarrollo. Los hechos probados son considerados constitutivos de un delito de coacciones ejercidas para impedir el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad ideológica y de expresión (art. 172.1 aps. 1 y 2 CP), en concurso de normas con un delito de daños (art. 263.1 ap.1 CP), a sancionar todo ello conforme al primer precepto. Concurren la agravante de obrar por motivos discriminatorios referentes a la ideología de la víctima y la atenuante de reparación del daño. Así, cada acusado asumió el pago de una multa de 18 meses y un día, con una cuota diaria de 4 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, abono de las costas procesales y además, los acusados asumieron el pago de una indemnización a la empresa propietaria del autobús por los daños causados que fueron peritados en 1.306,58 euros. La acusación particular retiró su petición de responsabilidad civil por daños morales. La conformidad alcanzada hoy está relacionada directamente con unos hechos sucedidos el 9 de mayo de 2017 cuando comenzaron a circular por las redes sociales diversos mensajes, haciéndose eco de la llegada del autobús del colectivo HazteOir a Oviedo, animando a boicotearlo. Por tal motivo, la organización del bus sustituyó la Estación de Servicio de Viella por la de Pola de Lena, en el punto kilométrico 58,5 de la A-66, convocándose allí a los medios. Sobre las 11,00 horas, llegó a este último lugar el autobús presentando en ambos laterales el lema "Dejad a los niños en paz". En el lugar, además de diversos medios de comunicación y una patrulla policial de paisano, se encontraba un nutrido grupo de personas que comenzaron a increparles y a manifestarles expresiones de desaprobación. Ante el alboroto, el portavoz de la organización no realizó declaraciones y decidió subir al autobús para seguir rumbo a Oviedo. Sin embargo, en ese momento tomó la iniciativa un grupo de personas -varias de ellas embozadas y encapuchadas- quienes, con el ánimo de amedrentar e intimidar a la comitiva a fin de que el autobús no se dirigiera a Oviedo para que no se pudiera ver su mensaje, comenzaron a tirar piedras, adoquines y objetos contundentes contra el vehículo -y las personas que estaban dentro de él-, rompiéndose varios cristales y el limpiaparabrisas delantero. Dentro de ese grupo violento se encontraban los dos condenados quienes, al menos, la mujer lanzó piedras contra el autobús, fracturando la luna delantera derecha, mientras que el otro acusado, intentó arrancar el limpiaparabrisas delantero. Este último, además de llamarles “fachas de mierda” y decirles “sois vosotros los que imponéis mierda”, cogió adoquines que lanzó al bus.
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La Audiencia de Navarra confirma la condena de año y medio de prisión al autor de la web del ‘Tour de la Manada’ (Fri, 05 Jun 2020)
La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha confirmado la sentencia dictada por una juez en diciembre de 2019 que condenó a un año y medio de prisión a un vecino de Madrid de 39 años que creó en diciembre de 2018 una página web de un denominado ‘Tour de la Manada’, en el que se publicitaba el recorrido por las calles de Pamplona seguido por los condenados por la violación grupal perpetrada en los Sanfermines de 2016. En la sentencia, que es firme, la Audiencia avala los hechos probados por la magistrada de instancia. Debido a la creación de la web, que se llevó a cabo entre los días 3 y 5 de diciembre de 2018, la víctima de la violación vio agravado el trastorno de estrés postraumático crónico que padece como consecuencia de los hechos sufridos el 7 de julio de 2016. A raíz del visionado de la web, los síntomas de la perjudicada se exacerbaron, por lo que la mujer requirió de nuevo de la ingesta de medicamentos, de modo que hasta aproximadamente el mes de mayo de 2019 no pudo recuperar la “cierta normalidad” que había alcanzado previamente a la apertura de la página. En el juicio, celebrado el 26 de noviembre de 2019, tanto el fiscal como la defensa solicitaron la absolución. La abogada de la víctima, por su parte, acusó al inculpado de sendos delitos contra la integridad moral y odio, por los que solicitó 2 años de prisión, y un año, 3 meses y un día de cárcel y una multa de 4.050 euros, respectivamente, así como una indemnización de 20.000 euros por el daño moral. La magistrada concluyó en su sentencia condenatoria que la página web creada por el acusado “cosificaba la figura de la víctima de un grave delito contra la libertad sexual”. La simple lectura de la página, argumentó la juez, lleva a la clara conclusión de que el delito del que fue víctima “se convirtió por parte del autor ahora acusado en un ‘jolgorio’, en una ironía, lo que constituyó un sufrimiento adicional importantísimo” para la joven. Intención de ofender y denigrar Tras examinar el recurso presentado por la defensa, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial suscribe todos los razonamientos de la juez de instancia. Así, el tribunal estima que el dolo (intención) de ofender y denigrar la dignidad personal “va implícito en los actos desplegados”. Al igual que hiciera la juez, la Audiencia descarta la alegación del procesado según la cual creó la página web con el objetivo de criticar el sensacionalismo de determinados medios de comunicación.
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El Tribunal Supremo considera procedente la incautación de la fianza de explotación de autopistas en concurso pero no la de construcción (Fri, 05 Jun 2020)
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado tres sentencias en las que considera procedente la incautación por el Ministerio de Fomento de la fianza de explotación de autopistas en concurso al estimar que la misma está prevista en la Ley 8/1972, de 10 de mayo para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión y en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y generales por los que se rige el contrato.  Sin embargo, considera que no es conforme a derecho la incautación de la fianza de construcción no devuelta, aunque sí entiende procedente su retención en caso de falta de ejecución de la inversión del 1% cultural, al tratarse, según la Sala, de una obligación que está vinculada al contrato.  En una primera sentencia la Sala desestima el recurso contencioso administrativo planteado por Bankia contra el apartado 2) del acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de julio de 2018, que resuelve el contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de eje aeropuerto, desde la A-10 hasta la M-40, y construcción de la prolongación y mejoras del acceso sur a Barajas; de la ampliación a tres carriles de la autovía A-10 entre la conexión con el eje aeropuerto y el nudo de Hortaleza, y de la conexión aeropuerto-variante N-II y vías de servicio sur de Barajas, de la ampliación a tres carriles de la autovía A-10 entre la conexión con el eje aeropuerto y el nudo de Hortaleza, y de la conexión aeropuerto-variante N-ll y vías de servicio sur de Barajas. El apartado del acuerdo impugnado en este recurso ordenaba la incautación de la fianza de explotación. La entidad financiera había prestado la fianza a la sociedad concesionaria Autopista Eje Aeropuerto Concesionaria Española S.A.  En la segunda sentencia, el tribunal estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Autopista Madrid Sur, Concesionaria Española, S.A., en liquidación, contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2018 por el que se resuelve el contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje R-4, de Madrid a Ocaña, tramo M-50-Ocaña; la circunvalación a Madrid M-50, subtramo desde la carretera N-IV hasta la carretera N-II; del eje sureste, tramo M-40-M-50, y de la prolongación de la conexión de la carretera N-II con el distribuidor este, y actuaciones de mejora en la M-50, tramo M-409-N-IV. La estimación parcial de dicho recurso supone la anulación del apartado 2) solo en la parte referida a la incautación de la fianza de construcción, pero no en la de explotación.  Siguiendo los mismos criterios, la tercera sentencia estima en parte el recurso de varias concesionarias contra el acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de julio de 2018 por el que se resuelve el contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje R-2, de Madrid a Guadalajara, y de la circunvalación a Madrid M-50, subtramo desde la carretera N-II hasta la carretera N-I. Se anula el apartado que acuerda la incautación de la fianza de construcción, y se limita a 196.328,27 euros la cantidad a ingresar en el Tesoro Público en concepto de inversión cultural no ejecutada.  En sus resoluciones, la Sala precisa que la controversia planteada en los recursos contencioso-administrativos se centra en el régimen jurídico aplicable a la garantía de explotación en este supuesto de resolución del contrato de concesión por abrirse, con carácter firme, la fase de liquidación en el marco del concurso de acreedores en que se encuentra la concesionaria a la que la entidad bancaria avaló la citada fianza.  Las sentencias, con ponencia de los magistrados Pablo Lucas y Celsa Pico, explican que de la Ley 8/1972, de 10 de mayo para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión y de los pliegos de cláusulas administrativas particulares por los que se rige el contrato (Orden FOM/541/2002, de 5 de marzo), coherentes con ella, resulta una regulación específica y suficientemente precisa de la suerte que han de correr las garantías en caso de quiebra del concesionario, hoy concurso de acreedores. Por ello, añade que no hace falta recordar, por otra parte, que, según jurisprudencia consolidada, los pliegos son la ley de concesión y vinculan a las partes: al concesionario y a la Administración, por lo que considera que no hay ausencia de motivación ni arbitrariedad en la selección de normas aplicadas por el Acuerdo impugnado.  Así, afirma que es importante recordarlo porque, cuando se adjudica la concesión en el año 2002, ya de tiempo atrás la legislación de contratos de las Administraciones Públicas distinguía el régimen de la quiebra o concurso culpable de la que no tiene este carácter y atribuía, en lo que ahora importa, las distintas consecuencias que destaca la demanda. En particular, señala la Sala, limitaba y limita la incautación de las garantías al supuesto de quiebra, ahora concurso de acreedores, culpable.  Asimismo, asegura que es coherente con la lógica contractual que se esté a lo dispuesto por la Ley 8/1972 y por los pliegos de cláusulas administrativas particulares y generales. “En otras palabras, a la Ley específica y a lo convenido por las partes. No se trata, pues, de una elaboración caprichosa sino, en último extremo, de someter la concesión a las prescripciones legales especiales con las que los pliegos, conformes a ellas y consentidos por la recurrente, integran una regulación completa en el extremo controvertido”.  En cuanto a la Ley 8/1972, de 10 de mayo, asevera que distingue claramente la fianza de construcción, artículo 9, y la de explotación, aquí concernida, artículo catorce. Mientras que la cláusula 24 de las generales fija el destino de la fianza de construcción, su cláusula 109 no lleva a una conclusión distinta pues habla de la fianza en singular y, antes, su cláusula 79, a propósito de la quiebra, trata exclusivamente de la fianza de explotación.  La Sala concluye que “establecidos estos presupuestos, su aplicación conduce, sin lugar a dudas, a considerar procedente la incautación de la fianza o garantía de explotación. La prescribe la cláusula 109 en términos inequívocos y, ya previamente, la cláusula 79 ha anticipado su suerte en casos como éste. En efecto, a la regla de la devolución de la fianza al extinguirse la concesión opone la excepción, entre otras, de la quiebra. Cuando la concesión se extinga por esa causa, dice, no procederá devolverla al concesionario”.  Fianza de construcción  Respecto de la fianza de construcción, la Sala afirma que ésta asegura la responsabilidad de la concesionaria frente a la Administración, no frente a terceros, y tiene por objeto la prestación principal consistente en la construcción de las obras objeto de la concesión. Agrega que la cláusula general 25 ordena su devolución una vez terminadas las obras de construcción y transcurrido el plazo de garantía de cada tramo, siempre que no haya motivos que determinen su retención.  La Sala responde que sobre esta cuestión interesa tener en cuenta que el Consejo de Estado, si bien descarta que justifique su incautación o retención el impago de los justiprecios porque no las considera una obligaciones esenciales en la construcción de la autopista, que es lo afianzado por esta garantía, sí entiende procedente su retención por la falta de ejecución de la inversión del 1% cultural, ya que se trata de una obligación que, si bien no nace del contrato sino del artículo 59 del Real Decreto 11/1986, está vinculado a él.  De acuerdo con el Consejo de Estado, el tribunal resuelve que sí cabe, conforme a la cláusula general 25, la retención de la fianza de construcción no devuelta a la concesionaria (autopista Madrid Sur, Concesionaria Española, S.A.) a los efectos de ingresar en el Tesoro Público, tal y como acordó el Consejo de Ministros en el acuerdo impugnado por Autopista Madrid Sur, Concesionaria Española, S.A., el importe de la inversión correspondiente al 1% cultural que no haya sido ejecutada.  
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Condenado a siete años de prisión por intentar matar a su pareja, a la que agredió y maltrató en Alicante (Fri, 05 Jun 2020)
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a siete años de prisión a un hombre que intentó matar a su pareja, a la que también agredió y maltrató. La Sala le impone una pena de cuatro años y medio de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa para el que contempla la agravante de parentesco. Además, le condena a dos años de prisión por un delito de lesiones y a seis meses de cárcel por un delito de maltrato en el ámbito familiar. El hombre no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima, a la que indemnizará con 4.220 euros por las lesiones que sufrió, las secuelas que le dejaron las heridas y el daño moral. La sentencia le absuelve de dos delitos de malos tratos, dos delitos de amenazas, un delito de maltrato habitual y un delito de obstrucción a la justicia de los que también estaba acusado, ya que con las pruebas practicadas durante el juicio no quedó suficientemente probado que los cometiera. Condenado y víctima mantuvieron una relación sentimental que duró dos años. De ellos, convivieron durante un año en Alicante junto a una hija que ella tenía de una relación anterior. Según relata la sentencia, en el año 2016 durante una discusión en la vivienda familiar, el condenado le dio un puñetazo en la mandíbula a su pareja y le rompió un trozo de diente. Tiempo después, el 10 de noviembre de 2017, ambos se encontraban en el interior del coche del agresor cuando, tras una discusión, el hombre sacó un cuchillo de la guantera y se lo clavó en la pierna izquierda a su pareja. La mujer acudió al hospital para que le curaran la herida y explicó que se había cortado haciendo un bocadillo, con la intención de ocultar el verdadero origen de la lesión. Cerca de un año después, el 12 de septiembre de 2018, la perjudicada se encontraba sentada como clienta en un bar de Alicante en el que también trabajaba. Su pareja se presentó en el establecimiento y, tras un primer intento fallido, le clavó un cuchillo en la espalda. La perjudicada necesitó asistencia médica, ya que la agresión le provocó una herida superficial de 10 centímetros en la zona lumbar. Ese mismo día, antes de la agresión, el condenado le dejó dos mensajes telefónicos en los que la amenazaba de muerte. El hombre, que fue detenido por estos hechos, les dijo a los agentes que lo trasladaban en el vehículo policial que cuando saliera de prisión iba a “buscarla y matarla, a ella y a su hija”. La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
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Condenados a penas de cárcel de entre dos años y diez meses y cuatro años y medio los cuatro acusados de abusar sexualmente de una joven en Pozoblanco (Córdoba) (Thu, 04 Jun 2020)
El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha condenado a dos años y diez meses de cárcel a tres de los cuatro acusados de abusar sexualmente en mayo del año 2016 de una joven en la localidad de Pozoblanco y de grabar los hechos con un teléfono móvil propiedad de uno de ellos. Al cuarto de los procesados le ha impuesto una pena de cuatro años y seis meses de prisión al considerar probado que fue quien difundió las imágenes grabadas a través de dos grupos de WhatsApp de los que formaban parte tanto los investigados como terceras personas ajenas a los hechos enjuiciados. En la sentencia notificada hoy jueves día 4 de junio a las partes personadas en el procedimiento, el magistrado condena a cada uno de los cuatro investigados por un delito de abusos sexuales a un año y seis meses de prisión, la prohibición de comunicarse o aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante cuatro años y la medida de libertad vigilada consistente en la fijación de estas mismas prohibiciones durante un año a cumplir tras la pena de cárcel. El juez explica que el delito de abusos sexuales del artículo 181.1 del Código Penal contempla una pena de uno a tres años de prisión o multa de 18 a 24 meses, precisando que, en este caso concreto, “las circunstancias personales de los acusados, quienes con posterioridad a estos hechos llevaron a cabo una conducta ilícita de mayor gravedad aún, los hechos cometidos en Pamplona y cuya notoriedad pública ha sido muy importante, llevan a considerar que la consecución de los fines de prevención especial de la pena determinan la necesidad de una pena en extensión superior al mínimo legal”, imponiendo así a cada uno de ellos un año y medio de prisión por dicho delito. Asimismo, condena a tres de los acusados a un año y cuatro meses de cárcel, multa de 3.600 euros y la prohibición de comunicarse o acercarse a una distancia inferior a 500 metros de la joven por un plazo de cuatro años por un delito contra la intimidad, delito por el que impone al cuarto de los encausados, J.A.P.M., tres años de prisión y la misma prohibición de comunicación y aproximación al aplicar en este caso el subtipo agravado por la difusión de las imágenes a través de los referidos grupos de WhatsApp. El juez, de igual modo, condena a A.J.C.E. al pago de una multa de 240 euros por un delito leve de maltrato. En concepto de responsabilidad civil, los cuatro investigados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la víctima con un total de 13.150 euros -10.000 euros por el perjuicio moral causado y 3.150 euros por los días durante los que sufrió un perjuicio personal básico-, una cantidad que fija teniendo en cuenta la experiencia jurisprudencial al respecto en cuanto a las respuestas dadas por otros órganos de la Administración de Justicia en supuestos de la misma naturaleza. En la sentencia, el juez considera probado que los cuatro acusados acudieron en la madrugada del día 1 de mayo de 2016 a la feria de Torrecampo, coincidiendo en una caseta con la perjudicada, de forma que, en el transcurso de la noche, “los acusados, o siquiera alguno de ellos”, entablaron conversación con la joven, quien, llegada la hora de cierre de la caseta sobre las 7,15 horas, decidió volver a su domicilio en Pozoblanco en compañía de los investigados y se montó con ellos en un vehículo hasta que, “en un momento indeterminado sin que se haya acreditado la causa de ello”, la víctima “cayó en un estado de inconsciencia”. El juez señala que, durante el trayecto, “y aprovechando dicha situación de inconsciencia”, todos los acusados, “con ánimo libidinoso, comenzaron a realizarle diversos tocamientos de carácter sexual”, e incluso uno de ellos, identificado como J.A.C., “llega a darle varios besos en la boca”, añadiendo que, mientras llevaban a cabo dichos tocamientos, el acusado J.A.P.M. “realizó la grabación de dichos actos, con la aceptación y concierto previo de todos los demás”, lo que llevó a cabo con el teléfono móvil propiedad de A.M.G.E.. Esta grabación “se realizó durante el tiempo” en que la joven “se encontraba inconsciente, de modo que no estaba siquiera capacitada para otorgar consentimiento alguno para ello”, subraya el magistrado, que asevera que, “haciendo ‘alarde’ de la acción realizada y con evidente ánimo de vejar y vulnerar la intimidad de la perjudicada”, J.A.P.M. envió el archivo con las imágenes grabadas entre las 7,45 y las 7,52 horas a dos grupos de WhatsApp de los que formaban parte tanto los acusados como terceras personas ajenas a estos hechos. Las grabaciones de vídeo El juez, que no considera “suficientemente acreditado” que los otros tres investigados “participasen de la decisión de enviar el vídeo para que fuera visto por terceras personas”, relata que, una vez llegaron al municipio de Pozoblanco, tres de los acusados bajaron del coche, en el que siguió el condenado A.J.C.E. junto con la joven, deteniendo el acusado en un momento dado el vehículo y solicitándole a ésta que le realizara una felación, a lo que la perjudicada se negó. “Ante tal negativa, con la intención de menoscabar su integridad física, la golpeó en la cara, le dio un puñetazo en el brazo y la empujó para que saliera del coche al tiempo que le decía ‘puta’”, aunque como consecuencia de dicha conducta no consta que la joven sufriera lesión alguna. No obstante, y según indica el magistrado, cuando la víctima tuvo conocimiento de la existencia de los vídeos “y como quiera que lo sucedido tuvo una notable repercusión mediática y social en tanto apareció en los medios de comunicación social y se convirtió en un hecho conocido”, sufrió de estrés postraumático que necesitó para su sanidad de 90 días de perjuicio personal básico. Seguidamente, y antes de entrar a analizar los delitos atribuidos a los investigados, el magistrado se centra en resolver la cuestión que planteó en la vista oral celebrada en noviembre de 2019 el abogado defensor en relación a la regularidad del modo de obtenerse la prueba de las dos grabaciones de vídeo que fueron halladas en uno de los teléfonos de sus patrocinados, las cuales, según expone el juez, “constituyen el principal fundamento de prueba de cargo en el que se sustentan las acusaciones”. En este sentido, tanto las acusaciones particular y popular como la Fiscalía defendieron que la obtención de la prueba se realizó legítimamente, y, en el caso del Ministerio Público, defendió que “la injerencia en los derechos fundamentales de los cuatro acusados se realizó con absoluto respeto a los mismos”, por lo que la prueba “debe ser admitida y valorada” por el juez “a los efectos de poder fundamentar una sentencia condenatoria sobre la base del visionado de los vídeos y la lectura de los WhatsApp”. Tras citar numerosa jurisprudencia y doctrina, el magistrado considera que “no se ha tratado de un procedimiento inquisitivo sino plenamente justificado en la existencia de una previa notitia criminis referida al hecho acaecido en Pamplona y es solo como consecuencia de diligencias precisas para seguir la averiguación de dicho hecho por lo que finalmente resultan encontrados los vídeos que dan lugar a esta causa”. “Ni se considera que se haya llevado a cabo una investigación general sobre la totalidad de los aspectos de la vida de los acusados, sino una investigación de un hecho concreto y preciso en el seno de la cual han aparecido elementos referidos a otro hecho diferente cometido por cuatro de los cinco que en aquel procedimiento aparecían como encausados, ni se entiende que se hayan vulnerado los derechos al secreto de las comunicaciones ni a la intimidad”, razona el juez, que, por todo ello, concluye que “la prueba videográfica, así como los mensajes de WhatsApp igualmente aportados, es plenamente lícita, no procediendo la declaración de nulidad pretendida” por la defensa. “Es incuestionable el carácter sexual de las conductas” de los acusados A continuación, y una vez resuelta dicha cuestión, el juez argumenta por qué considera que los cuatro investigados son autores de un delito de abuso sexual del artículo 181.1 del Código Penal, aseverando que “el hecho de que una persona quiera acompañar a otra, e incluso que pudiere sentirse atraída por alguno de los acusados, no implica que dicha persona pierda en momento alguno la facultad de decidir hasta dónde quiere llegar y en qué momento, y el llevar a cabo acciones como las que son objeto de enjuiciamiento cuando la persona se encuentra inconsciente suponen, por principio, un desprecio de esa libertad, o lo que es lo mismo, constituyen la conducta típica del delito de abuso sexual”. En relación a este delito, el magistrado afirma que “la prueba existente viene dada primordialmente” por las grabaciones anteriormente referidas, donde “se observan tocamientos en los pechos de la perjudicada, en unos casos poniendo la mano por el exterior de la ropa y en otras introduciéndola por dentro, así como besos en la boca de la misma”. “Por más que la defensa pretenda restar relevancia a las conductas llevadas a cabo por sus defendidos, se considera que es incuestionable el carácter sexual de las conductas”, que se llevan a cabo “sin contar con la voluntad y consentimiento de la víctima”. En este punto, el juez rechaza la tesis de la acusación popular en cuanto a que los hechos deberían subsumirse en un delito de agresión sexual del artículo 178 del Código Penal, ya que para ello sería preciso que concurran violencia o intimidación en la actuación de los investigados y que la misma se emplee como medio para conseguir el fin ilícito, explicando que en este caso “no solo no existe indicio alguno de dicha violencia o intimidación dirigida a consumar el atentado contra la libertad sexual, sino que la acusación que formula dichas conclusiones ni realiza siquiera una modificación en el relato de hechos provisionalmente propuesto que permitiera plantear la tipificación pretendida ni ofrece argumentos en base a los que se entienda procedente la mencionada subsunción”. El magistrado, que también rechaza lo argumentado por la defensa en torno a la posible calificación de la conducta como constitutiva de un delito de vejaciones porque “ninguna duda cabe del contenido sexual de la conducta”, analiza a continuación el delito contra la intimidad por la obtención y grabación de las imágenes en las que se observa cómo los acusados realizan los tocamientos a la joven y la posterior difusión de las mismas. Así, el juez indica que “pocas dudas caben de la veracidad de que es J.A.P.M. quien con el teléfono de A.M.G.E. realiza las grabaciones”, pero, “aparte la ausencia de consentimiento de la víctima que aparece inconsciente en las imágenes, no se trata de grabaciones realizadas de manera subrepticia sino en las que todos los acusados participan con conciencia de las mismas sonriendo o realizando gestos a la cámara, o lo que es igual, se aprecia cómo existe un acuerdo en la realización de las grabaciones de modo que todos ellos han de ser igualmente responsables”. No obstante, y aunque estos acusados “muestran de manera implícita su conformidad con dicha grabación ilícita, no puede afirmarse lo mismo en cuanto a la remisión del vídeo a los grupos y lo que ello conlleva”, de forma que “no se entiende que haya de considerárseles al resto responsables de la comisión del subtipo agravado por la difusión de las imágenes”, que así únicamente se aplica a J.A.P.M.. En cuanto al delito de maltrato de obra por el que condena a A.J.C.E., el juez considera “suficiente prueba del mismo” el relato “firme y convincente” ofrecido en la vista oral por la víctima en cuanto expresa que, llegados a la localidad de Pozoblanco, dicho acusado le solicitó que le realizase una felación y que, al negarse a ello, el mismo la golpeó y empujó para echarla del coche. La sentencia dictada por el juez de lo Penal número 1 de Córdoba no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba en el plazo de diez días.
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Condenados a penas de cárcel de entre dos años y diez meses y cuatro años y medio los cuatro acusados de abusar sexualmente de una joven en Pozoblanco (Córdoba) (Thu, 04 Jun 2020)
El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha condenado a dos años y diez meses de cárcel a tres de los cuatro acusados de abusar sexualmente en mayo del año 2016 de una joven en la localidad de Pozoblanco y de grabar los hechos con un teléfono móvil propiedad de uno de ellos. Al cuarto de los procesados le ha impuesto una pena de cuatro años y seis meses de prisión al considerar probado que fue quien difundió las imágenes grabadas a través de dos grupos de WhatsApp de los que formaban parte tanto los investigados como terceras personas ajenas a los hechos enjuiciados. En la sentencia notificada hoy jueves día 4 de junio a las partes personadas en el procedimiento, el magistrado condena a cada uno de los cuatro investigados por un delito de abusos sexuales a un año y seis meses de prisión, la prohibición de comunicarse o aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante cuatro años y la medida de libertad vigilada consistente en la fijación de estas mismas prohibiciones durante un año a cumplir tras la pena de cárcel. El juez explica que el delito de abusos sexuales del artículo 181.1 del Código Penal contempla una pena de uno a tres años de prisión o multa de 18 a 24 meses, precisando que, en este caso concreto, “las circunstancias personales de los acusados, quienes con posterioridad a estos hechos llevaron a cabo una conducta ilícita de mayor gravedad aún, los hechos cometidos en Pamplona y cuya notoriedad pública ha sido muy importante, llevan a considerar que la consecución de los fines de prevención especial de la pena determinan la necesidad de una pena en extensión superior al mínimo legal”, imponiendo así a cada uno de ellos un año y medio de prisión por dicho delito. Asimismo, condena a tres de los acusados a un año y cuatro meses de cárcel, multa de 3.600 euros y la prohibición de comunicarse o acercarse a una distancia inferior a 500 metros de la joven por un plazo de cuatro años por un delito contra la intimidad, delito por el que impone al cuarto de los encausados, J.A.P.M., tres años de prisión y la misma prohibición de comunicación y aproximación al aplicar en este caso el subtipo agravado por la difusión de las imágenes a través de los referidos grupos de WhatsApp. El juez, de igual modo, condena a A.J.C.E. al pago de una multa de 240 euros por un delito leve de maltrato. En concepto de responsabilidad civil, los cuatro investigados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la víctima con un total de 13.150 euros -10.000 euros por el perjuicio moral causado y 3.150 euros por los días durante los que sufrió un perjuicio personal básico-, una cantidad que fija teniendo en cuenta la experiencia jurisprudencial al respecto en cuanto a las respuestas dadas por otros órganos de la Administración de Justicia en supuestos de la misma naturaleza. En la sentencia, el juez considera probado que los cuatro acusados acudieron en la madrugada del día 1 de mayo de 2016 a la feria de Torrecampo, coincidiendo en una caseta con la perjudicada, de forma que, en el transcurso de la noche, “los acusados, o siquiera alguno de ellos”, entablaron conversación con la joven, quien, llegada la hora de cierre de la caseta sobre las 7,15 horas, decidió volver a su domicilio en Pozoblanco en compañía de los investigados y se montó con ellos en un vehículo hasta que, “en un momento indeterminado sin que se haya acreditado la causa de ello”, la víctima “cayó en un estado de inconsciencia”. El juez señala que, durante el trayecto, “y aprovechando dicha situación de inconsciencia”, todos los acusados, “con ánimo libidinoso, comenzaron a realizarle diversos tocamientos de carácter sexual”, e incluso uno de ellos, identificado como J.A.C., “llega a darle varios besos en la boca”, añadiendo que, mientras llevaban a cabo dichos tocamientos, el acusado J.A.P.M. “realizó la grabación de dichos actos, con la aceptación y concierto previo de todos los demás”, lo que llevó a cabo con el teléfono móvil propiedad de A.M.G.E.. Esta grabación “se realizó durante el tiempo” en que la joven “se encontraba inconsciente, de modo que no estaba siquiera capacitada para otorgar consentimiento alguno para ello”, subraya el magistrado, que asevera que, “haciendo ‘alarde’ de la acción realizada y con evidente ánimo de vejar y vulnerar la intimidad de la perjudicada”, J.A.P.M. envió el archivo con las imágenes grabadas entre las 7,45 y las 7,52 horas a dos grupos de WhatsApp de los que formaban parte tanto los acusados como terceras personas ajenas a estos hechos. Las grabaciones de vídeo El juez, que no considera “suficientemente acreditado” que los otros tres investigados “participasen de la decisión de enviar el vídeo para que fuera visto por terceras personas”, relata que, una vez llegaron al municipio de Pozoblanco, tres de los acusados bajaron del coche, en el que siguió el condenado A.J.C.E. junto con la joven, deteniendo el acusado en un momento dado el vehículo y solicitándole a ésta que le realizara una felación, a lo que la perjudicada se negó. “Ante tal negativa, con la intención de menoscabar su integridad física, la golpeó en la cara, le dio un puñetazo en el brazo y la empujó para que saliera del coche al tiempo que le decía ‘puta’”, aunque como consecuencia de dicha conducta no consta que la joven sufriera lesión alguna. No obstante, y según indica el magistrado, cuando la víctima tuvo conocimiento de la existencia de los vídeos “y como quiera que lo sucedido tuvo una notable repercusión mediática y social en tanto apareció en los medios de comunicación social y se convirtió en un hecho conocido”, sufrió de estrés postraumático que necesitó para su sanidad de 90 días de perjuicio personal básico. Seguidamente, y antes de entrar a analizar los delitos atribuidos a los investigados, el magistrado se centra en resolver la cuestión que planteó en la vista oral celebrada en noviembre de 2019 el abogado defensor en relación a la regularidad del modo de obtenerse la prueba de las dos grabaciones de vídeo que fueron halladas en uno de los teléfonos de sus patrocinados, las cuales, según expone el juez, “constituyen el principal fundamento de prueba de cargo en el que se sustentan las acusaciones”. En este sentido, tanto las acusaciones particular y popular como la Fiscalía defendieron que la obtención de la prueba se realizó legítimamente, y, en el caso del Ministerio Público, defendió que “la injerencia en los derechos fundamentales de los cuatro acusados se realizó con absoluto respeto a los mismos”, por lo que la prueba “debe ser admitida y valorada” por el juez “a los efectos de poder fundamentar una sentencia condenatoria sobre la base del visionado de los vídeos y la lectura de los WhatsApp”. Tras citar numerosa jurisprudencia y doctrina, el magistrado considera que “no se ha tratado de un procedimiento inquisitivo sino plenamente justificado en la existencia de una previa notitia criminis referida al hecho acaecido en Pamplona y es solo como consecuencia de diligencias precisas para seguir la averiguación de dicho hecho por lo que finalmente resultan encontrados los vídeos que dan lugar a esta causa”. “Ni se considera que se haya llevado a cabo una investigación general sobre la totalidad de los aspectos de la vida de los acusados, sino una investigación de un hecho concreto y preciso en el seno de la cual han aparecido elementos referidos a otro hecho diferente cometido por cuatro de los cinco que en aquel procedimiento aparecían como encausados, ni se entiende que se hayan vulnerado los derechos al secreto de las comunicaciones ni a la intimidad”, razona el juez, que, por todo ello, concluye que “la prueba videográfica, así como los mensajes de WhatsApp igualmente aportados, es plenamente lícita, no procediendo la declaración de nulidad pretendida” por la defensa. “Es incuestionable el carácter sexual de las conductas” de los acusados A continuación, y una vez resuelta dicha cuestión, el juez argumenta por qué considera que los cuatro investigados son autores de un delito de abuso sexual del artículo 181.1 del Código Penal, aseverando que “el hecho de que una persona quiera acompañar a otra, e incluso que pudiere sentirse atraída por alguno de los acusados, no implica que dicha persona pierda en momento alguno la facultad de decidir hasta dónde quiere llegar y en qué momento, y el llevar a cabo acciones como las que son objeto de enjuiciamiento cuando la persona se encuentra inconsciente suponen, por principio, un desprecio de esa libertad, o lo que es lo mismo, constituyen la conducta típica del delito de abuso sexual”. En relación a este delito, el magistrado afirma que “la prueba existente viene dada primordialmente” por las grabaciones anteriormente referidas, donde “se observan tocamientos en los pechos de la perjudicada, en unos casos poniendo la mano por el exterior de la ropa y en otras introduciéndola por dentro, así como besos en la boca de la misma”. “Por más que la defensa pretenda restar relevancia a las conductas llevadas a cabo por sus defendidos, se considera que es incuestionable el carácter sexual de las conductas”, que se llevan a cabo “sin contar con la voluntad y consentimiento de la víctima”. En este punto, el juez rechaza la tesis de la acusación popular en cuanto a que los hechos deberían subsumirse en un delito de agresión sexual del artículo 178 del Código Penal, ya que para ello sería preciso que concurran violencia o intimidación en la actuación de los investigados y que la misma se emplee como medio para conseguir el fin ilícito, explicando que en este caso “no solo no existe indicio alguno de dicha violencia o intimidación dirigida a consumar el atentado contra la libertad sexual, sino que la acusación que formula dichas conclusiones ni realiza siquiera una modificación en el relato de hechos provisionalmente propuesto que permitiera plantear la tipificación pretendida ni ofrece argumentos en base a los que se entienda procedente la mencionada subsunción”. El magistrado, que también rechaza lo argumentado por la defensa en torno a la posible calificación de la conducta como constitutiva de un delito de vejaciones porque “ninguna duda cabe del contenido sexual de la conducta”, analiza a continuación el delito contra la intimidad por la obtención y grabación de las imágenes en las que se observa cómo los acusados realizan los tocamientos a la joven y la posterior difusión de las mismas. Así, el juez indica que “pocas dudas caben de la veracidad de que es J.A.P.M. quien con el teléfono de A.M.G.E. realiza las grabaciones”, pero, “aparte la ausencia de consentimiento de la víctima que aparece inconsciente en las imágenes, no se trata de grabaciones realizadas de manera subrepticia sino en las que todos los acusados participan con conciencia de las mismas sonriendo o realizando gestos a la cámara, o lo que es igual, se aprecia cómo existe un acuerdo en la realización de las grabaciones de modo que todos ellos han de ser igualmente responsables”. No obstante, y aunque estos acusados “muestran de manera implícita su conformidad con dicha grabación ilícita, no puede afirmarse lo mismo en cuanto a la remisión del vídeo a los grupos y lo que ello conlleva”, de forma que “no se entiende que haya de considerárseles al resto responsables de la comisión del subtipo agravado por la difusión de las imágenes”, que así únicamente se aplica a J.A.P.M.. En cuanto al delito de maltrato de obra por el que condena a A.J.C.E., el juez considera “suficiente prueba del mismo” el relato “firme y convincente” ofrecido en la vista oral por la víctima en cuanto expresa que, llegados a la localidad de Pozoblanco, dicho acusado le solicitó que le realizase una felación y que, al negarse a ello, el mismo la golpeó y empujó para echarla del coche. La sentencia dictada por el juez de lo Penal número 1 de Córdoba no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba en el plazo de diez días.
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El Tribunal Supremo confirma la nulidad del acuerdo del Ayuntamiento de Tarifa que aprobó el Plan Parcial ‘Valdevaqueros’ (Tue, 02 Jun 2020)
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) de 29 de mayo de 2012 por el que se aprobó el Plan Parcial SL1 Valdevaqueros, así como la publicación en el BOP de Cádiz n.º 132 de 14 de julio de 2014 del texto articulado de las normas del Plan Parcial impugnado y de su inscripción y depósito en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos. La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por la Junta de Compensación del Sector SL1 “Valdevaqueros” del Plan General de Ordenación Urbana de Tarifa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declaró dicha nulidad, tras estimar un recurso de Ecologistas en Acción de Cádiz. El tribunal analiza si son causas de nulidad la omisión del procedimiento de evaluación ambiental, la contravención del informe desfavorable emitido por la Dirección General de Carreteras, y la aceptación por el Ayuntamiento de la garantía hipotecaria ofrecida por el promotor de la actuación con el fin de dar cumplimiento a lo exigido en el artículo 46. c) del Decreto 2159/1978, determinando si la constitución de garantía hipotecaria tiene cabida o no en el referido precepto. En cuanto a la primera cuestión –falta evaluación ambiental-, afirma que atendidas en el sentido las circunstancias del caso y la normativa aplicable, la Sala de instancia podía apreciar como causa de nulidad de las actuaciones impugnadas la omisión del procedimiento de evaluación ambiental. Respecto a la segunda cuestión –informe del órgano competente en materia de carretera- concluye que la sentencia recurrida ha justificado suficientemente la vulneración de lo dispuesto en el art. 10.2 de la Ley de Carreteras de 1988 y las consecuencias de nulidad del instrumento urbanístico impugnado, por lo que ha de responderse a la segunda de las cuestiones planteadas en el auto de admisión, en el sentido que, atendidas las circunstancias del caso y la normativa aplicable, la Sala de instancia podía apreciar como causa de nulidad de las actuaciones impugnadas la contravención del informe desfavorable emitido por la Dirección General de Carreteras. Sobre la tercera cuestión analizada –prestación de garantía hipotecaria-, afirma que lo primero que se advierte al respecto es que, la aceptación de la garantía hipotecaria por el Ayuntamiento, no se considera en la sentencia recurrida como una causa autónoma de nulidad del instrumento urbanístico impugnado sino que es precisamente la declaración de nulidad del mismo por las causas antes señaladas la que determina la nulidad de las actuaciones practicadas en desarrollo y ejecución del mismo, entre ellas la garantía hipotecaria. La sentencia explica que, no obstante, la Sala de instancia a la vista de las circunstancias en que se prestó la garantía exigible, según el art. 46.c) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, en los planes de iniciativa privada, para el exacto cumplimiento de sus compromisos por importe del 6% del coste que resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización, examina la cuestión y considera que la garantía hipotecaria prestada no se ajusta a las previsiones legales y, por lo tanto, resulta nula por sus propias vulneraciones legales, en cuanto no tiene encaje en las que taxativamente se contemplan en el citado art. 46.c) RPU y el Ayuntamiento incumplió su deber de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha norma de aplicación. En consecuencia, la Sala Tercera asegura que atendidas las circunstancias del caso y la normativa aplicable, la Sala de instancia podía apreciar la nulidad de la aceptación por el Ayuntamiento de la garantía hipotecaria ofrecida por el promotor de la actuación con el fin de dar cumplimiento a lo exigido en el artículo 46.c) del Decreto 2159/1978, y que la constitución de la garantía hipotecaria en dichas circunstancias no tiene cabida en el referido precepto.
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El juez de la causa del Banco Popular reanuda las declaraciones de testigos el próximo 17 de septiembre (Wed, 03 Jun 2020)
El juez de la Audiencia Nacional encargado de la causa del Banco Popular, José Luis Calama, ha acordado que la decena de declaraciones de testigos que tuvieron que ser suspendidas con motivo de la pandemia de coronavirus se celebren en los próximos meses de septiembre y octubre. Así, la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, deberá declarar el día 8 de octubre y el exministro de Economía Luis de Guindos el 30 de septiembre, en su caso por videoconferencia tal y como ya estaba acordado en la causa. Según la providencia del juzgado central de instrucción 4, las declaraciones testificales se llevarán a cabo entre los días 17 de septiembre y 18 de octubre en la sede de la Audiencia Nacional de la calle de García Gutiérrez 1.
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La Audiencia Nacional confirma que hubo infracción muy grave del Ayuntamiento Valencia por tratar datos de ideología y religión en una encuesta sobre Las Fallas (Tue, 02 Jun 2020)
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado una Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que declaró que el Ayuntamiento de Valencia cometió una infracción muy grave al haber tratado datos especialmente protegidos como el de ideología y religión en una encuesta sobre Las Fallas, realizada entre el 18 de mayo y el 13 de junio de 2017, sin contar con el consentimiento expreso y por escrito de los participantes. En una sentencia, los magistrados desestiman el recurso presentado por el Ayuntamiento de Valencia contra la Resolución de la AEPD de 22 de enero de 2018 que consideraba que el Consistorio había infringido lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 151/1999, de 1 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Según explica la resolución de la Audiencia, tras las declaración de las Fallas como Patrimonio inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el Ayuntamiento de Valencia impulsó y aprobó la realización de un Plan Estratégico de las Fallas, con el objeto de analizar los distintos vectores de impacto que tiene la Fiesta sobre su entorno y determinar las claves sobre este evento y su futuro. Como parte de dicho Plan Estratégico se establecía la realización de un estudio sociológico sobre el colectivo fallero mediante encuestas, que el Consistorio contrató con la empresa Invest Group Investigación de Mercados SL (Invest). La prestación del servicio se concretó, de acuerdo con el contrato, en la realización de 1100 encuestas personales de captación aleatoria en la calle, utilizando un cuestionario de estructura cerrada, adaptación de cuestionario a lenguaje digital para recogida de información y una supervisión de al menos el 15 por ciento de los sondeos realizados. El público objetivo de la misma lo constituían los falleros e integrantes de la comisiones falleras, sin necesidad de que fueran directivos. Preguntas sobre ideología, religión o creencias La sentencia recoge que entre las preguntas figuraba una relativa a la Identidad territorial en la que el entrevistado tenía que responder si: "personalmente se siente: -solo valenciano?; -más valenciano que español?; -tan valenciano como español?; -mas español que valenciano? -solo español? o ns/nc". En otra de las cuestiones se preguntaba: "Cómo se define en materia religiosa?" y como posibles respuestas: "-católico/a practicante; -católico no practicante; -creyente de otra religión; -no creyente; -ateo/a o ns/nc". La Sala refleja también algunas otras cuestiones incluidas en la encuesta, entre ellas la que preguntaba con qué partido o coalición de partidos se siente más identificado, así como por el partido o coalición que le gustaría que ganase ante unas elecciones al Ayuntamiento de Valencia, ofreciendo como respuestas “-una relación de partidos, -otros partidos/coaliciones, -ninguno o como última opción ns/NC.” Al finalizar, la aplicación a través de la que se realizaba la encuesta se solicitaba nombre, dirección y teléfono del encuestado, si bien solo esto último era obligatorio. Estos datos, según explica la sentencia, se recababan al objeto de poder cumplir con la obligación de supervisar el 15 por ciento de las encuestas, método que se realizaba llamando por teléfono al número facilitado para darle validez. Con posterioridad, los datos eran incorporados a un fichero y los datos identificativos a otro separado. Los datos especialmente protegidos requieren el consentimiento expreso y por escrito de los afectados La Sala, una vez examinados los argumentos de las partes (Ayuntamiento de Valencia y Abogacía del Estado), destaca que la ley de Protección de Datos exige un consentimiento expreso y por escrito para el tratamiento de los datos de ideología y religión, reforzando así el consentimiento a prestar. En el caso concreto, los jueces señalan que "las comprobaciones realizadas por los servicios de inspección de la AEPD han acreditado que en las encuetas en que se recabaron datos personales de los encuestados no consta su consentimiento expreso mediante su firma, sin que tampoco figure en los formularios casilla alguna para que los encuestados pudiera manifestar su consentimiento expreso y por escrito". Respecto de las legaciones del Ayuntamiento de Valencia respecto a que las encuestas estaban anonimizadas, la Sala subraya que "lo cierto es que los datos de las respuestas de las encuetas eran incorporados en un fichero y los que podían identificar al encuestado (nombre, dirección o teléfono móvil) en otro fichero separado, pero con un identificador que es el mismo en ambos ficheros, como se comprobó por los Servicios de Inspección de la AEPD". Por tanto, al tener ambos ficheros un identificador común, podía asociarse a personas físicas identificadas. El tribunal recuerda que cuando el tratamiento de datos se realiza por cuenta de terceros debe regularse en un contrato en el que el responsable del tratamiento imparte las instrucciones, en función de las circunstancias de cada caso. Y en el supuesto de autos –indica la sentencia- “ el responsable del tratamiento que resolvió sobre la celebración de la encuesta, el perfil del encuestado, las materias sobre las que se iba a preguntar, el contenido concreto del cuestionario, etc, no impartió instrucción alguna a Invest, como era su obligación, para que recabara el consentimiento expreso y por escrito de los afectados para el tratamiento de sus datos de ideología y religión o creencias, por lo que ha incurrido en la infracción apreciada por la resolución recurrida, sin que quepa hablar de interpretación extensiva de la norma” concluye la Sala.
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La Audiencia Nacional reanuda el 8 de junio el juicio a la excúpula de los Mossos d`Esquadra (Thu, 28 May 2020)
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado para los próximos 8, 15, 16 y 17 de junio la continuación del juicio al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep LLuis Trapero, al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig, al exdirector de Mossos Pere Soler y a la intendente Teresa Laplana, que tuvo que ser suspendido con motivo de la situación provocada por el coronavirus. Para el día 8 de junio está previsto que se anuncien las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal, el día 15 las conclusiones de las defensas y el informe del Ministerio Fiscal y los días 16 y 17 los informes de las defensas y la última palabra. El juicio se reanudará en la sede de Génova a partir de las 10 horas de la mañana y si las defensas muestran su conformidad por escrito en el plazo de dos días, las mismas y los acusados participarán en dichas sesiones mediante el sistema de videoconferencia desde un órgano judicial de Barcelona. El juicio será retransmitido en streaming por TVE a través de una señal a la que podrán acceder los medios de comunicación que lo soliciten. El acceso de los redactores a la sala de vistas y a la sala de prensa estará restringido a un número concreto de profesionales para garantizar las medidas de prevención adoptadas como consecuencia de la pandemia de coronavirus, y el principio de publicidad de las actuaciones judiciales. Mientras se mantengan las medidas de prevención adoptadas como consecuencia de la pandemia de coronavirus el aforo de las salas de prensa de Génova y de San Fernando de Henares se va a restringir con el fin de garantizar las medidas de prevención necesarias en este momento y que permitan mantener la distancia interpersonal de seguridad de, al menos, dos metros entre los profesionales. Por ello, en la sala de prensa de la sede de Génova se permitirá el acceso de 20 personas, manteniendo siempre esa distancia de seguridad, y en la de San Fernando, de 25 personas.
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